Los sospechosos de siempre: pobres y racializados

El análisis político y la transformación institucional debe ser estructural. No basta con que el carabinero asesino de Camilo Catrillanca esté preso. No basta con judicializar a cada policía que viola los derechos humanos, porque aquí hay dispositivos corruptos instalados en los altos mandos y desplegados en la formación policial, los cuales hacen posible el abuso de poder, la violación de derechos fundamentales, la malversación de fondos públicos y el encubrimiento institucional de estos delitos.

En 1998, después de casi 10 años de terminada la dictadura de Pinochet, se pone fin a la detención por sospecha, siendo posteriormente reemplazada por la ley 19.567 de control preventivo de identidad. Esta normativa otorga a las policías el derecho de exigir a cualquier sujeto/a que transita por la vía pública su documento de identificación. Este es el origen del homicidio de Francisco Martínez, el cual deja al descubierto dos factores relevantes expuestos en la literatura científica sobre este tema:

1. El control preventivo de identidad se traduce en un dispositivo de raza y de clase.
2. Carabineros no cuenta con la preparación profesional para aplicar la fuerza.

El primer elemento se relaciona con los estudios en torno a las externalidades que provocan las tecnologías represivas, los que dan cuenta de cómo sujetos/as racializados/as -sin ninguna razón que lo amerite-, son propensos a ser detenidos cuatro veces más que un individuo que responde a los cánones de blanquitud (The Times, 2019).

En este sentido, es muy válida la pregunta del ¿por qué causa se controla la identidad de Francisco? ¿Qué representa el malabarista? Una respuesta plausible, es que las clases pobres y racializadas son los sospechosos de siempre. Según las estadísticas entregadas por los mismos carabineros, las comunas que ostentan los mayores índices de controles preventivos son los territorios periféricos correspondientes a los grupos más vulnerables (El Dínamo, 2018).

El segundo punto hace surgir la interrogante de ¿cuál es la preparación profesional que ostenta carabineros para discernir sobre a quién y cómo realizar un control de identidad? ¿Cuáles son los métodos que se deben utilizar en el caso de que una persona reaccione negativamente a este procedimiento? Si la respuesta a aquello es disparar a los pies y luego derechamente apuntar a matar, entonces estamos todos/as en virtual peligro de ser asesinados por agentes del estado en un “confuso incidente”.

En este escenario, el tweet de Claudio Orrego en el año 2016 se traduce en otra gota de bencina puesta al fuego. El ex intendente de la Región Metropolitana defendía este tipo de control policial señalando que “el que nada hace, nada teme”. Este enunciado refiere a un absoluto desconocimiento de la evidencia empírica al respecto (Irarrázabal, 2015), pues en Chile existe muchísima gente inocente que tiene mucho que temer -estudiantes, mujeres, migrantes, mapuche, vendedores ambulantes, medioambientalistas, defensores de los derechos LGTB, trabajadoras sexuales entre otros sujetos que no se ajusten al perfil socio-racial esperado (Duce, 2019).

El letal control de identidad realizado a Francisco es una muestra más de la descomposición de la policía chilena. Aquí el análisis no puede ser basado en personalismos, en el argumento de que “hay carabineros buenos que salen a la calle a defendernos de la delincuencia” porque ciertamente los debe haber-. Sin embargo, el análisis político y la transformación institucional debe ser estructural. No basta con que el carabinero asesino de Camilo Catrillanca esté preso. No basta con judicializar a cada policía que viola los derechos humanos, porque aquí hay dispositivos corruptos instalados en los altos mandos y desplegados en la formación policial, los cuales hacen posible el abuso de poder, la violación de derechos fundamentales, la malversación de fondos públicos y el encubrimiento institucional de estos delitos.

Uno de los símbolos detrás de la identidad artística de Francisco Martínez es la posibilidad de representación en la colectividad. Porque finalmente la gran mayoría de la población debe hacer malabares para vivir en este país, donde la apariencia del delito está determinada por una policía que se hace insoportable.