Continúan las repercusiones tras la difusión de los antecedentes obtenidos luego del hackeo realizado por el grupo Guacamaya al Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, lo que se tradujo en la exposición en Internet de más de 400 mil correos electrónicos enviados y recibidos en las casillas de 162 funcionarios entre 2012 y mayo de 2022.
Entre la información que más ha llamado la atención destacan los informes emitidos desde la Policía de Investigaciones (PDI) y la Armada, debido a que dan cuenta de un particular interés de ambas instituciones por determinadas actividades de la sociedad civil y de una lectura que se acerca a la criminalización de expresiones que en realidad tienen objetivos culturales, solidarios, formativos o vinculados a expresiones pacíficas de una opinión.
Por ejemplo, en un informe de la PDI del 27 de mayo de 2020 es posible observar que la atención está centrada en un conversatorio virtual sobre “modernización del sistema de inteligencia” organizado por MODATIMA, donde participarían el vocero de la organización y hoy gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; los abogados Rodrigo Román y Manuela Royo; y la periodista del medio Interferencia, Lissette Fossa.
En tanto, en un boletín de la Dirección de Inteligencia de la Armada fechado el 3 de junio de 2020 se consigna dentro de un informe de situación (SITREP) sobre “conflictividad social” a 14 actividades programadas por ollas comunes de La Serena, Coquimbo, Valparaíso, Pudahuel y Ancud. Junto con ello, se menciona a aquellas que realizarían comedores comunitarios.
Son consignados igualmente como eventos de “conflictividad social” un Taller de Historia Territorial y Cosmovisión Mapuche por Zoom en La Araucanía, así como también otro para “dirigentes y dirigentas de vivienda” en Osorno. De la misma forma se cataloga a un seminario sobre conflictos mendioambientales en Concepción que se realizaría por un live de Facebook.
Por otra parte, dicha institución castrense advierte en ese mismo informe sobre una actividad de “recolección de leche para niños” que se llevaría a cabo la tarde de esa jornada en la Plaza René Schneider de San Antonio, y respecto del “acopio y entrega de alimentos no perecibles” que tendría lugar en el Centro Cultural AT-ATOJA de Punta Arenas.
Y en lo que al Ejército respecta, dentro de los documentos destaca aquel titulado “Informe publicaciones grupo Juventudes Comunistas de Chile”, fechado el 15 de julio de 2020, y destacado en una nota realizada tras el hackeo por el medio Resumen.
En él se señala, por ejemplo, que “las constantes publicaciones de este grupo, apoyado directamente por el Partido Comunista de Chile, muestra una activa participación en el ciberespacio, fomentando las protestas con motivo de la contingencia nacional, destacando en los foros emitidos por la red social WhatsApp”.
Junto con ello, los uniformados afirman que “no se podría descartar, que este sea un indicador, para un inicio a un Estallido Social 2.0. Y que vuelvan los actos de violencia con mayor frecuencia en las principales regiones del país, con un centro de gravedad en la región Metropolitana”.
