En las primeras horas de este miércoles (17/5), el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, realizó un comunicado en cadena nacional en ese país, para anunciar la disolución de la Asamblea Nacional (unicameral) y la convocación al CNE (Consejo Nacional Electoral del Ecuador) para que convoque inmediatamente a nuevos comicios presidenciales y legislativos.
Para adoptar esas medidas, Lasso accionó un instrumento constitucional llamado “muerte cruzada”, que solo puede ser utilizado en casos de “graves crisis y conmoción interna”. Ese instrumento existe desde el año 2008, cuando se implantó la más reciente constitución ecuatoriana, elaborada el año anterior por una asamblea constituyente, aunque esta es la primera vez en la historia que un mandatario lo utiliza.
Ahora, el Consejo Nacional Electoral del país tendrá siete días para convocar elecciones presidenciales y legislativas. Mientras tanto, Lasso gobierna Ecuador por decreto desde hace seis meses. Esta gestión, según el periódico, sólo puede ser en lo que respecta a la economía. Otros decretos, por ejemplo, solo serán aprobados por la Corte Constitucional del país.
La decisión del mandatario es cuestionable porque no había una situación de crisis social en las calles del país, sino que solamente un riesgo para él propio, que enfrentaba un juicio político en la misma Asamblea Nacional, por denuncias de corrupción.
Lasso estaba acusado por el Caso Flopec, en el que habría cometido delitos de peculado y corrupción pasiva al favorecer a la empresa estadounidense Amazonas Tanker Pool en contratos con la estatal Flotas Petroleras Ecuatorianas (Flopec).
El juicio político tuvo inicio en marzo pasado, pero la bancada oficialista logró detener su avance por más de 40 días, con cuestionamientos sobre las denuncias, hasta que, la semana pasada, se aprobó una resolución para que se reanudara el trámite del juicio, la cual fue apoyada por 88 diputados (cuatro a menos que los necesario para alcanzar los dos tercios, que serían suficientes para definir la destitución de Lasso en una eventual votación final).
De hecho, el juicio político tuvo su reanudación justamente este martes (16/5), cuando el propio Lasso presentó sus argumentos ante la Asamblea Nacional, lo que llama aún más la atención. Durante 49 minutos, el mandatario rechazó las acusaciones, afirmó que el juicio se basa en “denuncias infundadas” y llamó a los representantes de la oposición de “antiparlamentarios”, que supuestamente “no creen en las leyes, por eso las destruyen”.
Desde su cuenta de Twitter, el mandatario afirmó que “esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”.
Sin embargo, diferentes voces desde la oposición criticaron la medida adoptada por el mandamás ecuatorianos, alegando que se trataría del un golpe de Estado, ya que es la misma decisión que tomó el expresidente peruano Pedro Castillo en diciembre pasado, cuando también enfrentaba un juicio político y anunció la disolución del Congreso – aunque, en ese caso, la medida no fue acatada por las demás instituciones del Perú, por lo que Castillo terminó destituido y encarcelado por “atentar en contra del orden democrático”.
El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, líder del partido opositor Revolución Ciudadana, cuestionó los dichos del actual mandatario, alegando que “lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna conmoción interna. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la patria”.
