Ex Presidenta de facto de Bolivia es condenada a 10 años de prisión por su participación en el golpe de Estado de 2019

La Justicia boliviana dio a conocer este viernes el fallo en contra de la ex Presidenta de facto, Jeanine Áñez, quien fue condenada a 10 años de prisión por los crímenes de sedición, conspiración y promoción del terrorismo de Estado. Esto, en función de su participación en el golpe de Estado de noviembre de 2019 contra el entonces Presidente legítimo, Evo Morales.

La decisión fue tomada por el Juzgado de Primera Instancia de La Paz, presidido por el juez Germán Ramos, quien evaluó la participación de Áñez durante el golpe, cuando las Fuerzas Armadas la impusieron como Presidenta de la nación, aprovechando su cargo de vicepresidenta del Senado y tras usar las armas para exigir la renuncia de todas las figuras anteriores a ella en la línea de sucesión. Además de Morales, fueron obligados a renunciar el vicepresidente, Álvaro García Linera; la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, todos del partido MAS (Movimiento al Socialismo).

La defensa de Áñez alegó que ella es inocente y que es una “presa política”, razón por la cual prometió llevar el caso a tribunales internacionales. En su declaración ante la Justicia, la ex Presidenta de facto afirmó que “todo el mundo sabe que soy inocente. Hice lo que tenía que hacer y asumí la Presidencia por compromiso con Bolivia. Lo volvería a hacer si tuviera la oportunidad”.

El golpe de 2019

El golpe de Estado fue realizado el 10 de noviembre de 2019, cuando las Fuerzas Armadas se sumaron a las fuerzas policiales y a grupos opositores radicalizados que se aprovecharon de un informe de la OEA (Organización de los Estados Americanos). Dicho documento indicaba que supuestamente hubo un fraude en las elecciones presidenciales realizadas un mes antes, y que terminaron con la reelección de Morales en primera vuelta. Meses después, diferentes análisis técnicos de universidades extranjeras demostraron que dicho informe no contenía pruebas suficientes para sostener la tesis de que hubo fraude.

Una vez en el poder, Áñez pasó a reprimir duramente a los movimientos sociales y campesinos que no aceptaron su gobierno. En esta tarea también contó con la complicidad de las Fuerzas Armadas y de las policías.

Un informe de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) presentado en 2020 estableció que hubo al menos 36 muertes y cientos de heridos en los primeros días de su gobierno, en lo que se conoce como las Masacres de Senkata y Socaba. De hecho, ella también responde por esos crímenes ante la Justicia, por lo que podría acumular más años de cárcel por cumplir en el futuro.

Su mandato como Presidenta de facto duró exactamente un año. Al asumir, prometió realizar elecciones presidenciales en tres meses, pero cambió la fecha tres veces para beneficiar su propia candidatura. Aunque, al final, renunció debido a sus malos números en las encuestas.

En noviembre de 2020, Áñez entregó la Presidencia a Luis Arce, un ex ministro de Evo Morales que devolvió el poder al MAS tras ganar las elecciones en primera vuelta.

Luego de perder el fuero que mantenía como Presidenta de facto, Jeanine Áñez pasó a tener que responder a la Justicia por su participación en el golpe de Estado. En marzo de 2021, se decretó su prisión preventiva, decisión que la mantiene encarcelada desde entonces.

En agosto de 2021 los abogados defensores de Áñez reclamaron que ella sufría de “abusos realizados por agentes penitenciarios” y que habría intentado suicidarse más de una vez. Por esta razón pidieron que le fuera dado el beneficio de la prisión domiciliar, el que fue negado.

La ex Presidenta de facto vive hace 15 meses en una celda exclusiva para ella en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, donde también están presas otras mujeres condenadas por delitos comunes.