Parlamentarios y familiares de detenidos durante el estallido presentaron proyecto de «Ley de Amnistía»

En las afueras de los Tribunales de Justicia ayer se entregaron los primeros lineamientos del proyecto de «Ley de Amnistía» que se propondrá al Congreso. Junto a los familiares asistieron los diputados Camila Vallejo, Boris Barrera y el senador Alejandro Navarro, también apoyan la iniciativa la diputada Emilia Nuyado (PS) y el senador Juan Ignacio Latorre (RD). «No son delincuentes, son luchadores sociales», afirman.

El borrador deberá pasar ahora al Senado y plantea la posibilidad de amnistiar los delitos vinculados al atentado a la autoridad, maltrato de obra, desórdenes públicos, así como también los relacionados a la ley antibarricadas y antisaqueos, de control de armas, y de destrucción o daño de monumentos nacionales.

«No nos podemos olvidar de nuestros presos de la revuelta, porque ellos hicieron posible el triunfo del 25 de octubre. No permitiremos que se trate de delincuentes a quienes son luchadoras y luchadores sociales. Por eso es importante empujar esta ley de amnistía. Les han puesto una condena de facto por mantenerlos privados de libertad por cerca de un año», señaló enfática Camila Vallejo.

En la reunión los familiares hicieron un llamado «al conjunto de la sociedad a solidarizar con nuestro dolor».

«Luego del aplastante triunfo logrado en el plebiscito, resulta ética y moralmente inaceptable que existan niñas, niños y jóvenes ‘presos políticos’ en Chile, más aún cuando fueron los gestores de esta posibilidad histórica», agregaron.

El senador Navarro explicó que hoy serían más de 2.000 jóvenes detenidos en prisión preventiva, la mayoría de ellos durante más de un año. «Una ley de amnistía es la salida política y no judicial, es la salida política que Chile necesita», dijo.

El proyecto de «Ley de Amnistía» será una idea paralela a la propuesta de Convergencia Social, que propuso conformar de una comisión de trabajo para un indulto general a los condenados por causas del estallido.

Por su parte, el Gobierno insiste en negar la existencia de presos políticos del estallido social, ya que ese concepto considera a «aquellas personas que son perseguidas por su opiniones políticas o posturas políticas». A juicio del ejecutivo en las protestas se utilizaron medios para manifestarse que «en nuestra sociedad son considerados delitos».

«Si alguno de los parlamentarios quiere discutir acerca de las prisiones preventivas, se puede recurrir a los tribunales porque son ellos quienes deciden y no el Gobierno (…) Una ley de impunidad frente a la violencia es la señal exactamente contraria a lo que los chilenos decidieron el 25 de octubre, cuando optaron por la vía institucional y de la no violencia», puntualizó el vocero Jaime Bellolio (UDI).

Según los registros del Ministerio Público son 640 las personas en prisión preventiva por delitos asociados al estallido social y 725 ya fueron condenadas.

Hay 200 formalizados por incendios o porte de artefactos incendiarios (en la mayoría de estos casos los familiares acusan montajes de carabineros) y 670 causas por desórdenes públicos.