La Justicia de Brasil anda pisando los talones al expresidente Jair Bolsonaro. Son dos los casos que involucran al líder de la extrema derecha brasileña y que pueden resultar en su prisión preventiva a cualquier momento, según analistas de la prensa local.
Una de esas investigaciones tiene que ver con los eventos ocurridos tras su derrota electoral en octubre de 2022, cuando fracasó en su intento por lograr la reelección, al ser superado por Lula da Silva en el ballotage de los comicios presidenciales en el país del Atlántico.
Este jueves (17/08), una comisión parlamentaria interrogó al hacker Walter Delgatti Neto, quien reveló que mantuvo reuniones con Bolsonaro y con la diputada Carla Zambelli, entonces líder del oficialismo bolsonarista en el Congreso, entre los meses de septiembre y noviembre.
Según Delgatti, antes de la derrota electoral, el presidente y su equipo político le pidieron que intentara hackear una de las urnas electrónicas usadas en Brasil, para comprobar que el el sistema está sujeto a manipulación de los resultados – discurso en el que Bolsonaro insistía desde 2021.
Sin embargo, a partir de noviembre, el pedido del entorno bolsonarista cambió, y pasó a enfocarse en el magistrado Alexandre de Moraes, miembro del STF (Supremo Tribunal Federal, máxima instancia del Poder Judicial brasileño) y presidente del TSE (Tribunal Superior Electoral).
El plan, según el hacker, era intervenir las comunicaciones del juez y buscar alguna evidencia que lo incriminara, lo que fortalecería el discurso de poner en duda la seguridad del proceso electoral, por el cual Bolsonaro intentaría un golpe para mantenerse en el poder, pese a la derrota electoral.
El abogado de Delgatti afirmó que habría documentos que comprobarían sus declaraciones, pero que serían entregados solamente a la Policía Federal brasileña – similar a la PDI chilena.
Corrupción
El otro caso que complica a Bolsonaro tiene que ver con la confesión entregada por el teniente Mauro César Cid, quien era su ayudante de órdenes cuando era presidente.
La Policía Federal descubrió recientemente que Cid y su padre, el general Mauro Lourena Cid, habrían salido de Brasil en diciembre pasado con objetos de oro (dos relojes y una estatuilla en forma de palmera) que fueron entregados por sultanes de Estado de Arabia Saudita y Baréin. Los dos militares vendieron esos objetos en Nueva York, según los investigadores.
Sin embargo, los regalos entregados entre jefes de Estado son considerados por ley como objetos que deben ser incorporados al acervo presidencial, por lo que no pertenecen al mandatario de turno, sino que son patrimonio del país.
Este viernes, la revista Veja, semanario conocido por su línea editorial de derecha, publicó una entrevista con el abogado del teniente Mauro César Cid en el que asegura que su cliente llevó los objetos y los vendió en Estados Unidos, y que el dinero recibido por la venta fue depositado en cuentas bancarias a nombre del expresidente y de su mujer, Michelle Bolsonaro. El defensor también asegura que hay pruebas documentales de ello.
La confesión de Cid no es la única evidencia de ese caso de corrupción involucrando al exmandatario. También esta semana la Policía Federal descubrió que el álibi de Bolsonaro habría sido fabricado: su defensa entregó uno de los relojes dorados al Tribunal de Cuentas de Brasil en abril. Sin embargo, fueron descubiertos esta semana recibos comprobando que el abogado Frederico Wasseff, el principal asesor jurídico de la familia Bolsonaro, viajó a Nueva York en marzo pasado y recompró el reloj al mismo comprador a quien Cid le había vendido meses antes.
Algunos medios de prensa especulan que el STF podría ordenar la prisión preventiva de Bolsonaro en cualquier momento. Sin embargo, el ministro Alexandre de Moraes, responsable de la investigación de los objetos vendidos en Estados Unidos, ha tomado solamente dos decisiones: abrir el sigilo bancario del expresidente y solicitar el apoyo del FBI estadounidense en las investigaciones.
