La organización internacional advierte igualmente un uso inadecuado de lacrimógenas y del carros lanza aguas, casos donde Carabineros no prestó asistencia a heridos y violencia policial contra brigadistas de salud, observadores de Derechos Humanos y periodistas.
Este lunes fue presentado un nuevo informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre lo ocurrido a partir del 18 de octubre de 2019 en Chile, concluyendo la entidad que si bien nuestro país evidencia algunos avances a la hora de enfrentar las violaciones a los Derechos Humanos, debe todavía “profundizar sus esfuerzos para abordar” los abusos.
El documento es una actualización del informe elaborado por la misión técnica que visitó Chile en noviembre de 2019 y da seguimiento a la implementación de sus recomendaciones. En ese sentido, Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, declaró que “valoramos los esfuerzos del Estado para incorporar las recomendaciones que presentamos en 2019. Sin embargo, persisten obstáculos en el acceso de las víctimas a la justicia, reparación y garantías de no repetición, entre otros derechos fundamentales”.
Entre tales obstáculos, el informe identifica que el derecho a reunión pacífica sigue regulado por el Decreto Supremo 1086 -que data de la época de la dictadura-, lo que para la ONU genera en la práctica un sistema de autorización de reuniones pacíficas que permite dispersar reuniones no autorizadas. “Una de las principales lecciones de octubre de 2019 es la necesidad de incrementar la protección del derecho de reunión pacífica, confiriendo a las personas mayores garantías democráticas en línea con las normas de Derechos Humanos”, explicó Jarab.
Respecto de la función policial, el documento observa una reducción del uso de escopetas antidisturbios y la actualización en curso de varios protocolos que rigen el uso de la fuerza por parte de Carabineros. Sin embargo, se señala que estos protocolos aún deben ser armonizados con el derecho y las normas internacionales. Por otro lado, se registra el uso inadecuado de cartuchos lacrimógenos y carros lanza aguas contra las personas -sea como munición de impacto, por su uso indiscriminado, o por el empleo de presuntos agentes químicos-. También se subrayan casos en que funcionarios de Carabineros no prestaron asistencia a personas heridas.
Además, el nuevo informe constata el hostigamiento y violencia contra brigadistas de salud, personas observadoras de Derechos Humanos y periodistas. “Aunque pueda ser incómoda para la autoridad, la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos es imprescindible y debe de ser protegida”, enfatizó el representante de la ONU.
A nivel normativo, el informe de seguimiento identifica varios cambios problemáticos, como la denominada “Ley Antibarricadas” adoptada en 2020, o una propuesta legislativa que asigna a las Fuerzas Armadas el resguardo de la infraestructura crítica, dado que podría resultar en la militarización de la seguridad ciudadana. Según la investigación, también es preocupante el proyecto de ley que eximiría de responsabilidad penal a funcionarios que hacen uso de su arma de servicio en ciertas situaciones.
Sobre acceso a la justicia, el informe saluda esfuerzos del Ministerio Público para fortalecer su capacidad para abordar casos de Derechos Humanos, pero señala que los avances son insuficientes en la mayoría de las investigaciones. En esa misma línea, reconoce un rol clave de la Contraloría General de la República para avanzar en rendición de cuentas.
A su vez, el documento considera excesivo el uso de la prisión preventiva en casos de personas imputadas por presuntos delitos en el contexto de las manifestaciones.
Y si bien se valora el diseño e implementación de programas de apoyo a determinados grupos de víctimas, la ONU observa limitaciones que no garantizan una reparación integral para las víctimas y sus familias. Además, constata una falta de reconocimiento de la responsabilidad del Estado y una ambivalencia en el discurso público que puede llevar a relativizar las violaciones de Derechos Humanos cometidas en el marco de las protestas. “Por todos estos factores, observamos en las víctimas una sensación generalizada de desamparo”, afirmó Jan Jarab.
