Cuerpos de mujeres para uso y consumo

Impactante ha sido el acontecimiento que involucra a Manuel Monsalve Benavides, exsubsecretario del Interior del primer gobierno feminista, en los delitos de violación y abuso sexual de una trabajadora de su repartición (‘subordinada’). El imputado está en prisión preventiva mientras transcurre la investigación en curso[1].

El actuar de Monsalve, como el de tantos otros, se inscribe en un orden patriarcal milenario que no se desmonta de un día para otro. Las leyes que sancionan la violencia de género y la mayor conciencia al respecto, son resultado de la acción-reflexión feminista durante décadas.

Hasta hace poco, las violaciones y abusos sexuales no se denunciaban, no había legislación ni apoyo a las víctimas que permanecían en silencio y muchas veces conviviendo con su agresor en el mismo hogar familiar, donde ocurre parte importante de estos hechos que afectan sobre todo a niñas y mujeres, también niños. Una realidad que aún se silencia y que muestra la vigencia de dicho orden patriarcal, del cual devino el capitalismo hoy global cuyo sino es la apropiación y dominio de bienes y personas (desde los primeros pastores nómadas, hay que decirlo una vez más).

Cuerpos de mujeres para uso y consumo doméstico y sexual y como fuerza de trabajo.

Cuando Naciones Unidas instauró en 1975 el Año Internacional de la Mujer, seguido por el Decenio (1976-1985), se instalaron dos enfoques para guiar las políticas públicas: el primero se propuso incentivar la “incorporación de la mujer al trabajo” (remunerado) y propiciar su “participación política” (paridad), fue el enfoque “Mujeres en el Desarrollo” (MED) o Women in Development. En respuesta a ese primer enfoque, en la década de 1980 surgió “Género en el Desarrollo” (GED), impulsado sobre todo por movimientos de mujeres del ‘Tercer Mundo’, que relevaron la autonomía física, la autonomía económica y social. Este enfoque exigía erradicar la violencia hacia las mujeres y disidencias sexuales en todas sus dimensiones (física, sexual, psicológica, económica), promoviendo y exigiendo los derechos sexuales y reproductivos, así como una participación política y económica con igualdad de oportunidades. Tales dimensiones de la autonomía implican el derecho a decidir, a optar y a crear lo que no existe.

Desde su fundación en 1991, el Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, priorizó ‘la incorporación de la mujer al trabajo’, respondiendo sobre todo a la necesidad de la economía capitalista de más mujeres como fuerza de trabajo y de consumo, incluidos los ‘servicios a las personas”.

La economista Janet Yellen, Secretaria del Tesoro de EEUU desde 2021 y la primera mujer en ocupar el cargo de Presidenta de la Reserva Federal en su país, dijo en entrevista que las mujeres “han sido obstaculizadas porque hay barreras en la igualdad de oportunidades y normas laborales que no permiten un equilibrio razonable entre el trabajo y la vida”[2]. Curiosa manera de separar trabajo y vida, como si la vida no lo contuviera todo. Y señala que se desperdicia un potencial que se traduce en “una pérdida sustancial de la capacidad productiva de nuestra economía”. Es lo que importaría más, la economía.

Un hecho anecdótico y muy ilustrativo es el dibujo en la portada del “Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Sernam 1994-1999”: el mundo colocado a la altura del hombre, la mujer se ve obligada a empinarse (posición permanente cuyas secuelas negativas son más que calambres y várices en las piernas).

Respecto a la ley contra la violencia hacia las mujeres, el Sernam promulgó la “Ley VIF” circunscrita a la “violencia intrafamiliar” según la visión familista del partido democratacristiano que lideraba el Sernam de esos años, de acuerdo a las cuotas de rigor. Ha costado décadas modificar la Ley VIF y relevar la violencia de género en sus distintas manifestaciones, gracias al quehacer feminista a nivel nacional e internacional (Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres, desde 1990; Convención Belem do Pará, 1994).

La asociación espuria género y mujer como sinónimos sigue presente, resultado de una ignorantización forzada, interesada. Se invisibiliza lo que significa género, por tanto, se invisibiliza que feminismo es más que los legítimos derechos de las mujeres (feminismo liberal), al proponerse un cambio civilizatorio que involucra a todas las personas (feminismo radical), cambio iniciado simbólicamente por la mítica Lilith en la tradición judeocristiana.

En relación con la propuesta de Constitución 2022, un magíster en ciencia política señaló en una columna que “la discusión se pierde en demandas de nicho, del tipo feministas, de la diversidad sexual, ecologista, de la distribución de las aguas, indigenista”[3]. Su apreciación muestra en forma nítida la ignorancia existente en personas con ‘alto’ nivel educacional que no logran despegar de análisis como ese, similar a quienes usan el término ‘políticas identitarias’.

Al respecto, educación y formación permanente es una urgencia en Chile, recurso monetario hay. ¿Cuánto dinero estatal para publicidad va a medios de comunicación del oligopolio, que promueven el consumo y la ignorantización en “temas” que llaman “valóricos”? ¿Cuánto dinero reciben las fuerzas armadas para una cultura de muerte?

En esta nueva modernidad, mujeres y disidencias sexuales se aceptan discursivamente, es decir, a medias. Las violencias siguen existiendo, son el pan cotidiano, incluido el femicidio. En la FACH, un recurso judicial permitió saber públicamente que una junta secreta truncó la carrera sobresaliente de una oficial con 18 años de servicio por su orientación sexual, saltándose como si nada la legislación nacional y los tratados internacionales firmados por Chile[4].

¿Podemos elegir las mujeres?, el ‘sentido común’ que se instaura en cada época indica que no. Hace unas décadas el rol esperado o soñado era convertirse en madre-mujer-dueña de casa mediante el matrimonio. Hoy, diversos estudios muestran que un porcentaje importante de mujeres jóvenes no planea tener hijos ni casarse. Es otro el sentido común que se ha ido instalando en la sociedad capitalista, individualista. La tasa de fecundidad de 1,3 en Chile es similar a la de ‘países desarrollados’ que impulsan políticas de natalidad para revertir las consecuencias en el reemplazo generacional, que requiere una tasa de 2,1.

Habría una ‘desmaternización’, señaló la escritora Diamela Eltit hace poco en un conversatorio sobre izquierda y feminismo: las mujeres están dejando de ser madres. Sin embargo, hay que decir, siguen a cargo del cuidado de personas en sus familias y fuera de ellas, en forma gratuita (‘por amor’) o remunerada, roles maternos o femeninos en nuestra cultura, aunque biológicamente no sean madres[5]. 

Aun cuando las cifras indican que la pobreza se ha reducido en el país, según la Fundación SOL (ESI 2023), el 50% de quienes trabajan en forma remunerada en Chile gana menos de $583 mil, y dos de cada tres personas recibe menos de $780.000 líquidos. Solo el 22,4% gana más de $1.000.000 líquidos. Por su parte, el 71,4% de las trabajadoras gana menos de $780 mil líquidos[6].

En cuanto a desigualdad social, 1/3 del ingreso generado por la economía chilena lo capta el 1% más rico, según cifras del Banco Mundial.

En noviembre de 2023, indica el mismo estudio, la línea de la pobreza por ingresos en Chile para un hogar de 4 personas fue de $607.443. El 55,7% del total de personas ocupadas no podría sacar a una familia de 4 personas de la pobreza (62,1% en el caso de las mujeres y 50,9% para los hombres), lo cual da cuenta de los elevados niveles de precariedad que existen en el mundo del trabajo.

A su vez, la mayoría de las personas mayores, entre las que me cuento, sobreviven con pensiones insuficientes o miserables, esperando por años las necesarias reformas a las cuales se siguen oponiendo partidos de derecha al querer imponer su mirada: las cotizaciones completas a capitalización individual. Cuánto egoísmo e indiferencia por las personas mayores que sufren las consecuencias. 

Este es el país-mundo patriarcal donde las mujeres están dejando de parir. Un mundo donde las guerras y el genocidio en Gaza son indicadores de la cultura de muerte que predomina y que se manifiesta en desigualdades de todo tipo junto con la contaminación y depredación del planeta, territorio humano que requiere ser cambiado, un proceso en marcha lenta.

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[1] Ante este suceso, sectores de derecha se esmeran en obtener réditos políticos, como suelen hacer, al acusar un inicial pacto de silencio en el gobierno. Caraduras: aún no se sabe del destino de miles de personas a las que desaparecieron durante la dictadura civil militar, debido a sus miserables pactos de silencio. ¿Y qué tal el silencio de la derecha en torno al rol del exministro del Interior del anterior gobierno  en el llamado ‘caso audios’ (léase Hermosilla) relacionado con la mayor corrupción conocida en el país?

[2] El Mercurio, entrevista (sábado 20 de enero de 2018), p. D 31.

[3] https://eldesconcierto.cl/2024/11/17/reflexiones-despues-de-octubre-consecuencias-historicas-del-estallido-social

[4] https://interferencia.cl/articulos/discriminacion-por-orientacion-sexual-en-la-fach-recurso-judicial-revela-como-junta

[5] Un 71,7% de la población dependiente recibe cuidados y asistencia de parte de personas cuidadoras que son predominantemente mujeres, según la “Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia” (ENDIDE), realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en 2022.

[6] https://fundacionsol.cl/blog/estudios-2/post/los-verdaderos-sueldos-de-chile-2024-7530.