Imagen: BBC Mundo

Por 6 votos contra 3 -la mayoría de tendencia conservadora- la Corte Suprema de Estados Unidos revocó este viernes la protección constitucional al derecho al aborto, tras casi 50 años de vigencia de dicha garantía en favor de las mujeres que accedieran a interrumpir un embarazo.

Lo que ocurrió es que el tribunal anuló la histórica sentencia del año 1973 conocida como Roe vs. Wade, el precedente legal que protegía dicho derecho.

Esto se traduce en que ahora se restituye a las autoridades de cada Estado de dicha nación la decisión de prohibir o permitir el aborto.

En ese sentido, se estima que a Misuri y Texas -los primeros en restringir el aborto tras darse a conocer la decisión de la Corte Suprema-, se sumen otros 11 Estados que ya han preparado leyes para ello, las que penalizan a las mujeres, los médicos y las clínicas que practiquen la interrupción del embarazo, con penas que pueden llegar hasta la cárcel.

Consultada por BBC Mundo, Grace Howard, experta en criminalización del embarazo de la Universidad Estatal de San José en California, advirtió que “es previsible un aumento de la tasa de mortalidad materna de 21% en los Estados Unidos, que ya es el país industrializado con mayor número de muertes maternas”. Esto, en parte en relación a la práctica de abortos clandestinos que -se asume- se comenzarán a realizar.

Por otra parte, la experta añadió que “los estudios que hemos hecho anticipan que muchas mujeres morirán porque se verán obligadas a dar a luz y no están preparadas o no desean hacerlo, aumentando también la carga sobre el Estado con mayor número de niños dados en adopción”.

Por otra parte, Howard sostuvo que, además, este cambio “será un problema también para las mujeres que tengan abortos espontáneos. Muchas se verán sometidas a investigaciones para probar que el aborto no fue provocado, y si la encuentran culpable podríamos ver escenarios en los que las condenen a 10 o 20 años de cárcel”.

Fue el pasado martes que a través de su cuenta en Instagram Magdalena Gacitúa Silva denunció con mucho dolor lo que le había ocurrido a su perro en su casa de Pirque. “Se me rompió el alma”, comenzó señalando la joven en su relato, donde narró lo sucedido a su can, Magnus, cuando este sorpresivamente ingresó a la casa de su vecino, Jorge Vio.

“Al rato se escucha un disparo, los maestros (que se encontraban en su casa) corren a ver qué pasó y mi mamá asustada fue a preguntar, y al segundo suenan dos disparos más… Habían matado a mi perro, sin razón alguna”, narró Magdalena.

La joven enfatizó en su testimonio que su perro “no estaba haciendo nada”, pero que sin embargo “la primera justificación que dio Jorge Vio fue que estaba cansado de que le comiera sus gallinas”. Algo que ella negó rotundamente, señalando que Magnus “jamás se había pasado a su casa”.

En ese sentido, Gacitúa agregó que Vio se intentó justificar luego asegurando que el can lo había atacado, lo que -dijo- “tampoco era verdad”.

Y añadió lo siguiente respecto al actuar de su vecino: “Uno de los trabajadores le pidió permiso para poder ir a buscar al perro ya muerto y Jorge le responde de forma irónica que si entra a su casa le iba a pasar lo mismo que al perro”.

“Cuando llegué yo al lugar con el corazón destrozado le vi la cara a este hombre y se le notaba una sonrisa, como si estuviese orgulloso de lo que hizo”, enfatizó en esa misma línea Magdalena.

La joven concluyó su relato anunciando que tomarán acciones legales por lo ocurrido, y que su objetivo al denunciarlo es también evitar que la muerte de su perro Magnus quede en la impunidad. Esto porque -como destacó- su vecino, Jorge Vio, es un importante empresario “dueño de Aguas Pirque”.

En ese sentido, cabe mencionar que Jorge Vio aparece efectivamente en la web de Aguas Pirque como parte del directorio de la empresa.

“No puedo permitir que el hombre que lo hizo quede libre y tranquilo, por miedo a que mate a otro de mis perros o que se lo haga a otra persona”, escribió al respecto Gacitúa.

Finalmente, este jueves la mesa conformada por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), a través de su Consejo Directivo Nacional, y Codelco, representada por su presidente ejecutivo (s), André Sougarret, llegaron a un acuerdo tras las movilizaciones generadas por la decisión de la cuprífera estatal de cesar la fundición Ventanas de Puchuncaví, en la Región de Valparaíso.

En ese sentido, de acuerdo a lo señalado en un comunicado conjunto difundido por Codelco, la empresa y los dirigentes sindicales convinieron establecer como principios de diálogo el cuidado de la salud de los trabajadores, de las comunidades donde se insertan las operaciones y la protección del medioambiente, así como el resguardo de la empleabilidad, junto al potenciamiento de la cuprífera como empresa pública.

Sobre esta base es entonces que se acordó la formación de una mesa de trabajo en la División Ventanas, integrada por sus dirigentes sindicales y los representantes de la empresa, donde se abordarán los escenarios del cese de la fundición, hecho sujeto a la modificación de la Ley 19.993, “con el objeto de asegurar una transición justa para los trabajadores(as)”, como se señala en el documento.

Por otra parte, se destaca que también se consideró una instancia para abordar la situación de las empresas contratistas y sus trabajadores que prestan servicios en Ventanas.

Al respecto, se añade que el acuerdo se concretó “luego de que la Corporación ratificara su compromiso de dar continuidad a la División Ventanas potenciando su refinería, en lo que se incluye las inversiones necesarias para su sostenibilidad operacional, con proyectos como el desarrollo de un horno de tratamiento de scrap”.