Este jueves la presidenta del comunal Puerto Montt del Partido Comunes, María Cristina Bustos Concha, denunció al Tribunal Supremo de la colectividad a la diputada Claudia Mix y a todos los militantes que resulten responsables de los hechos dados a conocer en un reportaje de Ciper.
En el artículo se sostiene que esposas, hijos y conocidos de parlamentarios ocupan las tarjetas de carga de bencina que financia la Cámara de Diputados -es decir, con fondos públicos- para comprar combustible, algo que no está permitido.
Y entre los congresistas que aparecen en la publicación figura Claudia Mix, cuya hija, Catalina Martínez Mix, cargó bencina al menos cuatro veces entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, gastando alrededor de $160.000. Por otra parte, asociadas a vehículos de la parlamentaria de Comunes aparecen 22 cargas por más de $600.000 realizadas por Víctor Villar, un funcionario de la Municipalidad de Maipú, entre agosto de 2019 y agosto de 2021.
El reportaje consigna una respuesta enviada desde el equipo de Mix, donde se argumenta que “la diputada no tiene licencia de conducir, por lo que la conducción siempre estará en manos de una o un tercero, ya sea personal de apoyo o cercano, para apoyarla en su traslado”.
Por otra parte, se apunta que “el conductor de turno es quien debe entregar su RUT, pero los autos asociados son exclusivamente los de la parlamentaria y su jefe de gabinete. La diputada mantiene una exigente agenda durante todo el año, incluídos los fines de semana”.
En ese sentido, la denuncia de Bustos ante el Tribunal Supremo de Comunes sostiene que “la respuesta elaborada por la diputada Claudia Mix y reproducida en la nota es una mera formalidad que no se hace cargo del fondo del asunto y solo abre más dudas y ambigüedades, en circunstancia que se esperarían claridades o, al menos, un mea culpa por una situación reprochable social, política y judicialmente”.
Ante esto, la presidenta del comunal Puerto Montt de Comunes pide al Tribunal Supremo de la colectividad que “tome medidas inmediatas para evitar hacer las veces de cómplices o encubridores de una situación que hiere de gravedad un proyecto político que ha levantado las banderas de la transparencia y la probidad”.
“No podemos tolerar este tipo de situaciones que, además de poder acarrear alguna eventual responsabilidad administrativa o de otra índole, son antiéticas y atentan gravemente contra los principios de nuestro proyecto político y dejan en entredicho el compromiso de nuestro partido con la probidad”, concluye Bustos.
