Isabel Allende advirtió que esta acción otorgaría “impunidad” a delitos cuya gravedad “no puede ser objeto de beneficio alguno”.
A través de la mesa de la Corporación de la Cámara Alta, los senadores Isabel Allende (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y Juan Ignacio Latorre (RD) enviaron un oficio al ministro de Justicia, Hernán Larraín, en el que solicitan que aclare las denuncias de un grupo de abogados de Derechos Humanos, quienes acusaron que dicha cartera ha rebajado penas a condenados por delitos de lesa humanidad en el contexto de la dictadura militar, y bajo amparo de la Ley 19.586.
Al respecto, la senadora Allende señaló que esto “infringe obligaciones internacionales de nuestro Estado, otorgando impunidad frente a delitos tan graves que no pueden ser objeto de beneficio alguno, salvo que se cumpla con los estándares del Estatuto de Roma”.
Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre expresó que “hay un consenso civilizatorio a nivel internacional sobre los crímenes de lesa humanidad y las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos, respecto a que son imprescriptibles e inanmistiables. Por lo mismo, no serían sujeto de beneficios penitenciarios”.
El parlamentario calificó como “una denuncia muy grave” la realizada por los abogados, añadiendo que “sería un retroceso civilizatorio incluso con convenios ratificados por Chile, a nivel internacional, en materia de Derechos Humanos”.
En la misma línea, los parlamentarios expresaron su preocupación respecto al trato desigual hacia los presos en nuestro país, debido a que el Gobierno ha optado por indultar en los delitos más graves, como son los casos de lesa humanidad, mientras que se ha mantenido reticente para cualquier salida para aquellos privados de libertad durante el estallido social.
EL BENEFICIO AL ASESINO DE UN CONSCRIPTO
La voz de los que sobran publicó este lunes un artículo en donde se profundiza en uno de los casos de criminales de lesa humanidad beneficiados, a quien en diciembre de 2020 se le concedió una rebaja de su condena.
Se trata del teniente coronel (r) del Ejército, Carlos Enrique Blanco Plummer, condenado como autor del asesinato del conscripto Gumercindo Gutiérrez Contreras, crimen calificado como “homicidio simple (…) en su calidad de lesa humanidad”.
La Justicia estableció que el 20 de marzo de 1981 Blanco Plummer -quien es sobrino en segundo grado del abogado pinochetista y ex columnista de El Mercurio, Hermógenes Pérez de Arce- se dirigió a la caseta de vigilancia donde cumplía funciones Gutiérrez, y sin mediar ninguna provocación o razón alguna “puso su arma de servicio en la boca del conscripto, disparándole, lo que provocó una herida de tal magnitud que le causó la muerte casi en forma instantánea”.
