Este martes el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), se refirió durante la sesión del Concejo Municipal al reportaje publicado por Ciper el pasado 17 de noviembre, donde se dio a conocer que la Constructora Cicam realizó desde 2013 transferencias por $580 millones hacia funcionarios de la municipalidad de dicha comuna. Junto con ello, se consignó que también figuran traspasos de fondos desde empleados municipales hacia la mencionada empresa por un total de casi $240 millones.
El caso lo está investigando la Fiscalía Metropolitana Sur y según un informe de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana hay 26 personas investigadas por posible fraude al fisco, entre ellos ex funcionarios y trabajadores activos de la municipalidad (22), además de los cuatro dueños de la empresa Cicam.
En la lista de personas que recibieron dinero, según la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Policía de Investigaciones (PDI) aparecen, por ejemplo, el actual director de finanzas de la municipalidad (hoy separado del cargo), Cristián Ramírez Alvarado, a quien se le hicieron 20 transferencias por un total de $15.750.000; Armando Cabrera Cornejo, trabajador a honorarios en el Programa de Absorción de Empleo (renunció en 2017), el que recibió $408.882.049; Heslie Cifuentes Peralta, trabajadora a honorarios para el mismo programa e hija de Daniel Cifuentes y Victoria Peraltas, dueños de Cicam, a quien se le depositaron $4.644.000; o Marcelo Cifuentes Almazábal, hermano del mencionado Daniel Cifuentes, quien trabajó en un programa comunitario municipal y figura con un cheque a su nombre por $8.440.000.
En la nota se advierte, además, que dos de los dueños de Cicam han estado contratados por el municipio de Puente Alto. Se trata de los citados Juan Daniel Cifuentes y su cónyuge, Victoria Peralta, quienes según los informes mencionados formaron parte del Programa Comunitario de Apoyo Operativo, en labores de albañil, entre enero de 2012 y agosto de 2015. En esa misma línea, se destaca que otro de los socios de Cicam, Iván Camus Cornejo, fue parte del staff territorial de personal de apoyo en el Congreso del senador RN y ex alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón, cuyo contrato en el Senado comprendía servicios entre febrero y agosto de 2019.
En tanto, Emardo Christian Hantelmann Godoy, ex concejal, hoy funcionario en Puente Alto, y ex delegado presidencial y ex subsecretario General de Gobierno bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera, aparece transfiriendo a Cicam $2.330.000. Y René Borgna Verdugo, quien es asesor de Codina y fue jefe de gabinete de la ex ministra Cecilia Pérez en la Segegob -ocupando luego el mismo cargo cuando la secretaria de Estado pasó a Deporte-, figura abonándoles $680.000.
Ciper explica que son dos las hipótesis que han surgido ante estas transacciones financieras. Una tiene que ver con que Cicam, que provee servicios para áreas verdes, se adjudicó en 2015 -cuando Codina ya era alcalde- una licitación para la mantención y poda de árboles. La empresa “habría realizado pagos destinados a intervinientes en la decisión de esa licitación que contemplaba un costo de $15 millones mensuales durante 36 meses”, apunta el medio al respecto.
La segunda tesis es que “Cicam estaría presuntamente involucrada en la venta de permisos de circulación irregulares en la municipalidad, por lo que, sus socios y la misma empresa, reciben de funcionarios fondos producto de esas ventas fraudulentas”, como se apunta en el reportaje.
Las respuestas del alcalde Codina
Consultado por Ciper respecto a esta caso, el alcalde Germán Codina respondió que en septiembre de este año, al ser informado de posibles delitos, “inmediatamente me querellé contra todos quienes resulten responsables, lo que se agrega al sumario administrativo que yo mismo requerí previamente para establecer las más drásticas sanciones disciplinarias, en caso de que se pruebe la veracidad de los hechos, sin importar quiénes puedan estar involucrados ni su cargo”.
Sin embargo, el medio apunta que según los antecedentes que manejan, “casi dos años y medio antes, en mayo de 2020, la PDI alertó al municipio sobre estos hechos cuando comenzó a solicitarle información respecto de Cicam”.
En el Concejo Municipal de este martes el jefe comunal tomó la palabra para referirse a lo publicado por Ciper, sosteniendo que esto “nos ha entregado información que nosotros desconocíamos (…), y que obviamente nos hubiera gustado haber sido informados, sobre todo de la situación de las cuentas corrientes de algunas personas de municipalidad que podrían estar involucradas en estos hechos, y con ello se me hubiera dado la opción de tomar medidas anteriores”.
En ese sentido, Codina señaló que entre 2020 y 2021 desde la PDI les realizaron tres consultas respecto de este tema, pero que con ello “era imposible suponer la participación de funcionarios antes del mes de julio de 2022, que es el momento en que se me informa por parte del asesor jurídico que la PDI estaba citando a declarar al director de la DAF (Dirección de Administración y Finanzas) en calidad de imputado por una serie de delitos presumiblemente adjudicables a él”.
Esto último en referencia al mencionado Cristián Ramírez Alvarado, a quien se le realizaron 20 transferencias por un total de $15.750.000.
El jefe comunal añadió que las consultas que según Asesoría Jurídica del municipio realizó la PDI, “se referían a una causa que se había originado en la comuna de Pirque, y que, a su vez, dicha investigación estaría siendo desarrollada en diversas comunas del país”. “Se ha entregado en tiempo y forma toda la información requerida”, sumó la principal autoridad de Puente Alto.
Germán Codina continuó apuntando que fue en julio de 2022 que ordenó un sumario administrativo, y luego la citada querella contra quienes resultaran responsables de los eventuales delitos que se hayan llevado a cabo. En ese sentido, relevó que “una de las decisiones que adopté fue la de separar del cargo, mientras se desarrolla la investigación, a dicho director, como una manera de precaver que se pueda desarrollar la investigación tanto de parte del Ministerio Público como del municipio”.
Por otra parte, el alcalde informó ante el Concejo Municipal que una vez que fue publicado el reportaje de Ciper, “instruí que se ampliara el sumario y que se aportaran estos nuevos antecedentes a la querella que yo presenté en el Ministerio Público”.
Codina sostuvo que, principalmente en redes sociales, “ha existido un mañoso intento de torcer los acontecimientos (…) Los requerimientos de información efectuados a Administración Municipal en su momento por parte de la PDI fueron siempre acompañados de la indicación de la mantención de la extrema reserva, y de que no podía ser difundido lo que estaba siendo requerido”.
Dicho esto, añadió lo siguiente:
“En ningún minuto ni la PDI ni la Fiscalía se acercan a mí a solicitarme información o ponerme la carpeta investigativa a disposición. Yo lo que hago finalmente es enterarme de los acontecimientos producto de la información que se ha hecho pública; y que también en algún momento -reitero- la fiscal administrativa que nombré para desarrollar la investigación interna, lo único que me indica es que hay hechos que pudieran ser constitutivos de delito, y lo que hago es presentar una querella (…) Esto demuestra que en todo momento actué con celeridad”.
Junto con lo anterior, el jefe comunal calificó como “lamentable que antecedentes que desde el año 2018 estaban a disposición de la Unidad de Análisis Financiero, no hayan sido puestos a disposición mía hasta ahora que salió el reportaje, como para poder haber tomado medidas como las que terminé tomando una vez que conté con mayor información, producto del llamado que incluso hace Ciper al municipio para realizarnos algunas consultas”.
“¿Por qué se esperaron más de dos años y medio?”
Tras la intervención de Codina, la concejala María Olga Yáñez (PC) solicitó que sea todo el Concejo Municipal el que se haga parte de la querella, y le consultó al alcalde por la actual situación administrativa en la que se encuentra el director de finanzas de la municipalidad, Cristián Ramírez Alvarado, único imputado en la causa. La respuesta fue que el jefe comunal no tiene facultades para suspenderlo del cargo, por lo que este debió instruir un “cometido funcionario” donde se le asignó a una función específica mientras la fiscal interna toma la decisión de suspensión u otra distinta.
En tanto, la concejala Denisse Hermosilla (PC) expuso algunas dudas que -dijo- espera puedan ser clarificadas en algún momento, haciendo hincapié, por ejemplo, en lo siguiente:
“Si la PDI alertó a la municipalidad en mayo de 2020, ¿por qué se esperaron más de dos años y medio para generar la querella y solicitar un sumario administrativo?”.
En ese sentido, Denisse cuestionó que no se haya puesto entonces en conocimiento de lo que estaba ocurriendo al jefe comunal, en su calidad de responsable administrativamente del municipio.
Hermosilla solicitó igualmente un preinforme del sumario que instruyó Germán Codina, requerimiento al que se sumó el concejal Juan Paulo Concha (Igualdad).
Por otra parte, la concejala advirtió respecto a la contratación de personas cercanas a la empresa Cicam, que se adjudicó la mencionada licitación para mantención y poda de árboles, en la misma Municipalidad de Puente Alto a la que prestó dicho servicio.
“Se requiere un control más exhaustivo de estas relaciones entre funcionarios y licitaciones (…) por parte del equipo municipal”, enfatizó al respecto Hermosilla.
La concejala agregó sobre lo anterior que “es de conocimiento público que en algunos municipios, lamentablemente, las bases de licitaciones son hechas a la medida para ciertas empresas, donde solamente ellas se las pueden adjudicar”.
