Presidenta del Perú descarta el adelanto de elecciones: “trabajaremos juntos hasta julio de 2026”
Decisión de Dina Boluarte frustra movimientos sociales que preparan la tercera ola de protestas por un cambio en el calendario electoral y por una asamblea constituyente en el país.
En una conferencia de prensa brindada este día viernes (16/6), la presidenta del Perú, Dina Boluarte, anunció un decreto que pone fin a la discusión del último proyecto de ley que proponía la anticipación de las elecciones presidenciales en el país.
Al lado del jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y del ministro de Economía, Alex Contreras, Boluarte dijo que “este tema de las elecciones anticipadas está cerrado, seguiremos trabajando con responsabilidad, en el respeto al Estado de derecho, la democracia y la Constitución, hasta julio de 2026”.
La anticipación de las elecciones fue el principal reclamo de los movimientos sociales desde el inicio de la más reciente crisis política en Perú, originada por la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022 y su reemplazo por Boluarte, cuyo gobierno fue considerado ilegítimo por diferentes sectores.
La situación generó una intensa ola de protestas exigiendo nuevas elecciones en el país para este 2023, además de un plebiscito para que se generara una asamblea constituyente, que redactara una nueva constitución, en reemplazo de la actual, impuesta en 1992 por el entonces dictador Alberto Fujimori.
Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, se presentaron al Congreso unicameral del país tres proyectos de ley que proponían la anticipación de elecciones, pero dos de ellos, que preveían comicios para este 2023, fueron rechazados por los congresistas, mientras que una última iniciativa, que preveía una nueva elección recién en 2024, se encontraba congelada en la Legislatura desde marzo pasado.
La decisión de Boluarte llega en vísperas de una nueva ola de manifestaciones que los movimientos sociales peruanos vienen anunciando para los meses de junio y julio. La denominada “Nueva Toma de Lima”, que evoca la “Toma de Lima” ocurrida en febrero de este año, prevé una marcha de los movimientos desde diferentes regiones del Perú hacia la capital del país, para exigir la anticipación de las elecciones.
Hasta el momento, los movimientos no han comentado si la decisión de Boluarte cambiará la agenda de manifestaciones previstas para las próximas semanas.
Violaciones a los derechos humanos
La indignación popular contra el gobierno de Boluarte, derivada de lo que los movimientos sociales consideraron como una “transición ilegítima” tras la caída de Castillo por un proceso de juicio político, se vio reforzada por la durísima represión de las fuerzas de seguridad a las protestas en el país.
Entre diciembre y marzo, varios movimientos sociales realizaron eventos casi diarios en diferentes ciudades. Todos estos hechos fueron objeto de acciones violentas por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y también de las Fuerzas Armadas. Estas últimas fueron accionadas en enero, cuando la presidenta declaró el Estado de emergencia por las manifestaciones.
La violencia estatal ha generado un gran número de víctimas en el país vecino. En marzo de este año, un grupo de observadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el Perú, en un esfuerzo conjunto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de ese país.
El informe final de la Comisión, publicado en abril, señaló que hubo 73 muertes registradas oficialmente durante los primeros cuatro meses de protestas en el país. Además, el documento señala que en al menos 48 de estas muertes hay evidencias de que hubo ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías o militares.
También se denunciaron miles de otros casos de violaciones a los derechos humanos, incluyendo personas lesionadas por agentes del Estado, detenciones arbitrarias y violencia sexual.
Encuentro con Lasso
Una curiosidad del pronunciamiento de este viernes es que se produjo al día siguiente de la reunión bilateral entre Boluarte y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
Lo irónico del encuentro entre Lasso y Boluarte, ocurrido este jueves (15/06) en la ciudad peruana de Piura, es que el líder ecuatoriano realizó en su país exactamente lo que los movimientos peruanos le piden a Boluarte: decretó la anticipación de las elecciones presidenciales.
Sin embargo, es necesario entender el contexto: en el caso ecuatoriano, el presidente derechista enfrentaba un proceso de juicio político que tenía altas posibilidades de ser aprobado, debido a la mayoría opositora en el Congreso, por lo que activó un instrumento constitucional denominado “muerte cruzada”, que disuelve el Poder Legislativo y obliga al jefe de Estado a convocar elecciones generales de inmediato.
Con eso, Lasso evitó su propia destitución. En seguida, las autoridades electorales de Ecuador comenzaron a organizar apresuradamente las elecciones generales anticipadas, cuya primera vuelta está prevista para el 20 de agosto – una posible segunda vuelta sería el 15 de octubre.
En Perú, una de las justificaciones de Boluarte – elegida vicepresidente en la fórmula progresista con Pedro Castillo, pero que se alió a la derecha tras asumir el poder – para no apoyar proyectos de anticipación electoral fue que “lleva tiempo organizar elecciones generales”, por lo que, según ella, sería imposible que se llevaran a cabo en 2023.
Sin embargo, la misma mandataria peruana fue una de las primeras figuras políticas sudamericanas en apoyar a su homólogo ecuatoriano, elogiando incluso el decreto que adelantó a las elecciones en su país. “Respetamos una decisión que fue adoptada dentro del marco constitucional y esperamos que el próximo proceso electoral en nuestro vecino país se desarrolle dentro de los parámetros legales, en paz y con democracia”, expresó Boluarte.
