El ahora ex ministro prefirió dar un paso al costado tras haber sido aprobada su acusación constitucional. El libelo acusatorio había obtenido 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención del diputado Pablo Lorenzini.
Durante la tarde de este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional en contra de Víctor Pérez, la cual estaba relacionada directamente con su gestión en el ministerio de Interior, el paro de los camioneros y su postura frente a las violaciones a los DD.HH. ocurridas durante la revuelta social y en las protestas en conmemoración del 18O.
Con 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención, del diputado independiente Pablo Lorenzini, el libelo acusatorio fue aprobado en el congreso y pasará al Senado para su revisión final.
⭕️ AHORA | Con 80 votos a favor, 74 en contra y 1 abstención la Cámara aprueba la procedencia de la #AcusacionConstitucional contra el Ministro Víctor Pérez. Pasa al Senado.
— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 3, 2020
El ministro queda suspendido de sus funciones hasta que se resuelva en el @Senado_Chile. pic.twitter.com/HQLXqF8yIP
Pero tras este hecho, Pérez decidió dar un paso al costado y no continuar al mando de la cartera más relevante del Ejecutivo.
“Acabo de hablar con el Presidente y le hice llegar mi renuncia al cargo porque no estoy dispuesto que a través de mi persona se dañe al Gobierno. Intentó persuadirme, pero aceptó mis argumentos”, comentó el ex ministro en una conferencia de prensa en el Congreso.
Esto no quita que deberá enfrentar en los próximos días la revisión de su acusación frente al Senado, la cual deberá ser votada y analizada aunque Pérez se presente como un ciudadano.
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Para los que aducen que la acusación constitucional contra el Pérez no tiene sustento LEGAL NI JURÍDICO, se les informa que esta acusación es POLÍTICA y sólo tiene que ver con su actuación en el desempeño de su cargo, que incluyó discriminación, favoritismo a sus partidarios y otorgar privilegios a los suyos, despreciando a todo el resto de la ciudadanía, además de otorgar granjerías a grupos abiertamente sediciosos y criminales, como los camioneros y paramilitares del sur. Todo eso pudo hacerlo “dentro de la Ley y de la constitución”, ya que nuestras leyes dan para todo: desde permitir al SII y a los jueces dictaminar la impunidad de delincuentes y criminales, hasta celebrar contratos entre humanos y gatos…