La dictadura civil-legal

A continuación, propongo tres tesis: en primer lugar, que la oligarquía está dividida internamente entre una forma que pretende rescatar la transición y que, por tanto, está impotente para gobernar y otra que apuesta por renovar la máquina Estado-Capital vía el nuevo régimen de la fuerza que impone la “revolución legal mundial” cristalizada en el movimiento de Kast. Hasta ahora, asistimos a una disputa entre ambas formas sin todavía decidirse por alguna.  

En segundo lugar, que el neofascismo global asumió la forma de lo que Schmitt llamó la “revolución legal mundial” es decir, que su modo de conquista del poder no pasa por el establecimiento de dictaduras militares tal como América Latina las conoció entre las décadas de 1970-1980 sino a través de la guerra de posiciones que se gesta vía “legal” o, como dirá Michel Foucault, articulando una miríada de dispositivos de seguridad.

En tercer lugar, que no sólo nos enfrentamos a la amenaza del neofascismo sino, ante todo, a la pobreza hermenéutica del progresismo que carece de una problematización profunda acerca de la forma de despliegue del neofascismo, puesto que, mientras está atrapado en el clivaje liberal “dictadura-democracia”, el neofascismo se anuda a la mascarada de una democracia que ya vació y sólo queda de ella el modo técnico -procedimental de la seguridad como único y exclusivo paradigma.

Esto significa que el progresismo no puede advertir la novedad que ofrece el prefijo “neo” al término “fascismo”. Y al no poder hacerlo, termina funcionando como un dispositivo de normalización de la realidad neofascista, insistiendo en que ella se ajusta a la “democracia”, ofreciendo términos “negativos” que nada explican como el prefijo “iliberal” con el que se caracterizaría a los modos de ejercicio autoritarios dentro de la propia democracia.

El punto decisivo, es que el régimen político y económico en que vivimos ya no es una democracia sino una oligarquía y que, en esos términos, el neofascismo se propone como una vanguardia de dicha oligarquía orientando sus esfuerzos para liberar al capital de toda forma institucional de la democracia liberal, cuestión que redunda en un tipo singular de dictadura: una dictadura civil-legal.

Lejos de la centralización personal del poder, la dictadura civil-legal se anuda en base a la impersonalidad de múltiples dispositivos que apuntalan modos de funcionamiento de los estados de excepción, así no opera respondiendo a una cierta “legitimidad” sino a la operatoria ciega de la “legalidad” para, finalmente, apuntalarse a partir del paradigma de la seguridad que envuelve todo discurso y despliega toda política a la luz de la “policía”.

En otros términos, la dictadura civil-legal es la forma contemporánea por la cual las grandes corporaciones globales controlan el Estado directamente, sin necesidad de una mediación republicana y donde el poder político, económico y tecnológico convergen en una sola clase: la oligarquía global.

1.- División

La oligarquía chilena está dividida. Por un lado, está el sector derrotado por la revuelta de 2019 que, sin embargo, pretende restaurar el imaginario transicional y que fue despachado por la última elección presidencial cuando su candidata Matthei terminó en el quinto lugar de las preferencias; por otro, está el sector neofascista que, aprovechando el agotamiento del primero, refundó la derecha y se puso a la cabeza del Estado con el triunfo de José Antonio Kast en la presidencia de la República.

El movimiento es interno: Kast no es un outsider sino un insider, una suerte de transformación de un transitólogo de derechas, que, supo leer que lo que la revuelta traía consigo era el quiebre irreversible de la transición articulada en el pacto oligárquico de 1980-2006.

Que el movimiento haya sido interno al propio sector político, dice demasiado: significa que Kast expresa el modo en que la propia transición implosiona en virtud de su propia fuerza, en razón de su misma estructura que experimenta un desmantelamiento interno abriendo su propia deriva centrífuga en razón de encontrar un dispositivo que la vuelva a inmunizar, un mecanismo que la vuelva a proteger de su propio mal.

Si el dispositivo transicional implicó el establecimiento de la ilusión en la que podía “reconciliarse” el capital con la democracia (militares, y civiles, derechas e izquierdas, etc.) es precisamente esa ilusión la que hoy implosiona sin retorno.

Implosión que no tiene lugar en virtud de un agente “exterior” sino del desarrollo hipertrófico de uno de los componentes ínsitos a su propio interior: el capital de los grandes grupos económicos que han dejado expuesto que la democracia chilena fue siempre la mascarada de una oligarquía que siempre tuvo los zarpazos en sus manos.

Sin embargo, esa oligarquía que articuló a la transición hoy se halla dividida internamente. Y esta división plantea dos proyectos diversos, dos vías diferentes  de resolución de la crisis política de la república: por un lado, los partidos de la antigua guardia (Chile Vamos y socialismo democrático) pretenden volver al esquema d ellos grandes acuerdos sobre los que se fundó la transición; por otro, los nuevos partidos neofascistas (Republicanos, PNL y etc.) intentan resolver la crisis vía la fundación de un nuevo orden que llamaremos una dictadura civil-legal sostenida casi exclusivamente en virtud del despliegue de dispositivos securitarios que inundan la trama de la vida social.

O se vuelve a la “transición” (fórmula nostálgica que no tiene asidero en la realidad) o se transita hacia otro orden que ya no puede ser identificado fácilmente a partir del clivaje liberal de “dictadura-democracia” (fórmula que implica un quiebre al interior de la propia oligarquía, pero que puede terminar por prevalecer si así lo condicionan las circunstancias).

Esta última vía es difícil de inteligir porque no funciona bajo la caricatura moderna de la dictadura militar que, en Chile lideró Pinochet y que, en América Latina fue desarrollada por las décadas de los 70. No se trata de una dictadura militar, pero tampoco de un simple autoritarismo que deja intacta la estructura de las instituciones democráticas. Se trata, de lo que llamaremos una dictadura civil-legal o, en su defecto, una dictadura verdaderamente securitaria.

Punto crucial de los últimos días: la oligarquía clásica chilena desafió a su vanguardia kastista cuando ésta propuso la reforma constitucional que autorizaba la proclamación del estado de excepción en la persona del presidente sin mediación del Congreso. El elemento fundamental de este rechazo, más allá de todas las razones que se han otorgado, es que el kastismo dio un paso en falso en el sentido de intentar restituir el personalismo político en medio de una dictadura civil-legal que ya no lo necesita pues logra controlar vía la impersonalidad de los dispositivos de seguridad y sus agencias policiales.

El error del kastismo no ha sido sólo atentar contra las formas liberales de democracia sino haber propuesto un mecanismo atávico e “ineficaz” (son palabras de los voceros de Chile Vamos) para desplegar el control total.

2.- Seguridad.

En 1979 el jurista Carl Schmitt ofreció un artículo en el número 10 la Revista de Estudios Políticos del centro de Estudios Públicos y Constitucionales de España, un breve artículo titulado “La Revolución legal mundial”. En él, Schmitt plantea que el proceso actual de las sociedades industriales avanzadas consiste en renunciar a la vía violencia de la “revolución” asumiendo la forma de la “legalidad”.

Schmitt es muy claro al respecto: la “revolución legal mundial” nada tiene que ver con una apuesta orientada a restituir una “legitimidad” perdida sino única y exclusivamente con la “legalidad”, esto es, con la “(…) fórmula de obediencia y disciplina”. Me parece que el modo de despliegue global del neofascismo contemporáneo -no solo el chileno- puede perfectamente entenderse como una “revolución legal mundial” en el sentido que, se apuntala a partir de “lawfares” y dispositivos legales de diferentes tipos que terminan por restringir cada vez más los derechos “liberales” y sus contrapesos institucionales.

La reforma constitucional planteada por el gobierno de Kast en la que el estado de excepción puede ser declarado sin el ademán del Congreso constituye la pieza más nítida de la nueva “revolución”. En este sentido, y tal como Hayek lo soñaba y Schmitt lo criticaba, nuestra democracia, en rigor, fue articulada como un orden puramente técnico-procedimental que funciona como condición de posibilidad para la aceleración inmunitaria ejercida hoy por el kastismo que pretende consumarla en una dictadura civil-legal.

Aceleración “legalista” que puede dejar intacto la división de poderes del Estado y, sin embargo, restringir la libertad de millones de ciudadanos; aceleración que se desarrolla en silencio y como si fuera “democracia” pero sólo para refutar en la práctica cualquier forma de democracia.

Un año antes que Schmitt publicara dicho texto (1978), Michel Foucault ofrecía un curso en el Collège de France titulado “Seguridad, Territorio, Población” que resulta fundamental para pensar: lo que Foucault venía trabajando bajo el término “biopolítica”, se orienta aquí a la indagación de lo que desde aquí en adelante llamará “gubernamentalidad”: una racionalidad política orientada a la gestión de las cosas o, si se quiere, al conjunto de los seres vivientes que conforman una población (no ya un “pueblo”).

La “gubernamentalidad” que, según Foucault encuentra su genealogía en el poder pastoral cristiano, se cristaliza en el liberalismo clásico, pero se refunda en el “neoliberalismo”, tal como lo señalará en su curso del Collège de France realizado en 1979 titulado “El Nacimiento de la biopolítica” donde analizará pormenorizadamente el surgimiento del ordo y neoliberalismo bajo la rúbrica de la razón gubernamental.

Sin embargo, lo que me interesa es recordar un asunto crucial sobre el cual Foucault insiste: la gubernamentalidad neoliberal, considerada como una racionalidad política que gestiona cosas y poblaciones, asumirá como uno de sus dispositivos privilegiados a los “mecanismos de seguridad”: la “seguridad” -dirá Foucault- es un mecanismo de control que opera de manera centrífuga, produciendo formas de normalización estadística en orden al control diferenciado de poblaciones.

A diferencia de la disciplina que aún funciona centrípetamente bajo la polaridad permitido-prohibido, la seguridad lo hace produciendo grados centrífugos de libertad donde las poblaciones son incentivadas a desplazarse dentro de ciertos límites plausibles y en función de la producción incesante de “ambientes” que el capitalismo securitario constituye.

Sin embargo, Foucault subraya algo decisivo: la diferencia entre la disciplina y la seguridad no pasa por una hipótesis secuencial (al estilo: este dispositivo viene primero y este después) sino al interior de campo co-extensivo de racionalidades en el que la Ley, la disciplina y la seguridad, pueden convivir complementándose entre sí en función de la incesante construcción de un orden.

La apuesta foucaulteana converge así, con la tesis schmittiana en el sentido que el orden político no sólo asume una forma estrictamente policial sino, además, puede ofrecer las mayores atrocidades bajo la fórmula de la “legalidad”: lo que para Schmitt es la “legalidad” para Foucault es una forma de “gubernamentalidad”.

Justamente, lo que está en juego aquí es el vaciamiento de toda legitimidad en razón de la instauración de un aparato puramente burocrático e impersonal del poder en el que prima la “legalidad” y sus formas de gobierno.  Todo es policía y, según Schmitt, por eso todo adviene intensamente político.

3.- Dictadura

Es bajo este análisis que deberíamos pensar el presente. Lejos de cierta intelectualidad progresista que se resiste a calificar al movimiento kastista de “ultraderecha” (Tironi) o insiste en que, a pesar de Kast, estamos “legalmente” en una democracia (Fernández Chadwick), la cuestión crucial reside en que precisamente porque todo adviene “legal” es que el movimiento en curso tiende a constituir un nuevo tipo de dictadura que la teoría política movida por el clivaje liberal (democracia-dictadura) es incapaz de asir: una dictadura civil-legal o, si se quiere, una dictadura securitaria.

¿Qué significa esto? Significa que la dictadura en curso no requiere que los militares la ejecuten, sino que puede recurrir a ellos sólo de manera marginal. En este sentido, la dictadura en curso no es de naturaleza “militar” sino “civil”, premunida de una miríada de dispositivos securitarios que podrán controlar la vida social de manera “legal”.

Todo será “legal”: convertir al estado de excepción en “paradigma de gobierno” (Agamben), vía la estratificación zonal, allanamientos sin orden judicial, uso de tecnología digital de control sobre las poblaciones, inundar de fuerzas especiales, anunciar montajes gigantescos, perseguir a cualquier disidencia política, todo bajo la rúbrica de la “legalidad”, sin necesidad de la fea dictadura militar de los años 70 y de su estética: Pinochet usó lentes oscuros, Kast usa rostro y ojos claros. La dictadura clásica requiere del secreto, la actual de la transparencia proveída por la digitalización.

La doctrina Monroe para el siglo XXI -que debería llamarse “doctrina Rubio”- se hace “legalmente” pues impulsa la “revolución legal mundial” no sólo para los progresismos (que son el objeto que Schmitt ataca en su texto) sino que pone en forma al neofascismo como puntal oligárquico de la nueva época histórica.

El colapso de la democracia se produce en virtud de la intensificación de su propia racionalidad política que produjo dispositivos securitarios y “legales” de tal magnitud que para ejercer el dominio total ya no requiere de la centralidad militar sino la multiplicación de diversos dispositivos a nivel molecular, tal como los ha ido aceitando la razón neoliberal.

La semántica progresista no tiene léxico para esto. Lee un triunfo de la democracia ahí donde ésta experimenta su veloz hundimiento. De esta forma, no sólo el nuevo orden político excede el clivaje “dictadura-democracia” porque ya se deja asomar como una verdadera oligarquía, sino además, en Chile ésta encuentra una fisura histórica decisiva que distingue entre la vieja oligarquía que articuló a la transición y a la nueva que intenta sobrepasar definitivamente ese orden por acusarla de no dar garantías de inmunidad frente a la asonada de la multitud. Entre la vieja y la nueva persiste una disputa.

En otros términos: la vieja oligarquía pretende inmunizar su régimen vía un retorno inviable a la transición y su “democracia liberal”, la nueva que surge desde el kastismo, entiende que el proceso fue irreversible y que no queda más que apuntalar una dictadura civil-legal, una dictadura securitaria. Incluso, si se celebran elecciones y el Congreso no se cierra.

Es precisamente lo que el americanismo de Trump ha enseñado durante este tiempo: una dictadura administrativa, una dictadura civil-legal o, si se quiere, securitaria. El tejido securitario de los dispositivos neoliberales desplegados impiden la instauración de una dictadura en la vieja forma, pero prometen el desarrollo de una nueva forma a la luz de su carácter “civil-legal”.

En mi lectura, la disputa por la hegemonía del sector, entre la vieja y la nueva facción oligárquica chilena, terminará ganando la nueva facción o, si se quiere, la nueva forma que la nueva facción porta consigo: aunque esta facción pierda, sus dispositivos sobrevivirán puesto que la vieja oligarquía ya no puede ejercer el gobierno como lo hizo durante 30 años.

La vieja facción oligárquica se plegará a las formas técnicas que ofrezca la nueva porque preferirá una dictadura civil-legal a una nueva asonada “octubrista”, preferirá inmunizarse junto a la nueva vanguardia que quedar expuesta con la amenaza de que sus privilegios puedan ser cuestionados y, eventualmente, revocados.

Nótese que Kast es el único que, en rigor, tiene un programa que se articula a partir de una triple reestructuración: económica (la megarreforma), la securitaria (la reforma constitucional) y la epistémica (“áreas prioritarias” de los fondos concursables en ANID). Las tres son la matriz de la “batalla cultural” que ejerce el nuevo gobierno y que, como vanguardia de la nueva oligarquía, intentarán imponer.

Por cierto, el neofascismo llega “democráticamente” al gobierno, pero sólo porque por “democracia” se entiende un orden técnico-procedimental tal y como lo señalaban los intelectuales neoliberales como Hayek, a diferencia de una democracia que se sostiene en la soberanía del pueblo.

En este sentido, la democracia chilena siempre fue “adémica”, en el sentido que careció del “pueblo” como poder constituyente, una democracia sin “démos” cuyo sujeto el ideario Chicago Boys cambiaron por la existencia de “personas”: individuocracia y no democracia, individuos y no pueblo, constituirán el pivote ético del ordenamiento tal como indicó Thatcher en algún momento cuando decía que no existía la sociedad sino “solo individuos”.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En razón de la introducción a la fuerza del “neoliberalismo” y que nunca fue un simple ordenamiento económico como una racionalidad política destinada a arrasar con las formas de organización social de los trabajadores vía la “legalidad” de dispositivos securitarios que posibilitaron la instauración de un nuevo régimen de acumulación de capital. Los otrora golpes de Estado son antiguas formas que “nadie quiere”.

Para eso hay algo mucho más efectivo: una “legalidad” que opera ciega y técnica e impersonalmente, naturalizada bajo el modelo hipertrófico de la seguridad, tal como Schmitt y Foucault vieron. Se trata del desarrollo de una “legalidad” que, a diferencia de aquel derecho moderno (Hobbes) que nos ofrecía un antídoto que neutralizaba el reino de la fuerza, ésta nos inserta en ella y la potencia, en la medida que la vía “legal-securitaria” nos organiza al interior de una guerra propiamente “civil” de corte global. Guerra, tal como lo muestra la intensidad del laboratorio donde se fragua toda la nueva “revolución legal mundial”: Palestina.