El gobierno ya inició la discusión presupuestaria para el 2022 y como todos los años presentará su propuesta durante el mes de septiembre, sin duda el gran desafío del presupuesto estará en el financiamiento de los efectos de la pandemia y, sobre todo, hacerse cargo de la inexistente política de cuidados de nuestro país
Los efectos de la pandemia llevaron a que millones de chilenos perdieran o precarizaran sus empleos, se empobrecieran y no pudiesen acceder a una alimentación básica suficiente, además de los evidentes problemas de salud agudizados en la población crónica y usuarios de atención en salud mental.
Con el COVID quedó en evidencia además, la ausencia de una política de protección y de cuidados, la que ha sido reemplazada por el IFE y el retiro del 10%, sin asumir de verdad una política seria en materia de gasto social.
En este sentido la propuesta del gobierno de reducir el presupuesto en un 20% en base a la política de ajuste fiscal, reitera la tesis de ajustar el cinturón de los pobres para mantener o aumentar las ganancias de unos pocos que aun en pandemia no se han visto afectadas.
El gobierno preso de su neoliberalismo no tiene margen para defender esta propuesta presupuestaria, además de ser impopular, ni siquiera considera las recomendaciones del Consejo Fiscal autónomo que afirma que el país tiene un margen para un mayor esfuerzo fiscal. Eso sin considerar que muchos países de la OCDE sostienen porcentajes de endeudamiento mucho mayores que Chile.
El país necesita financiar dentro de otras cosas, un plan de protección y cuidados integrales que esté garantizado por ley y que asegure una renta básica familiar, pensiones dignas, alimentación, atención sanitaria oportuna e integral, así como inversión en infraestructura de servicios públicos comunitarios, sin fines de lucro .
Si el presupuesto pone foco en esto y mantiene un fondo COVID por el nivel de incertidumbre existente en materia epidemiológica, podremos poner en el centro de la construcción presupuestaria a las personas y no a los intereses del gran capital.
Mayoritariamente fueron estos temas, además del transporte y la educación, los que movilizaron a millones de chilenos para decir basta a un modelo que no garantiza la reproducción de la vida y que serán abordados en la Convención Constitucional.
Por eso, no sólo debemos oponernos a una disminución del presupuesto, sino a exigir un aumento de éste que asegure los aspectos vitales de la sociedad como lo son la protección y los cuidados en un momento marcado por la pandemia y por la oportunidad de reescribir nuestra historia a través de una nueva constitución para el bien común y el buen vivir.
Alejandro Escobar Lobos
Director área de Salud Municipio de Valparaíso
){kind=link}