Un general y comandantes de Carabineros formalizados por cohecho y asociación ilícita: habrían recibido coimas de dueño de aparcadero

Según la acusación del Ministerio Público, la compañía de grúas ACN realizó millonarios y periódicos pagos a uniformados a cambio de que automóviles retirados de circulación fueran enviados al aparcadero de su propiedad en la comuna de San Bernardo.

Manuel Valdés Pinochet, general (r) y ex jefe nacional de Tránsito y Carreteras; Ricardo Barriga Benavides, coronel y jefe de la prefectura Maipo; Marco Meneses Vergara, comandante y ex jefe de gabinete de la Secretaría General de Carabineros; Ismael Cid Riffo, teniente coronel en retiro; Sebastián Pazo Rodway, capitán (r); y los ex cabo Sergio Ulloa Domínguez y Francisco Cortez Lovera.

Esos son los nombres y cargos de los al menos 7 funcionarios de Carabineros que fueron formalizados por los delitos de cohecho agravado y asociación ilícita por el fiscal de la Zona Occidente, Eduardo Baeza, a quienes se suma José María Williamson Poblete, civil socio junto al mencionado Cortez Lovera en la empresa Aparcaderos Custodias Nacionales (ACN).

La información fue dada a conocer por Radio Bío Bío, medio que detalla que esto ocurre en el marco de una investigación por millonarios y periódicos pagos de coimas hechos por la aludida compañía de grúas a los uniformados, a cambio de que automóviles retirados de circulación fueran enviados al aparcadero de su propiedad en la comuna de San Bernardo. La firma habría obtenido como ganancias más de 200 millones de pesos, en un escandaloso nuevo caso de corrupción policial que involucra a oficiales de las comisarías de Bajos de Mena, Huechuraba, Pudahuel, Estación Central, San Miguel y también en la zona oriente.

Por otra parte, en el artículo se detallan antecedentes que vinculan a algunos de los imputados con lavado de dinero de narcotraficantes y robo con intimidación, entre otros delitos.

De acuerdo a la información difundida por Bío Bío, todo comenzó en la Sexta Comisaría de Recoleta, donde el teniente Cid Riffo y el capitán Fernández Paredes se relacionaron desde 2015 con Williamson y Cortez de la empresa ACN para levantar el lucrativo negocio. Según estableció la Fiscalía Occidente, los oficiales comenzaron a favorecer a esa compañía para que los vehículos retirados de circulación fueran trasladados con las grúas de la empresa, enviándolos a su aparcadero ubicado en San Bernardo, algunos de los cuales incluso fueron rematados. «Se tradujo en la obtención de ingentes ganancias para dicha empresa, tanto por el cobro de tarifas de traslados por grúas como tarifas de bodegaje diario», detalló el fiscal Baeza.

El persecutor agregó que los uniformados operaban además con otro carabinero, Julio Inallado, quien como miembro de la Brigada de Tránsito (BT) -instancia creada para encubrir las acciones delictuales- realizaba labores preventivas en la calle junto a su colega Herny Urrutia. Luego, con el objetivo de ampliar el negocio a otras comunas de la Región Metropolitana, el teniente coronel Cid, actuando como intermediario de ACN, tomó contacto con otro oficial de su mismo rango, Marco Meneses Vergara, quien se desempeñaba en un cargo clave como jefe de gabinete de la Secretaría General de Carabineros, desde donde «aceptó violar la ley y recibir coimas», según estableció el persecutor en su presentación.

Toda esta asociación se tradujo en pagos a los comisarios de la 32 Comisaría con jurisdicción en el aeropuerto de Santiago y de la 57ª. Los dineros, según el Ministerio Público, fueron gestionados por otro reclutador: el capitán Sebastián Pazo.

La integración del oficial de más alto rango en esta organización criminal, el general (r) Manuel Valdés Pinochet, se llevaría a cabo por el poder que representaba debido a los distintos procedimientos que podía adoptar y que favorecían las acciones delictuales de la agrupación: imprevistas toma de alcoholemias con el Senda, fiscalizaciones en días festivos, controles masivos y cortes de tránsito, entre otros, según detalló el Ministerio Público. 

En ese sentido, el fiscal Baeza aludió a un hecho ocurrido el 7 de julio de 2020, cuando el general Valdés llegó hasta San Bernardo para «supuestamente a controlar carreras clandestinas de vehículos», cuando en realidad detrás de ello estaba el objetivo de aumentar el retiro de automóviles para los ilegales y lucrativos fines que perseguían los uniformados.

Cabe destacar que la formalización de cargos por parte del Ministerio Público advierte que al menos otros 25 funcionarios podrían ser formalizados.