Las conmemoraciones invitan a la posibilidad de detenernos, pensar, mirar, revisar aquello que se ha hecho, aquello que se hace, lo planificado y lo finalmente logrado. En cuanto a la política en materia de niñez y adolescencia, cabe pensar algunos desafíos aún pendientes.
Queremos destacar algunas inquietudes:
Frente a la separación de SENAME en Justicia Juvenil y Protección de Derechos ya realizada y presentada como una de las posibles soluciones, nos interesa relevar la situación de niños ingresados en programas de protección (residencias o programas que entregan atención ambulatoria). Mucho se ha hablado de la necesidad de una Ley de Garantías que pueda dar consistencia a la la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) ratificada por nuestro país el año ’90. Esta Ley se plantea como un piso indiscutible mínimo para cualquier servicio de protección que venga a funcionar o activarse precisamente cuando estos derechos -garantizados por la CDN- se encuentran afectados, trastocados o vulnerados por distintos actores o agentes. Desde ahí, algunas luces que conviene traer a la temática del Nuevo Servicio de Protección.
¿Este Nuevo Servicio traerá lógicas alternativas a la culpabilización de las familias ante las vulneraciones de derechos hacia la niñez? Este énfasis sobre dimensionado en responsabilizar a las familias (madres y padres) como exclusivos agentes de vulneración de derechos -omitiendo agentes socio-políticos, educacionales, institucionales, estatales- se ha traducido en diversos programas, dispositivos, corporaciones e instituciones que tienen como mayor fin el diagnóstico, evaluación, control, vigilancia y sanción a familias. Así, frente a dificultades materiales y económicas en sectores históricamente excluidos, la respuesta del Estado ha sido una política de vigilancia, control, enjuiciamiento y devaluación a niños, jóvenes, familias y cuidadores. Conceptos que priman dentro de este sistema son la idea de la “incompetencia o inhabilidad” de padres y madres, que en sus casos más dramáticos evidencia la estigmatización de padres que no pueden asistir en horario laboral a visitar a sus hijos ingresados en residencias. Ello precisamente cuando una de las condiciones para recuperar el cuidado personal es la estabilidad laboral, y sin embargo la evaluación del sistema (y los múltiples actores involucrados) es la devaluación a estos niños y padres apresados por el derecho. Específicamente cabe pensar cómo la ola feminista problematiza las desigualdades existentes hacia mujeres por el mero hecho de ser mujer, releva la sobrecarga de una serie de juicios valóricos y morales, antes que técnicos, que pesan sobre mujeres, madres, cuidadoras quienes a diario se ocupan de sus familias, siendo responsabilizadas de fenómenos que obedecen a distintos ámbitos y factores. Se habla de la multi-determinación de la violencia infantil pero se termina culpando a los progenitores. Entonces, ¿cómo se cuida a los cuidadores?
Y ¿Qué pensamos de la incorporación en el Nuevo Servicio de Protección de los mismos Organismos Colaboradores Acreditados de SENAME [OCAS]? Largamente cuestionados y últimamente investigados por vulneración de derechos, maltrato y abuso/explotación sexual infantil y focos de malversación de fondos públicos, como lo ha señalado Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado, incurriendo en la copia y pega de informes, en precariedad laboral para sus trabajadores, en maltrato institucionales hacia familias y niños. Estos OCAS investigados, continúan recibiendo subvenciones por licitaciones del Estado y parecieran premiadas al poder mantenerse como instituciones colaboradoras del Servicio. Retraumatización y victimización a niños, niñas y adolescentes vulnerados/as por sus prácticas, como si se quisiera disociar de la memoria transgresiones que no debieron ocurrir y que hoy, podrían ser prevenidas si se excluye del Servicio a quienes han vulnerado, honrando la memoria de quienes las padecieron/padecen. Entonces ¿qué cuidado nos puede brindar la memoria?
Una retórica vacía de los derechos de niños y niñas, repetida en informes de licitación, en carpetas de niños, en discursos desplegados en pasillos del Congreso por parte de estos mismos OCAS que han vulnerado grave y sistemáticamente derechos humanos. No es de extrañar que se exculpen o victimicen al decir que no pueden cumplir – por lo “escaso de la subvenciones”- con las licitaciones adjudicadas donde participan voluntariamente. Pero el sistema de licitaciones no se cuestiona, por el contrario se perfecciona la lógica del niño-voucher: se terceriza el cuidado, la psicoterapia, el acompañamiento a instituciones que han dañado, que están siendo investigadas, y que aun al día de hoy no han ofrecido disculpas, explicaciones ni co-responsabilidades.
Y pensamos que sólo SENAME debe dar explicaciones y volvemos los dardos hacia allí. Y escuchamos al Poder Judicial enfadado por no haber sido informados. Y somos testigos incrédulos de las soluciones, pseudo autocríticas que en el fondo no son tal, sino un montón de palabras vacías que buscan aliviar conciencias y externalizar responsabilidades; aunque finalmente nadie se hace responsable. Pero -nuevamente- quienes se han mantenido al margen, silenciosos, agudamente más inteligentes que quienes salen a despercudirse y señalar que no saben, son los organismos colaboradores. Eficientes, atinados, brillantes. Porque ¿para qué salir a decir nada que se puede volver en contra? es mejor quedarse en silencio, como ha sido la política de sus directorios, de sus prácticas encubridoras y seguir luchando por un aumento de subvención que les permita manejar el dolor de mejor forma, aunque sea necesario victimizarse -y desviar el foco de las víctimas reales que han generado-. Los OCAS, que llevan un nombre que les calza tan bien: colaboradores. Como los civiles que colaboraron con la dictadura y que en silencio, hicieron más de lo que creemos (idear, entregar, en fin). ¿Colaboradores de qué? del sufrimiento que cada nuevo informe viene a repetir.
Podría haber un llamado a no generalizar, a enunciar un “no todos” -al igual que ciertas respuestas de hombres frente al movimiento feminista-, como si el hecho que no fueran todos limitase las responsabilidades que sí corresponden sobre aquellos que han vulnerado grave y sistemáticamente los derechos humanos de niños y niñas, pero que de todas formas participarán en el Nuevo Servicio de Protección: porque las nuevas oportunidades son preferentemente para las instituciones, escasamente para los niños/as o sus familias. Los evaluados. Los devaluados.
En función del entendimiento: si te obligan a dejar a un hijo/a bajo cuidado de un externo, y de diez veces éste maltrató siete, ¿por qué tendríamos que confiar que ahora no lo harán? ¿Dejarías a tu hijo/a con esa persona si lo supieras? ¿Acaso no buscarías denunciarle y evitar su acercamiento a tu hijo/a u otros niños? Entonces ¿En qué dimensión del cuidado es factible interponer primero un veto hacia una ley que busca garantizar la protección, disminuir las probabilidades de repetición de transgresiones y traumatismos a la vida de niños, antes que vetar -prohibir- la perpetuación de quienes han ejercido daño?
La académica Alejandra González denominó a esta dinámica una “escenografía de la protección”, en que de manera repetitiva y macabra, cada cierto tiempo se corre el velo del horror transgeneracional detrás de Hogares y programas de intervención, entonces el mundo político finge sorpresa, se proponen intervenciones inmediatas, se diseñan proyectos, se cambian nombres. Un sistema que se repara a sí mismo.
El promover derechos sin su ejercicio también instala una mella y una herida en la convivencia social, en el trato hacia la niñez y las familias. En tanto hay manga ancha para que las instituciones como OCAS que han podido transgredir y vulnerar aún con impunidad, mientras que para padres y madres existe una sanción, punición y denigración a su dignidad, siendo forzados a participar con estas instituciones, y que al mínimo error son evaluados de incompetentes o negligentes, pudiendo incluso perder el cuidado personal de sus hijos.
En un estudio que realizamos sobre los indicadores de registro de información de SENAME pudimos apreciar cómo existe persistente deficiencia en el registro de los datos, aumentando en su error el año 2019. Al ser estos programas de alta complejidad por existir vulneraciones constitutivas de delito, resulta del todo relevante contar con información oportuna y veraz que permita al Servicio el acompañamiento ofrecido y obligatorio por parte del Estado a la interrupción de dichas vulneraciones y su posterior resignificación, tal como estipulan las mismas bases técnicas de estos programas. En este sentido, es posible que se mantengan ingresados niños, niñas y adolescentes a estos programas sin contar el Servicio con información que permita una respuesta a los tiempos de urgencia subjetiva en que se encontrarán aquellos niños.
El sistema de protección chileno se encuentra en grave crisis y vemos de forma parcial y fragmentada los alcances de su total gravedad. ¿Dejaremos que las fallas naturalizadas o delitos en la ejecución de programas se repitan en nuevas licitaciones, reglamentos, exigencias y convenios?. Con todo lo grave que ya se conoce -y lo muchísimo que todavía se desconoce- frente a esta situación, cabe pensar de qué manera se asegurará que estos mismos errores no se replicarán en los nuevos Proyectos de Ley.
¿Cuánto aguanta un niño? (Jorge González, 1994).
