El cuento concertacionista de la “Constitución de Lagos”

Después del plebiscito del 17 de diciembre, los medios andan buscando una derrota transversal, grande, para así no atribuírsela a nadie en específico. A diferencia del proceso pasado, los columnistas y opinólogos no están tan empeñados en encontrar responsables con nombres y apellidos, ni tampoco centran en ciertas ideas la raíz del monumental fracaso constitucional en el que estamos.

En lo que sí están de acuerdo muchos es que la institucionalidad vigente ganó la batalla. La Constitución del 80 se quedó donde mismo tras los desvaríos de una izquierda totalmente desorientada y sin hambre de poder, y una derecha que quiso comenzar la carrera presidencial antes de tiempo con Kast como cabeza de un A Favor que hablaba de todo salvo del tema constitucional. Pero tal vez lo más triste del escenario que habitamos son quienes han tratado de darle a esto un aroma a triunfo concertacionista, diciendo que lo que queda, finalmente, es la “Constitución de Lagos”.

Personajes como Francisco Vidal y tantos otros, que son parte del concertacionismo oficialista, han querido vestir esto de un triunfo de la lógica transicional. Incluso ciertos líderes de opinión le han dado el triunfo a Ricardo Lagos.

¿Es cierto eso? ¿Estamos bajo la Constitución del expresidente? Para saberlo, habría que distinguir entre los llamados “enclaves autoritarios” (entiéndase la eliminación de los senadores designados, la manera en que se convoca el Consejo de Seguridad Nacional, la eliminación de la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el director de Carabineros, y la eliminación de las Fuerzas Armadas como únicos garantes de la institucionalidad, entre otros) y la estructura ideológica del texto, que consiste en un Estado subsidiario, que está explicitado en cada uno de los ítems, y que es casi una declaración de principios al comienzo de este al señalar que “el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”. 

Esto constituye la mezcla perfecta que encontró Jaime Guzmán y la Comisión Ortuzar en su totalidad para compatibilizar dos partes importantes del régimen de Augusto Pinochet: la subsidiariedad católica (reinterpretada, hay que decirlo) y el neoliberalismo de Chicago.

En lo primero, que son los cerrojos políticos, es bastante difícil argumentar que el hecho de haber modificado estos y firmado una reversión el 2005, le da la autoría al ex mandatario sobre la lógica institucional nacional y que, por lo mismo, no es la Constitución del 80. ¿Por qué? Debido a que las reformas a los enclaves autoritarios comenzaron en el plebiscito de 1989, cuando, entre otras cosas, se redujo el mandato presidencial de 7 años y se quitó la facultad del presidente de disolver el Congreso (lo que estaba pensado para Pinochet). Todo esto curiosamente una vez que la oposición ganó el 5 de octubre.

Y en lo segundo, que es el factor ideológico ya mencionado, está clarísimo que no hay ninguna reforma sustantiva que pueda llevarnos a pensar que se está en la presencia de otra configuración constitucional. Por lo que los delirios concertacionistas parecen un triste intento de encontrar triunfos donde no los hay. Porque si bien los 20 años de la Concertación tienen grandes logros en materia de cobertura y surgimiento de una nueva clase media con acceso a bastantes más cosas que sus padres, cierto también es que ese acceso estuvo marcado por una fragilidad propia de sociedades en las que lo público disminuye y no puede hacerle contrapeso al mercado. Que es el principal problema en el que estamos inmersos.

El llamado “centro democrático “y todos quienes formaron parte de los primeros años de democracia pueden atribuirse la gobernabilidad y la exitosa administración de un modelo heredado, incluso mejorándolo en varios aspectos y evitando que la derecha y un Pinochet desbandado se diera demasiados (porque se dio muchos) gustitos. Pero no construyó nada en materia institucional.

¿Se podrá cambiar esto? ¿Se podrá reformar la base ideológica del texto sin desmoronar el edificio constitucional, ahora que se bajaron los quórums para realizar reformas de carácter más estructural? Es una discusión que, al parecer, todos quieren dar sin darla realmente en lo que se llaman las “fuerzas progresistas”. Tal vez nos quedemos, así como estamos bastante rato y puede ser sanador. Pero no inventemos cuentos. No nos contemos historias como “La Constitución de Lagos”.