Solidaridad rentable y memoria selectiva: Di Mondo, Asskha y el abandono de Alejandra Soto

La reciente polémica en torno a la exclusión de Di Mondo del circuito televisivo volvió a instalar una pregunta que trasciende el caso puntual y remite a un problema estructural: ¿cómo se ejerce hoy la inclusión en los espacios que se declaran diversos?  

El Festival de Viña del Mar, su entorno mediático y la industria cultural que lo sostiene operan como un espejo revelador de una sociedad que celebra identidades cuando son funcionales al espectáculo, pero que tiende al silencio cuando esas mismas identidades tensionan los límites editoriales, comerciales o simbólicos del sistema.

La discusión en torno al VIH, el estigma y la exposición mediática no es nueva. Lo que resulta preocupante es su reiteración bajo lenguajes aparentemente progresistas. Se invita, se visibiliza, se entrevista y se administra el relato, pero los principios que debiesen sostener ese ejercicio —trato digno, no discriminación, confidencialidad de datos sensibles— quedan supeditados a decisiones editoriales y comerciales. En ese contexto, la denuncia de Di Mondo no solo es legítima: es reveladora de una fragilidad estructural en la forma en que la industria maneja la diferencia.

A este escenario se sumó, días después, la presentación de Asskha Sumathra en el Festival de Viña del Mar. Su participación fue celebrada ampliamente como un hito de visibilidad: la primera vez que un comediante transformista accedía al escenario más emblemático del país.

La rutina, su recepción y el cierre abrupto generaron un debate público que excedió lo artístico. Más allá de las explicaciones técnicas entregadas posteriormente, lo que quedó instalado fue la percepción de un límite difuso entre inclusión y control, entre apertura simbólica y resguardo corporativo.

Las reflexiones y columnas de Víctor Hugo Robles contribuyeron a dar continuidad a este debate, situándolo no como un episodio aislado, sino como parte de un patrón histórico donde la diversidad es aceptada mientras no incomoda, no desborda y no compromete intereses mayores.

En esa lectura, el problema no es un error puntual de producción, sino la forma en que el espectáculo administra la diferencia y regula sus expresiones.            

Hasta aquí, el debate podría entenderse como una controversia mediática más. Sin embargo, su relevancia se profundiza cuando se observa el contraste entre la visibilidad celebrada y la realidad material de quienes han sostenido históricamente las luchas por derechos que hoy se exhiben como conquistas consolidadas.

Es en este punto donde resulta inevitable mencionar la situación de Alejandra Soto Castillo. Dirigenta trans histórica, fundadora del Sindicato Amanda Jofré y de la Red Trans Chile, su trayectoria está directamente vinculada a procesos de incidencia política que permitieron avances normativos fundamentales, entre ellos la Ley de Identidad de Género y lineamientos de atención en salud para personas trans. Su trabajo fue territorial, sostenido y, en gran parte, realizado en condiciones de precariedad y sin respaldo institucional estable.

Hoy, Alejandra Soto enfrenta una situación de alta vulnerabilidad social y de salud. Su realidad actual contrasta de manera evidente con los discursos públicos de inclusión, diversidad y memoria que circulan en espacios mediáticos, culturales y organizacionales.

No se trata de un caso individual aislado, sino de una señal de alerta sobre la fragilidad de los mecanismos de cuidado y acompañamiento hacia quienes han sido parte fundamental de la construcción de derechos.

Desde una perspectiva de derechos humanos —tanto en el marco normativo chileno como en los estándares internacionales vigentes al año 2026—, la dignidad no es contingente ni depende de la visibilidad, del éxito mediático o del momento vital de una persona. El derecho a una vida digna, a la no discriminación y al reconocimiento efectivo no se agota en el acceso a escenarios ni en gestos simbólicos de inclusión.

Este texto no busca establecer responsabilidades individuales ni emitir juicios morales. Busca describir un proceso observable: una brecha persistente entre la inclusión celebrada y la protección efectiva de las personas cuando dejan de ser funcionales al relato público.

La censura, la invisibilización y la precariedad no siempre operan de manera explícita; muchas veces se manifiestan como silencios prolongados, ausencias de apoyo y memorias selectivas.

La inclusión no se mide únicamente en escenarios ni en gestos simbólicos, sino en la capacidad de sostener, en el tiempo, la dignidad de las personas que hicieron posibles los derechos que hoy se celebran. Cuando la memoria se vuelve selectiva y el acompañamiento se debilita, la diversidad corre el riesgo de transformarse en un recurso decorativo más que en un compromiso efectivo. Desde una mirada de derechos humanos, la pregunta que queda abierta no es quién aparece en pantalla, sino qué ocurre con quienes, lejos del foco, continúan esperando coherencia entre los discursos públicos y la realidad material de sus vidas.

Porque sin memoria no hay justicia.

Y sin justicia, toda inclusión es solo escenografía.

La Florida Villa Santa Teresa ex «Población 3 de Mayo» ( aluvión 1993 quebrada de Macul)