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Opinión

La Convención Constituyente debe ser un debate ideológico real, no edulcorado

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Quienes apelan al ethos de los noventa, realmente manifiestan sus deseos de que la Convención Constitucional sea una gran escaramuza en la que todo cambie para que nada finalmente lo haga de verdad. Y los enfrentamientos ideológicos no pueden ser así. No pueden ser un descafeinado relato de amistosa discrepancia. Porque la discrepancia en sí misma no es violenta, por lo que intentar sumarle, además, un tono edulcorado, es no querer que se discrepe.


Terminadas las elecciones constituyentes y las inscripciones a primarias presidenciales de los sectores políticos, parece importante preguntarse qué será la Convención Constitucional y qué es lo que se debate en ella. Esto debido a que, una vez conocidos los resultados electorales, muchos han querido convertir esta instancia en una especie de acto liviano, rodeado de una “buena onda” cívica en la que los acuerdos estén por sobre las diferencias.

Lo que se ha olvidado es que debe darse un debate ideológico. Se ha tratado de negar que habrá enfrentamientos, y que estos no tienen por qué ser opacados por un constante consenso indoloro, ni suavizados con un manto eufemístico.

Si bien muchos tenemos dudas de cuán politizados realmente están ciertos sectores llamados “independientes”-y qué nivel de conciencia hay de lo relevante del enfrentamiento de ideologías luego de décadas donde una sola ha reinado sin disidencias reales-, vale la pena dejar en claro que acá se necesita plantear cuál es el rol del Estado y el mercado. Y si se pretende establecer certezas reales para toda la ciudadanía, estas deben llevarse a cabo mediante el aparato público.

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Señalo esto porque hay quienes no quieren entender que para que haya cierto nivel de acuerdo en torno a algo, primero debe haber diferencias expresas. Al contrario de lo que nos planteó el relato transicional, la conversación democrática no es una puesta en escena en la que no hay un intercambio real de postulados.

Quienes apelan al ethos de los noventa, realmente manifiestan sus deseos de que la Convención Constitucional sea una gran escaramuza en la que todo cambie para que nada finalmente lo haga de verdad. Y los enfrentamientos ideológicos no pueden ser así. No pueden ser un descafeinado relato de amistosa discrepancia. Porque la discrepancia en sí misma no es violenta, por lo que intentar sumarle, además, un tono edulcorado, es no querer que se discrepe.

No le temamos a las ideologías. Lo peor que se puede hacer hoy en día es negar que estamos en un solo terreno ideológico en el que se enfrentan quienes quieren mantenerlo y quienes, sin saber que son su producto, dicen querer cambiarlo. Urge que por sobre los discursos de lado y lado que dicen querer el bien de Chile, haya definiciones y disensos sobre los estragos de este ciclo político y económico en el que hemos vivido.

Si convertimos el tema constitucional en un juego de garantes del “orden” y provocadores del “caos”, lo concreto es que no se querrá asumir lo que verdaderamente esta instancia histórica nos puede entregar: un cambio de paradigma en el que los mitos, los eufemismos y las falsas verdades reveladas del pasado se vayan cuestionando una a una.

A algunos esto les puede parecer temerario. A lo mejor hay quienes creen que construir una Constitución y una nueva institucionalidad es algo que no debe pasar por saber qué ciudadano vive en Chile. Pero esa debe ser la primera pregunta antes de sentarse en la mesa constituyente.

Hay que entender qué es lo que ha hecho el mercado con ese ciudadano, y por ende desde dónde realmente habla. Creer solamente que este es lejano a la lógica mercantil por manifestar su descontento hacia ella es no entender el Chile en el que hemos vivido. Hay que sopesar la influencia cultural de lo que parece estar cayendo día a día sin que se derrumbe del todo. Y para eso hay que, insisto, tener conciencia ideológica. Es lo único que nos llevará a encontrar una alternativa maciza a la hegemonía imperante que queremos cambiar.

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Opinión

El mal discursito de película gringa de Cristián de la Fuente

Las condiciones materiales importan y el acceso a ellas también. Por eso hay que tener cuidado cuando se habla de la libertad y el esfuerzo de manera tan simplona, tan vulgar como lo hace De la Fuente, y sobre todo cuando se cree que todo quien no ha logrado lo que otros sí, se debe, exclusivamente, a querer vivir del otro.

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En un programa que se transmite en televisión y por Youtube que ya no vale la pena ni mencionar, el actor chileno Cristián de la Fuente- en un despliegue de oratoria propio de las películas norteamericanas de las que ha querido protagonizar y no ha podido-dio un discurso en el que hablaba de su vida, de su construcción personal como sujeto, contándonos problemáticas familiares.

De la Fuente puso énfasis en el hecho de haber sido el hijo de la amante de su papá, quien tenía otro matrimonio en el momento en que él nació. Nos contó también que, luego de años de sacrificios, terminó manteniendo a su madre.

Nadie bien intencionado podría discutir todos estos hechos, lo que tuvo que pasar durante los primeros años de su vida, ni mucho menos lo que hizo para conseguir lo que tiene. Sin embargo, sí podríamos-y deberíamos- hacernos una pregunta esencial respecto a las condiciones sociales y materiales desde las que surgió, lo que, aunque no se considere importante, en una sociedad de las características de la chilena no es algo menospreciable.

Si bien quienes se dicen defensores de las “ideas de la libertad” nos recuerdan el evidente desarrollo social que ha tenido Chile en los últimos 30 años, lo que no parecen entender, aunque claramente lo deben presenciar, son las certezas sociales que unos tienen por sobre otros, no por la calidad de los establecimientos en los que estudiaron- De la Fuente lo hizo en el Grange-, sino porque hay lugares en los que hay más redes, contactos y la cancha desde la que se parte es diferente.

¿Ha logrado el mercado atenuar esas diferencias? Claramente ha hecho que la gente tenga más acceso al consumo, a pagar cosas que antes no podía; pero no ha terminado con la idea del “¿de dónde vienes?”, que cruza toda relación humana y muchas veces está por sobre todo tipo de otra consideración.

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¿En qué se equivoca el actor? En que desprecia esos factores que, finalmente, también terminan siendo económicos.

Aunque puede haber quienes hoy en día gusten usar el victimismo como acción política, creer que la existencia de certezas públicas es algo así como un regalo de los impuestos de unos hacia otros, no es más que negarse a la construcción de una sociedad en que lo público sea revalorizado y en que esas diferencias de nacimiento, que sí existen, no dependan sólo de una competencia interminable en que el mercado termina muchas veces, en nuestro país, funcionando de acuerdo a la proveniencia.

Por esto es que resulta sumamente complejo no entender la idiosincrasia en la que se vive, pasando por ella sólo como un detalle. Aunque éste no es el país de las clases patronales y de las burguesías aristocratizantes que fueron tan marcadas hasta antes de la irrupción del neoliberalismo, que haya quienes gastan altas sumas de dinero para meter a sus hijos en ciertos colegios debido a las redes ya mencionadas más que por su calidad, da cuenta de que la clase está ahí, presente, visible, clara, y que despreciarla cuando se habla del esfuerzo de uno sobre otro, es una deshonestidad intelectual enorme.

Las condiciones materiales importan y el acceso a ellas también. Por eso hay que tener cuidado cuando se habla de la libertad y el esfuerzo de manera tan simplona, tan vulgar como lo hace De la Fuente, y sobre todo cuando se cree que todo quien no ha logrado lo que otros sí, se debe, exclusivamente, a querer vivir del otro. Cualquier análisis medianamente exhaustivo deja en claro que hay varias, demasiadas variables, aparte de las ya mencionadas, que derrumbarían su mal discursito de película gringa.

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Opinión

El Fallido Plan B

No pueden garantizar nada. Son los firmantes de la carta los que han gobernado el partido durante la última década. En ellos recae la responsabilidad política ―que, por lo demás admiten como «fallas y omisiones en que hemos incurrido las élites políticas» y en el mea culpa «conscientes de los errores cometidos»― de haber desarmado la base ideológica y doctrinaria de una organización que al decir de Huneeus se preciaba de ser un partido institucionalizado, de la pérdida de presencia parlamentaria, de carecer de absoluta injerencia en la Convención, y de haber desaparecido del mundo social.

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En vísperas de la junta nacional que deberá realizarse el 16 de julio, nueve expresidentes de la Democracia Cristiana hicieron pública una carta exhortando la libertad de acción para divulgar los votos de Apruebo y de Rechazo, y agregando que la franquicia debería extenderse a todos los órganos de decisión internos, en clara alusión a la JDC y al Frente Feminista, que ya han resuelto votar Apruebo. 

Firman la carta exdirigentes refractarios al proceso constituyente y que esperan que la dispensa les permita promover sus opiniones e influir en el plebiscito de salida. El embajador Frei que sin dar razones avisó a la Convención que no concurriría a la Ceremonia. También Goic, Krauss, Foxley y Walker, que militan en Amarillos Por Chile y han sido públicos partidarios de un Plan B. El convencional Chahin, que es una voluntad disidente solitaria, no sólo respecto de su partido, sino de sus propios referentes en la Convención. Y Hormazábal, un crítico apocalíptico del texto, especialmente de los pueblos originarios en cuyo reconocimiento ve el rompimiento de Chile ―«se construye un Chile desconocido que convierte al país en un archipiélago de autonomías con una clase especial: las etnias originarias», ha escrito― y la defensa de privilegios.

Sin embargo, lo más importante de la misiva de los expresidentes es la acreditación del fracaso del Plan B que venía propugnando, principalmente, Ignacio Walker. Pérdida que asumen explícitamente los antiguos personeros cuando resignados señalan que «nos habría gustado una posición fundada, clara y propositiva, pero, la forma establecida, en torno a una elección binaria, de dos opciones, Apruebo o Rechazo, no nos permite matices ni cambios.» Y, claro, lo ideal habría sido la pregunta que instaló Izikson en la encuesta Cadem sobre una tercera vía que propusiera una nueva Constitución.

Los orígenes del Plan

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¿Quiénes fueron los primeros en anunciar un Plan B?

Fueron quienes quedaron insatisfechos con la elección de convencionales ocurrida hace un año, y empezaron a sembrar dudas sobre el texto que estaba elaborando la Convención. Fijaron su posición aún antes de que se propusiera un solo artículo de la futura carta. ¿Por qué pensaron en un Plan B, si nadie había definido un Plan A? Lo pensaron como reflejo condicionado por una experiencia aprendida en 1989 y confirmada en 2005.

Después del triunfo del NO de 1988 ―algo inesperado para vencedores y vencidos―, hubo que arribar a acuerdos de reforma constitucional con quienes detentaban el poder de la dictadura. Esas negociaciones fueron el comienzo de la vía transaccional a la democracia tutelada y semi-soberana que sobrevino. Un Plan B que siete millones de ciudadanos convocados por líderes como Aylwin y Lagos, se movilizaron para sacramentar en las urnas, pero cuyo propósito fue mantener vigente la Constitución del 80, porque tenían el poder para mantener la Constitución del 80. Algunos censuran a quienes apoyaron esa salida y siguen siendo críticos de la Constitución de Pinochet. Lo consideran una contradicción porque entienden que el plebiscito del 30 de julio de 1989 dotó de legitimidad de origen a la institucionalidad autoritaria.

Por eso, también hablan de la Constitución de Lagos, y no de la del 80 o del 89. Y es que el año 2005, firma sobre firma, otro Plan B vino a declarar la extinción de normas transicionales tales como el fin de los senadores designados y vitalicios, que, sin embargo, participaron en la redacción y aprobación de la reforma pactada en la Cámara Alta. Fue así como prevaleció la poción mágica de la derecha, el quórum de un tercio del sistema binominal que les aseguraba ser mayoría en las asambleas deliberantes, y que recién vino a ser suprimido en 2015, más exactamente en 2018.

El Plan B del que se habla ahora, siempre ha sido y será una bisagra que permita a los gestores de la Constitución de la dictadura, negociar el estatus de su poder e influencia en los emergentes escenarios políticos. La figura de un Plan B torna necesaria la presencia de negociadores que se entiendan y se comprometan con los artífices de la actual Constitución, y éstos no pueden ser sino los actores y herederos del 89 y del 2005, cuyo perfil biográfico más nítido lo ofrece Amarillos por Chile.

El caso es que esta vez no funcionó un Plan B alternativo al itinerario constituyente inaugurado en 2019, como sí operó con éxito en 1989, durante las negociaciones Cáceres-Aylwin, porque el gobierno de Pinochet no esperaba perder el Plebiscito del 5 de octubre de 1988 ni enmendar su Constitución; y en 2005, para los acuerdos Lagos-Romero, porque se agotaban las instituciones transitorias de la Constitución del 80 que permitían a la derecha el control político, y resultaba urgente prolongar la democracia de los consensos.

Con todo, en la misma coartada de los expresidentes está también su talón de Aquiles. En 1980 también hubo dos opciones y, no obstante, el presidente Eduardo Frei Montalva, quien encarnaba la voz de la oposición, no tomó la palabra en el Caupolicán para invocar la libertad de acción, sino para convocar al país a una Asamblea Constituyente. También en 1988 hubo dos opciones, y el llamado de la Concertación de Partidos por el No fue a votar en contra de prorrogar la permanencia de Pinochet en el poder. Y en 1989, no hubo borradores, ni debates territoriales, ni críticas a los convencionales que, a la sazón, eran los propios negociadores. La ciudadanía entendió que había que concurrir a votar para acabar con la dictadura, porque confiaba en los mensajes de los líderes políticos, religiosos y sociales, y no porque creyera que así debía ser la transición democrática. El dolor y el sufrimiento padecidos por el pueblo, exigía ponerle fin a ese estado de cosas, más allá de los “matices y cambios”.

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Boric inspira a Maritain

¿Por qué los expresidentes defienden la coexistencia de dos acciones políticas diametralmente opuestas y simultáneas dentro del partido? Porque la consideran legítima, como quien vota en conciencia en el Congreso a favor de la supresión de la pena de muerte o de la eutanasia. Algo legítimo es algo justo, razonable, verdadero o legal. Apelan para ello, no a Maritain, no a El Hombre y el Estado, sino a la iluminadora reflexión del presidente Gabriel Boric, que ha señalado que ambas opciones son legítimas. Su autoridad es la palabra de Boric. ¿Qué esperaban que dijera Boric? Es el presidente de todos los chilenos y son las reglas del juego que gobiernan a todos los chilenos. Como tal debe dar garantías a todos, desde putinistas hasta ultramontanos republicanos. Luego, lo que es legítimo para Boric, y para la sociedad en su conjunto, no necesariamente lo es ―y no lo es en esta ocasión― para la Democracia Cristiana.

La Democracia Cristiana es un partido político, una asociación libre de personas que coinciden en una declaración de principios, unos estatutos y unos órganos de deliberación, de ejecución y de justicia. Adhiere a unos principios que son la dignidad esencial de la persona y de sus derechos. A unos valores de justicia, de solidaridad, de libertad, de paz y tolerancia. En virtud de todo esto comparte una noción de la sociedad, el Estado, las comunidades, la naturaleza y la democracia. Y su deber es ofrecerle al país su proyecto social, que empieza por la Constitución Política. No es legítimo, porque entrañan proyectos sociales distintos, la voluntad de perpetuar la Constitución del 80, que es lo que confirma el voto de Rechazo, y al mismo tiempo y junto a la decisión de remplazarla por la nueva Constitución, que es lo que significa el voto de Apruebo, en una colectividad que está llamada a zanjar esta disputa.

Y no es legítimo porque la controversia sigue cruda y lacerante. No por nada, expresamente, la carta de los expresidentes diluye el reconocimiento de los pueblos originarios, realzado por la Convención en la figura de un Estado plurinacional, en el neoercillano poema de «un proyecto de país que nos garantice un presente y futuro en que nuestros pueblos originarios y las corrientes migratorias que le han dado forma a nuestro querido país encuentren un marco común…» Otros, en la vereda opuesta, seguirán profundizando lo que hace nueve años escribieron en el programa de Orrego: «La propuesta fundamental que estamos haciendo hoy, ya no es solamente que Chile reconozca a los pueblos originarios, sino que Chile tiene que reconocerse como un Estado Plurinacional y pasar del tratamiento sectorial de la temática de pueblos indígenas a uno de carácter nacional, para lo cual proponemos la creación del ministerio de Pueblos Indígenas y Asuntos Interculturales, que permita tener una visión integral tanto política, económica, cultural y educacional de toda la temática indígena».

Un acta de disolución

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La libertad de acción entraña la renuncia a la función esencial del partido, que es la organización de los intereses generales de la sociedad chilena. Es la abstención moral respecto de los principios, valores y fines de la acción política. Es el abandono de la misión para la cual han sido convocados los militantes, adherentes y ciudadanos. Es convertir a la comunidad de personas libres en un campo de fuerzas, en un cuadrilátero de disputa, donde sin miramientos por la camaradería, se confrontarán lo mismo las fuerzas brutas del Apruebo como la competencia salvaje del Rechazo. Se trata de un escenario auto flagelante y autodestructivo que la Democracia Cristiana no se merece. Por eso, es ilegítima la libertad de acción. Sería más legítimo que triunfara el Rechazo, y que quienes creen que lo mejor para Chile es el voto de Apruebo, se limitaran a su libertad de conciencia en la cámara secreta, o renunciaran al partido para promover y difundir su opción. 

Sin embargo, los expresidentes prometen que la libertad de acción aplacará las tensiones y permitirá resolver los conflictos dentro de tres años. La pregunta que surge entonces es ¿cómo se cumplirá esta promesa? La Democracia Cristiana hoy es un espejo trizado, algo que no ignoran quienes piden libertad de acción para, a lo menos, satisfacer la expectativa de una ruptura pactada.

No pueden garantizar nada. Son los firmantes de la carta los que han gobernado el partido durante la última década. En ellos recae la responsabilidad política ―que, por lo demás admiten como «fallas y omisiones en que hemos incurrido las élites políticas» y en el mea culpa «conscientes de los errores cometidos»― de haber desarmado la base ideológica y doctrinaria de una organización que al decir de Huneeus se preciaba de ser un partido institucionalizado, de la pérdida de presencia parlamentaria, de carecer de absoluta injerencia en la Convención, y de haber desaparecido del mundo social. Mas, son los expresidentes quienes escriben en su carta que «la propuesta de la Convención Constitucional requiere un estudio profundo y riguroso». Deberían preguntarse cuándo perdió el partido esas capacidades de análisis y elaboración. ¿En la administración de Latorre, que debió haber realizado el Sexto Congreso, o en la de Chahin, que limitó su gestión a su pura planificación?

Esto nos recuerda las lecciones del profesor Mario Fernández, que para rebatir el texto de la Convención sostenía que el presidencialismo chileno no tenía acreditación empírica, es decir, que era un mito, desconociendo con ello todos los antecedentes que los Congresos de la Democracia Cristiana tuvieron a la vista para propugnar el tránsito hacia un régimen semi-presidencial o semi-parlamentario.

La libertad de acción es un acta de disolución del Partido Demócrata Cristiano. Es el costo que deberían pagar los democratacristianos para satisfacer las necesidades políticas de sobrevivencia de quienes coinciden con la derecha en los fundamentos del voto de Rechazo. El partido tiene el deber de defender su memoria y su identidad.

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Opinión

Como se ganan en Chile muchos millones de dólares sin trabajar

El regalón Comando de Bienestar del Ejército de Chile se embolsó una suma equivalente a más de USD 44 millones actuales y nadie de la administración pública civil sabe en qué se usó tal dinero obtenido con la venta de un terreno cedido por el Estado para que fuese utilizado exclusivamente en los fines propios de esa rama de las FF.AA. y no para lucrar con el mismo.

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Durante las últimas semanas los medios de comunicación que se especializan en cubrir las actividades de negocios de las empresas más grandes del país, informaron que el Banco Santander compró a la inmobiliaria Territoria Vespucio SpA un terreno de casi una hectárea, localizado en la esquina de las avenidas Américo Vespucio Norte y Presidente Riesco, en la comuna de Las Condes, para construir allí su nueva casa matriz y que la inversión en el proyecto será del orden de los USD 350 millones.

Este nuevo y magnífico edificio corporativo estará listo en el año 2026 y nos alegramos sobremanera de que esta importante institución financiera española tenga confianza en nuestro país. La prensa especializada señalaba con ingenuidad que el predio “le perteneció al Ejército hasta el 2016” (sic).  

En efecto, el Ejército de Chile es la rama de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) chilenas que ha tenido la mayor vocación para desprenderse con fines comerciales de los inmuebles que el Estado le ha asignado para sus exclusivas necesidades institucionales. En este caso, el Comando de Bienestar del Ejército de Chile vendió ese predio a la inmobiliaria Ralei, la que tuvo problemas en la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes para ejecutar su proyecto de 2 edificios habitacionales en altura, más espacios comerciales. 

Ante este traspiés, la inmobiliaria Ralei vendió en marzo de 2019 el apetecido predio a Territoria Vespucio SpA, la que, a su vez, se le vendió al Banco Santander. A este tipo de inmuebles fiscales administrados por los Comandos de Bienestar de las instituciones militares se les conoce como “Patrimonio de Afectación Fiscal” (PAF). 

Las distintas operaciones mercantiles de este predio fiscal, denominado Lote 3A de la subdivisión del sector B del Parque San Luis en la comuna de Las Condes, son las siguientes:

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1.- En febrero de 1983 el Serviu Metropolitano cede este terreno al “Fisco-Ejército de Chile”. 

2.- En junio de 1988, por aplicación del artículo 18° de la ley N° 18.712 dicho inmueble “se entiende” (sic) inscrito a nombre del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército, bajo la figura de PAF.

3.- En julio de 2017 la Sociedad Ralei Development Group SpA compra ese terreno en la suma de UF 1.177.613 al Comando de Bienestar del Ejército.

4.- En julio de 2017, como vemos, en la misma fecha, la Inmobiliaria RDG Riesco SpA compra el terreno en la misma suma de dinero, UF 1.177.613 a la Sociedad RALEI Development Group SpA. Nótese que RDG significa Ralei Devolpment Group,  por lo mismo RDG Riesco SpA es parte de RALEI y por ese motivo el precio es igual.

5.- En junio de 2019 la sociedad Territoria Vespucio SpA compra el terreno a Inmobiliaria RDG Riesco SpA en UF 1.550.627.

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6.- En mayo de 2022, según la prensa mercantil, Territoria Vespucio SpA le vende el terreno al Banco Santander, sin conocerse hasta ahora el precio del contrato de compraventa. 

Comparando las cifras antes indicadas, se concluye que entre julio de 2017 y junio de 2019, la inmobiliaria RDG Riesgo SpA, “sin moverse de su escritorio”, luego sin correr riesgos, solo con algunos llamados telefónicos, obtuvo la no despreciable utilidad de UF 373.014, monto equivalente USD 14 millones al día de hoy.

Previamente, el regalón Comando de Bienestar del Ejército de Chile se embolsó una suma equivalente a más de USD 44 millones actuales y nadie de la administración pública civil sabe en qué se usó tal dinero obtenido con la venta de un terreno cedido por el Estado para que fuese utilizado exclusivamente en los fines propios de esa rama de las FF.AA. y no para lucrar con el mismo.

Si los lectores desean conocer detalles sabrosos sobre los lucrativos negocios que se han estado haciendo, desde hace muchos años, con este tipo de terrenos fiscales denominados PAF, pueden leer el último libro titulado “Prohibido el paso: propiedad militar”, del escritor y periodista Dauno Tótoro.  Este columnista les garantiza que, con su lectura, se escandalizarán

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