Es una institución que, en el estado actual de su devenir, tendrá que responder y sus generales, sin duda, tendrán que ir presos. Pero, más allá de ello, es una institución que requerirá de una enorme transformación: ante todo, democratizarla interna y externamente. “Interna” en el sentido que no persista la división irreductible entre oficiales y sub-oficiales que la elitiza y “externa” para terminar la posición que tiene Carabineros –al igual que el resto de las FFAA- de “clases institucionales” que operan como aristocracias armadas al interior del Estado chileno.
Como era de esperarse, el cambio del General Rozas por el Gral. Yáñez no solo no modificó la relación que tiene la institución de Carabineros con la sociedad chilena, sino que la impunidad articulada por un complejo mecanismo de “negación”, se profundiza. Y se profundiza desde el momento en que el General Yáñez que prometía un giro mínimo en la política de su antecesor habla y actúa exactamente como lo hizo su antecesor. El problema, por cierto, no es personal, sino institucional.
La llamada transición solo pintó a los vehículos policiales de color verde frente al negro que usaban en la dictadura, pero no se reformó institucionalmente, prometiendo, sin embargo, un acercamiento a la comunidad cuando, durante la década de los 90 la “delincuencia” emergió como el fantasma que acechaba a la época neoliberal. Desde que Carlos Ibañez del campo fundara Carabineros de Chile en 1927 como Fuerzas de Orden y Seguridad, dicha fuerza ha actuado como una fuerza “militar” que no resguarda los límites externos de la ciudad, sino los internos.
Si el Ejército se ocupa del mantenimiento de las fronteras, Carabineros resguarda el orden interno. Pero, que la policía sea una fuerza “militar” interior significa que conserva para sí la prerrogativa de la violencia soberana de matar y, a la vez, de constituir las fronteras estables sobre las cuales opera el orden civil. Porque el orden no puede ser concebido como una entidad independiente de la policía frente al que la policía solamente resguarda de las amenazas, sino más bien, constituye un efecto de su acción permanente; y, en este sentido, la policía debe ser pensada en su gesto “escénico” que producir el simulacro del Estado.
En otras palabras, desde el punto de vista del derecho se insiste en que la policía resguarda el orden del Estado, pero desde el punto de vista del poder, en la medida que este último asume un carácter “productivo”, es el Estado el que resulta ser un efecto de la propia violencia policial, de su performance permanente. El Estado es el simulacro producido por la policía y no la policía el simple instrumento que tiene el Estado para su defensa. No habrá Estado sin policía. Ella es su parte constitutiva, la fuerza “militar” interior capaz de producir la idea del “orden público” como un verdadero dispositivo mítico. Por eso Walter Benjamin calificaba a la policía como una “ignominiosa autoridad” porque en ella se condensaba la misma dialéctica mítica de la violencia, en la que su carácter “militar” y soberano instaura un orden y su dimensión “administrativa” conserva.
Ella puede matar y, a la vez, administrar el crimen, puede inundar de muertos y de papeles burocráticos que avalan que la policía actúo en base a un protocolo o a un estricto apego a una determinada ley. En su doble faz, la acción policial siempre apela a la simulación del crimen, a la burocratización extrema de la matanza, lo cual lleva a formas de “negación” por todos conocidas: durante la Segunda guerra mundial, el exterminio a los millones de judíos, gitanos y disidentes políticos de cualquier especie por parte de la política nazi no fueron jamás concebidos como actos militares, sino “administrativos” o, si se quiere, actos de policía.
En ella se tramita la “banalidad del mal” en el instante en que lleva consigo el resorte soberano y administrativo, criminal y burocrático a la vez: todo es legal y todo fue “ordenado” desde arriba o, en virtud del cumplimiento de la misión constitucional otorgada (ese “imperativo categórico” remitido por Eichmann en el momento de su juicio en Jerusalen). Pero a la “banalidad del mal” le es solidario el mecanismo de “negación” que escenificará un relato bajo otra rúbrica: no se trató de niños del SENAME baleados por la policía, sino “accidentados” por la misma.
Desde los trabajos de Michel Foucault sabemos que el poder no tiene simplemente un carácter “represivo” sino fundamentalmente “productivo”. En este escenario, la policía no es un poder que simplemente “reprime” sino un poder que “produce”. Y ¿qué produce la policía en la medida que en ella soberanía y administración se articulan en una sola maquinaria? Produce policía: la policía produce policía, tanto como el capital produce nada más que capital; porque la policía no es sino capital, el dispositivo de la acumulación, el mecanismo a partir del cual el capital puede ejercer la violencia de la expropiación.
En el fondo la policía es para el derecho, lo que el capital para la propiedad privada: su motor. No hay contraposición entre la policía y el derecho, sino más bien, juntura radical, articulación eficaz de una misma máquina de poder.
La policía “reprime” a veces, pero siempre “produce” ese derecho que dice respetar. Insisto: el orden es una producción policial y no la policía un heraldo que simplemente resguarda un orden presupuesto a la aparición de la policía. Donde hay orden hay policía. Por esta razón, la policía muestra con toda la crudeza que el orden no tiene sustancia, ni fundamento alguno, sino que cada vez, es producido técnica y políticamente por su maquinaria.
De esta forma, más importante que la “represión” que la policía pueda ejercer, el efecto de producción del orden resulta mucho más decisivo: matar o herir a alguien de determinadas formas o en diversas partes del cuerpo son signos que configuran el orden que la policía produce una y otra vez; signos del capital, por supuesto, que codifican qué se puede y qué no, quienes están fuera y quienes dentro del mítico orden producido en el mismo acto de inscripción carnal del signo policial. La policía es, como el Estado que es su efecto más precioso, un dispositivo semiótico que, en la intensificación de los conflictos, exhibe su propio vacío.
En este sentido el enemigo más absoluto de la policía lo es una revuelta. Y no simplemente por su carácter masivo, sino por la intempestividad de su simbología. Toda revuelta interrumpe el continuum que la policía pretende naturalizar, descubriendo, por así decir, el vacío que está tras todo orden y, por tanto, el simulacro que éste supone. Una revuelta desnuda el carácter asesino de la policía y destituye su simulacro de orden.
El orden no existe, el orden es el reino del poder, el mundo de la arbitrariedad: si la policía producía y sostenía la “ilusión” de ese orden, la revuelta expone el carácter ilusorio de ese mismo orden, burlándose de él. Por eso la policía no puede sino ejercer contra la sublevación una cacería urbana radical. La policía es el arte de la caza contra los cuerpos que no han obedecido al signo del capital, a la feroz maquinaria del simulacro. La policía va a la caza, polo asesino de la tecnología pastoral que se lanza como un ángel del Dios que el mismo produce en la performance de su gloria, como un cazador que habita en la excepción del derecho para supuestamente proteger al mismo derecho.
Hoy la cacería ejecutada por la policía chilena está abierta. Respaldada por las autoridades civiles devenidas dictadura comisarial del orden de 1980 en base al mecanismo pivote que resulta consustancial a todo proceso burocrático: la negación. Los crímenes no existen, las mutilaciones no existen, los maltratos no existen, la prepotencia no existe, las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos no existen, a pesar de los informes internacionales, a pesar de los testimonios de miles de chilenos que han sido mutilados, heridos, torturados o mujeres violadas por esa singular policía llamada “Carabineros, en honor a la “carabina”, el fusil de guerra que les define como asesinos desde el principio. La policía mata. Y lo hace con impunidad. Porque la policía no es solo “Carabineros” sino toda la maquinaria que les respalda y que se deja impregnar de su simulacro.
Desde su fundación en 1927 Carabineros se convirtió en una banda de asesinos profesionales, altamente jerarquizados, legalizados que operaba en la excepción permanente como el cazador que no puede sino herir para inscribir con sangre el signo mismo del capital. Cuerpo especializado y, por tanto, al igual que las FFAA, operan como una verdadera aristocracia armada que tiene a sus propios clubs, sus propios hospitales, sus barrios y vive apartada de la sociedad para intervenir en ella permanentemente: docilizarla, modularla, controlarla extendiendo el fantasma de la muerte por todo el campo social. Por eso la actual coyuntura de destitución, ha desnudado a la policía mostrándola como una verdadera “fuerza paramilitar” que, amparada por el Estado que ayuda a forjar, no deja de intensificar el reino de la muerte.
Es una institución que, en el estado actual de su devenir, tendrá que responder y sus generales, sin duda, tendrán que ir presos. Pero, más allá de ello, es una institución que requerirá de una enorme transformación: ante todo, democratizarla interna y externamente. “Interna” en el sentido que no persista la división irreductible entre oficiales y sub-oficiales que la elitiza y “externa” para terminar la posición que tiene Carabineros –al igual que el resto de las FFAA- de “clases institucionales” que operan como aristocracias armadas al interior del Estado chileno. Pero, dicha transformación no ocurrirá por si sola, sino solo por la presión permanente de las organizaciones de DDHH, los organismos internacionales y, sobre todo, por la potencia de una revuelta que no descanse en su derogación.
