La conjura de los necios

La absolución del excarabinero Claudio Crespo, autor de los disparos que dejaron ciego al diputado electo Gustavo Gatica, no es simplemente una sentencia judicial polémica. Es la conclusión lógica y brutal de un giro político que ocurrió en La Moneda y terminó validando judicialmente lo que hace apenas cinco años era considerado inaceptable: que disparar a la cara de un manifestante pueda quedar amparado bajo el concepto de legítima defensa.

La ironía histórica es tan triste que resulta insoportable. El drama de Gustavo Gatica fue el símbolo de la revuelta de octubre (2019) que el presidente Gabriel Boric apoyó durante su campaña para denunciar los abusos policiales. Su rostro, sus ojos vendados, su testimonio: todo sirvió para construir un relato de justicia, reparación y garantías de no repetición. Esa era la defensa.

«Vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias las violaciones a los derechos humanos. Que Sebastián Piñera se dé por notificado», aseguraban.

Pero resulta que bajo el gobierno de Boric se aprobó la Ley Nain-Retamal, precisamente la norma que permitió la absolución de Crespo. Y no fue aprobada en secreto ni por descuido: varios diputados del Frente Amplio se abstuvieron para dejar la vía libre a que fuera aprobada en conciliábulo con las gestiones al respecto que el propio ejecutivo hizo en el congreso. El mismo movimiento político que creció en apoyo popular denunciando la brutalidad policial terminó mirando para el lado en legitimación del marco legal que la ampara. Doloroso, pero cierto.

¿Cómo explicar esta contradicción sin reconocer que estamos ante un retroceso deliberado a los propios principios? No se puede. Lo que queda es la evidencia de un proyecto político que abandonó estas y otras convicciones en el camino hacia el poder, y que una vez instalado en La Moneda optó por el orden antes que la justicia, por gobernar con voz baja antes de asegurar la reparación prometida.

La comparación internacional hace aún más evidente lo aberrante de esta situación para quienes son de izquierda. Cuando George Floyd murió asfixiado bajo la rodilla de Derek Chauvin en Minneapolis, Estados Unidos vivió una convulsión nacional que derivó en condenas penales, reformas policiales y un debate profundo sobre el uso de la fuerza. Cuando Renee Nicole Good murió recientemente también en Minneapolis, nuevamente hubo protestas masivas exigiendo responsabilidad. En ambos casos, el consenso del mundo progresista fue claro: el abuso policial no puede quedar impune.

En Chile, en cambio, la izquierda gobernante está en modo negación obsesionada en que las notas dulces de sus “legados” queden bien en la partitura.

Arrancamos de un momento donde las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social generaron indignación transversal y promesas de justicia. Terminamos en un punto donde disparar a la cara de un manifestante puede ser considerado legítima defensa, donde el autor material queda absuelto, y donde el gobierno que prometió justicia es el mismo que hizo muy poco por evitar se generaran las condiciones legales para esta absolución.

Porque no nos engañemos: la Ley Nain-Retamal no fue un autogol. Fue parte de una negociación deliberada para que la derecha aprobara otros proyectos del ejecutivo. Se sacrificó a las víctimas del estallido en nombre de otra agenda, supuestamente, mas importante.

El problema es que puso en riesgo a todos los chilenos de aquí en mas con una jurisprudencia cristalina: si decides manifestarte, si protestas, puedes terminar ciego y a muchos les parecerá bien. Puedes perder tus ojos y quien disparó quedará absuelto porque estaba «defendiéndose». La protesta social queda así criminalizada no mediante prohibiciones explícitas sino mediante la amenaza de violencia impune.

Este es el encuadre final del relato que la derecha, con el poder económico y sus medios afines, impuso con el patrocinio entusiasta de una parte del Frente Amplio. Ya no hablaremos mas del estallido social sino del estallido delictual. Los manifestantes no eran ciudadanos exigiendo dignidad sino delincuentes amenazando el orden. Y Carabineros no cometió abusos sino que se defendió legítimamente. Es una reescritura orwelliana de la historia reciente, y está siendo ejecutada por quienes prometieron exactamente lo contrario.

Lo más revelador de todo este proceso es que esta ley no busca realmente proteger a Carabineros. Si ese fuera el objetivo, se habría pensado en mejor entrenamiento, protocolos más claros, apoyo psicológico. Lo que busca es garantizar la impunidad ante el abuso policial. 

Gabriel Boric completó así su transformación política. Del diputado que denunciaba las violaciones a los derechos humanos al presidente de la ley Nain-Retamal. 

Gustavo Gatica sigue ciego. Claudio Crespo quedó absuelto. Y el presidente Boric termina su mandato en menos de 2 meses con esta mancha en su gestión difícil de borrar.

No crean que la absolución de Claudio Crespo es una falla del sistema. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado por quienes hoy detentan el poder. Y esa es, sin duda, la verdad más dolorosa de todas.