El verdadero sentido de la llamada batalla cultural

No adherir a la declaración de derechos LGBTIQ+ en la OEA, indicando que el texto generaba división. Alinearse con el gobierno de Estados Unidos, Pakistán y la República democrática del Congo en la 70° sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU para restringir el concepto de género a hombres y mujeres. Retirar decenas de decretos ambientales del trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República. Retirar la política nacional de defensa, que incorporaba perspectiva de género y promovía un ambiente libre de violencia hacia las mujeres. Retirar de tramitación los proyectos de ley de pesca y de negociación colectiva ramal. Anunciar indultos a criminales de lesa humanidad y a responsables de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la revuelta social. Retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU. Se acabó el secreto: comenzó la ofensiva ideológica de la extrema derecha en la batalla cultural.

El gobierno del Presidente Kast llegó al poder ofreciendo una fórmula sencilla: “Gobierno de emergencia para una situación de emergencia”. Casi toda su campaña fue articulada en torno a las problemáticas de seguridad y de migración irregular. Sin embargo, ese Kast era uno inhibido. Su silencio en materias valóricas decisivas, fue una estrategia coyuntural para distanciarse de la estridencia de Kaiser y de los posicionamientos doctrinarios del Partido Nacional Libertario. Pero aquel fue un desplazamiento táctico sólo en período de campaña, su distanciamiento no fue genuino.

La extrema derecha a nivel global declara abiertamente estar embarcada en una guerra cultural. Agustín Laje, divulgador argentino, lo expresa de la siguiente manera: “la lucha política y la lucha cultural son las dos caras de una misma moneda. Si no hay política sin hegemonía, entonces tampoco hay política sin batalla cultural”. Laje re-lanzó su libro “Batalla cultural” recientemente, en el cual afirma que no basta con estabilizar la economía o resolver los problemas urgentes: hay que convencer a la sociedad de la “bondad” de las ideas que se defienden. 

Donald Trump, Javier Milei y Giorgia Meloni se han constituido en representantes paradigmáticos de esta ofensiva cultural. Sus discursos y decisiones implican un rechazo explícito de los derechos humanos, una tensión constante respecto de ciertos consensos democráticos mínimos, especialmente aquellos vinculados a la igualdad, la no discriminación e, inclusive, en la valoración del pluralismo liberal en sentido débil.

En el caso de Trump, su llamado a “eliminar la ideología inapropiada, divisiva o antiestadounidense” de instituciones como museos, centros culturales y zoológicos, en defensa de una identidad cultural ilusoriamente homogénea, muestran la tensión con las libertades expresivas, ejes básicos de una sociedad democrática. 

Por su parte, al cuestionar el sentido mismo de la protección del medio ambiente al señalar erecientemente “¿para qué nos dio el creador el planeta?, ¿para contemplarlo?”, Javier Milei pone en entredicho los fundamentos éticos que han permitido incorporar las preocupaciones ecológicas al lenguaje de los derechos.

Finalmente, Meloni articula una retórica binaria que contrapone valores como familia, identidad y vida frente a lo que denomina “ideología de género” o “lobbies”, configurando un marco discursivo que delimita de manera restrictiva el reconocimiento de ciertos derechos, en particular aquellos vinculados a la diversidad sexual y reproductiva. Ha dicho Meloni: “Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género”.

Lamentablemente el gobierno de Kast, incumple con su promesa de campaña y tempranamente busca incorporarse a esa familia de gobernantes, caracterizados por posicionamientos radicalizados y por una baja apertura a la diferencia.

La batalla cultural desplegada por el Gobierno está abierta y es indispensable comprender la profundidad de lo que está en juego. No se trata de una disputa política coyuntural, sino de una controversia sobre el sentido de la vida en sociedad, de los derechos, sus alcances y sus titulares. Es una cuestión que no se agota en el reconocimiento de nuevos derechos (como los de las disidencias sexuales), sino que se proyecta hacia cómo se ejercen los ya consagrados (como trabajo y medio ambiente). En definitiva, en favor de quién se ejerce el poder.

El Gobierno es consciente de que la agenda de debilitamiento de los derechos sociales de las grandes mayorías redunda en beneficio de grupos sociales minoritarios y privilegiados, para quienes hoy, discursivamente la acción del Estado constituye más bien un obstáculo que una garantía. Se trata de sectores que no requieren de políticas sociales y que, sin embargo, cuestionan la supuesta existencia de trabas institucionales, que no son otra cosa que mecanismos de protección de las clases populares.

Hoy, la mentada batalla cultural forma parte de un conflicto social más profundo: garantizar condiciones económicas, sociales y culturales dignas y equitativas para todos los sectores de la sociedad o sólo para algunos.

Ya sabemos que cuando la balanza se inclina de manera radical hacia unos pocos —como ha ocurrido con la dramática alza de los combustibles— quienes terminan pagando el costo son los mismos de siempre: aquellos para quienes sí importa que el kilo de pan supere las dos mil pesos el kilo.

No podemos permitir retrocesos; es imprescindible resguardar lo que hemos avanzado.