lunes, julio 15, 2024

Cuando la violencia se hace costumbre

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No podemos negar que en las últimas décadas hemos sido testigos de avances importantes en lo que respecta a la igualdad de mujeres y hombres ante la ley, y que la sociedad chilena, de la mano de las nuevas generaciones, ha pisado el acelerador a partir del estallido social. Hoy nos encontramos frente a un Chile que parece mucho más receptivo a las manifestaciones de violencia, más aún cuando estas se presentan como resultado de desigualdades históricas que estuvieron invisibilizadas, por tanto tiempo, en los recovecos de lo que concierne a lo privado. 

Pero aun cuando los avances parecen ser significativos desde la mirada general, en la práctica de lo cotidiano somos conscientes de que nos falta demasiado y que cada día a la espera del ansiado instrumento que nos permita erradicar la violencia de género en sus distintas manifestaciones -desde la más antigua y reconocida como lo es la física, hasta aquella que está próxima a nacer como resultado de una nueva red social- la violencia de género continúa pasándole por encima a las mujeres en nuestro país sin piedad alguna.

Según cifras recopiladas en el registro de femicidios publicado por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, entre 2017 y 2022 un total de 348 mujeres han perdido la vida en nuestro país a manos de un hombre que, alguna vez, cumplió un rol significativo en sus vidas. En el mismo periodo, 17 mujeres decidieron acabar con su vida, motivadas por la violencia machista de la cual fueron víctimas; violencia agravada por un sistema que tomó palco ante la negligencia de sus instituciones, que dotó de impunidad a sus agresores, mientras a ellas -día a día- se les apagaba la vida. El mismo registro indica que entre los años 2020 y 2021, 14 niñas, niños, adolescentes y/o familiares cercanos a una mujer, fueron víctimas de asesinatos relacionados a violencia de género como forma de castigo y/o venganza, como forma de causar un daño aún más profundo que aquel que produce una agresión física, psíquica o sexual cometida directamente en su contra.

El periodo señalado y las cifras que lo acompañan, es una elección consciente que busca graficar un hecho ineludible: que al menos 348 mujeres fueron víctimas de femicidio, al tiempo que 17 mujeres se quitaron la vida por razón de violencia de género entre el 7 de enero de 2017 -día en el que es ingresado al parlamento, durante el segundo periodo de la Presidenta Michelle Bachelet, el “Proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”- y el pasado 12 de octubre de 2022, cuando al fin se retoma la discusión de la iniciativa en el Senado, bajo la atenta mirada de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y que hoy tiene el carácter de prioritario en la agenda del  gobierno liderado por Gabriel Boric Font.

Ministra Antonia Orellana / Agencia Uno

Entonces, si tenemos la claridad de la multicausalidad del fenómeno de la violencia, el diagnóstico que nos señala las insuficiencias estructurales para combatirla y la intención del Estado por hacer un esfuerzo transversal para que al fin las mujeres podamos contar con una “Ley integral de violencia”, ¿por qué entonces palpamos la sensación de mantenernos estancadas en la vacilación de la justicia? Una justicia que enfrenta, por ejemplo, la violencia intrafamiliar desde la dualidad del sistema del derecho procesal de familia y el penal, cuya falta de coordinación en la práctica agudiza el problema del acceso a la justicia de las mujeres, a quienes además se les pone en escenarios tan complejos como quedar en el medio de la derivación de un tribunal a otro, en este limbo en el que se ha convertido la figura del delito de maltrato habitual, en donde incluso se hace difusa la obligación legal de hacer seguimiento a las medidas que buscan cautelar la integridad de la víctima.

¿Por qué la fe de muchas pareciera estar puesta en esta “Ley integral de violencia”? La respuesta es clara: porque una de las grandes cosas que trae aparejada, es que en su texto logra abarcar todas las formas de violencia contra las mujeres recogida por la normativa internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, como también las recomendaciones de los órganos de derechos humanos en el ámbito universal y regional; por tanto, de ser aprobada, podremos al fin comenzar a llamar a las cosas por su nombre, y reitero que entre 2017 y 2022 un total de 17 mujeres perdieron la vida producto del suicidio femicida, o que 14 niñas, niños, adolescentes y/o familiares de una mujer, perdieron la vida producto de la violencia femicida correspondiente a violencia vicaria extrema.

Sin duda, ninguna normativa por muy moderna que sea traerá la solución a los problemas
sociales y estructurales enraizados en la base cultural de nuestro país, pero el proyecto de ley aludido parece al fin representar una real significancia en los cambios tan ansiados por las mujeres; más aún, en aquellas que han hecho de esta causa su motor para continuar en la lucha por la reivindicación de sus derechos, y no dejar que la violencia se haga costumbre.

Patricia Morin Donoso
Patricia Morin Donoso
Encargada de la Unidad de Género y Coordinadora del Frente Feminista Arica y Parinacota de Revolución Democrática (RD)

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