La decisión del gobierno de vetar el aspecto de “legítima defensa privilegiada” de la nueva ley de usurpaciones, ha hecho que la derecha en masa salga a decir que es una acción poco democrática de parte del Presidente Boric.
Este aspecto haría que la persona usurpada haga todo tipo de acciones en contra del usurpador y pueda llamar a otras personas para llevarlas a cabo, pasando por sobre las policías. Es decir, aumentar la legítima defensa a un grado supremo en el que no es una medida excepcional, sino una institución consagrada por la ley.
¿Es antidemocrático vetar esto? No. Principalmente porque, al ser una atribución institucional, está en el marco del Estado de Derecho. Y porque aprobar esta indicación sería poner al usurpado al mismo nivel del usurpador, aplicando la ley del ojo por ojo, lo que en todo régimen democrático es una aberración.
Pero sería raro extrañarse con algo así, viniendo de parte de quienes viene. La derecha en Chile, salvo honrosas excepciones, sufre una patología muy particular, que es la de la ideología de la autodefensa, aquella que, sin importar si es o no realmente atacada, responde fuertemente. Lo hizo en el golpe de Estado cuando, antes de que la crisis se desatara, ya estaba pensando derribar al gobierno de Salvador Allende.
Antes de que la Unidad Popular mostrara sus falencias políticas, sus errores y sus excesos retóricos, la derecha ya estaba pensando en impedir la asunción del entonces Presidente electo. Hubo grandes empresarios que fueron a pedir ayuda extranjera ante la inminente llegada de los “usurpadores” de la UP. Y hoy, cincuenta años después, se sigue justificando el horror de 17 años como consecuencia de lo sucedido bajo los años de Allende.
Hay que recordar que el ciudadano, que es un sujeto político construido por normas, límites y respeto a éstas, debe actuar de acuerdo a un marco de Derecho, y si llega a infringirlo, debe ser detenido. Ese es el pacto en el que vivimos, o deberíamos vivir, que le da atribuciones específicas (siempre respetando los Derechos Humanos) a Carabineros y todo organismo encargado de aplicar la ley.
Es cierto, ese ciudadano, en legítima defensa simple, puede defenderse si es que está siendo atacado por delincuentes. Esa es también una atribución que da este pacto democrático. Pero otra cosa es convertir esa acción en una militancia, en una forma de ver la vida y sin ninguna limitación también ante las circunstancias, al nivel de dar crédito para que se creen pandillas o asociaciones que puedan hacer y deshacer.
Por lo tanto, la acción presidencial lo que ha hecho es evitar que se apruebe una ley que le dé crédito “democrático” al enemigo mismo de la antidemocracia, que es el ejercicio de la autotutela a niveles extremos, en respuesta a un delito. Es decir, se evita que la barbarie sea aprobada por el Congreso. Buena noticia.
