«Un paso, pero insuficiente para cesar con prisión política»: Abogado Claudio Nash tras anuncio de retiro de querellas por Ley de Seguridad del Estado

La tarde de este jueves, las entrantes ministras del Interior, Izkia Siches, y de Justicia, Marcela Ríos, anunciaron el retiro inmediato de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) presentadas por el saliente gobierno en el contexto del estallido social.

En un comunicado público, se apuntó que la medida -una promesa de campaña del Presidente electo Gabriel Boric incluida en su programa de gobierno- «busca que la LSE no sea utilizada para la persecución injusta y desproporcionada».

Tras el anuncio, el reconocido abogado y Coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, comentó a través de su cuenta en Twitter que «el retiro de las querellas por Ley de Seguridad del Estado es un paso, pero no es suficiente para cesar con la prisión política».

Y es que ocurre que en la práctica los efectos de esta decisión del gobierno entrante son puntuales y no significan necesariamente la libertad de quienes hoy son perseguidos penalmente por el Estado chileno.

Nash explicó que el objetivo de las querellas por LSE es «aumentar las penas a las que las personas pueden ser condenadas y, sobre esa base, poder mantenerlas en prisión preventiva». Dicho esto, apuntó que con el retiro de dichas acciones legales «nadie sale automáticamente en libertad y quienes han sido condenados seguirán en dicha condición».

En ese sentido, agregó que decretar las libertades de los presos «dependerá de los Tribunales de Justicia y no del Gobierno». Y esto último tiene que ver con que -en la gran mayoría de los casos- los imputados están en esa condición por más de un delito, a los que se les ha agregado la Ley de Seguridad del Estado con el objetivo de aumentar las eventuales penas a las que sean condenados y con el fin de mantenerlos en prisión preventiva, evitando que accedan a medidas cautelares menos gravosas, como el arresto domiciliario.

En consecuencia, los procesos seguirán adelante en función de los otros delitos imputados, a lo que se debe sumar que el acceso a una eventual libertad durante este está también condicionado a que quienes la soliciten no tengan antecedentes penales que les impidan argumentar una irreprochable conducta anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, al ser retiradas las querellas por Ley de Seguridad del Estado la pena a la que eventualmente pueda ser condenado un imputado disminuye, y eso sí favorecería -dependiendo del caso y siempre que exista la mencionada irreprochable conducta anterior- que se modifiquen las medidas cautelares de prisión preventiva a las que siguen sometidos algunos presos de la revuelta.

Nash concluyó su comentario respecto al retiro de las querellas por LSE señalando que «el problema de fondo se mantiene: la criminalización de la protesta a través de un andamiaje jurídico y político complejo que usó el gobierno de Piñera y que tuvo el respaldo del Congreso y el Poder Judicial».

Junto con ello, respecto al anuncio de que se establecerá una mesa de reparación para las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, enfatizó que «es interesante, pero la demanda es más profunda: una comisión de Verdad, Justicia y Reparación que sea independiente del Gobierno».

El retiro de las querellas por ley seguridad estado es un paso, pero no es suficiente para cesar con la prisión política.
Una mesa de reparación es interesante, pero la demanda es más profunda: una comisión de Verdad, Justicia y Reparación q sea independiente del gobierno. pic.twitter.com/qZerVeR0Lv

— Claudio Nash (@cnashr) March 10, 2022