En su discurso en conmemoración del tercer aniversario del estallido social pronunciado este martes por el Presidente Gabriel Boric, el mandatario afirmó que “el control policial de esos meses sobrepasó los límites de lo aceptable, hubo muertos, hubo abusos sexuales, hubo mutilaciones oculares y eso no puede quedar impune, y no se puede volver a repetir.
Ante esto, rápidamente los medios de derecha Ex-Ante y Canal 13 se dieron a la tarea de desacreditar lo señalado por el mandatario en cuanto a los abusos sexuales, apuntando ambos a que hasta ahora no habría condenas contra carabineros por delitos de ese tipo.
A ello se sumaron otros reconocidos rostros y tuiteros de derecha, como el analista político Patricio Navia, quien igualmente aseguró de forma categórica que “no hay ninguna condena” por abuso sexual contra Carabineros.
En la nota compartida por ambos medios, lo que se sostiene principalmente es que “desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informaron que no existen a la fecha condenas por delitos sexuales que involucren a policías en el marco del 18-O”, acusándose al Presidente de haber “omitido” en su discurso “que la causa conocida a la fecha en que se menciona como presuntos autores de este delito a carabineros, terminó el 26 de julio de este año con los 7 funcionarios absueltos”.
Se trata del conocido caso denunciado por el estudiante de medicina José Maureira Ramírez, quien aseguró públicamente haber sido torturado y abusado sexualmente tras ser detenido el 21 de octubre de 2019 en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana. Una causa en la que, como consigna Ex-Ante y Canal 13, fueron absueltos los siete efectivos de la 51° Comisaría de PAC acusados por el Ministerio Público de apremios ilegítimos y torturas.
La condena que sí existió
Sin embargo, contradictoriamente y desmintiendo el propio titular que ambos medios publicaron, en la misma nota de Ex-Ante y Canal 13 se consigna precisamente un caso de abuso sexual a manos de Carabineros en donde sí hubo una condena. Incluso, se adjunta un link a la noticia sobre la sentencia publicada en la web del Poder Judicial.
Esto es lo que se señala en el artículo:
“El 23 de septiembre de 2022, el tribunal de juicio oral de Arica condenó a la cabo de Carabineros Francisca Benavides Vera a una pena remitida de 541 días de cárcel por apremios ilegítimos. En la sentencia se narra cómo obligó a 2 detenidas a desnudarse en frente de ella en una comisaría en octubre de 2019, contraviniendo instrucciones vigentes.
Quien advirtió a Ex-Ante a través de Twitter que sí existe una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual durante el estallido social en contra de Carabineros, fue nada menos que el director de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, quien justamente adjuntó en su mensaje el link a la información que al respecto publicó la página del Poder Judicial.
Informes y testimonios
Pero el director de Amnistía Chile hizo algo más. Le recordó al medio dirigido por Cristian Bofill que también se cuenta con “sendos informes internacionales que abordaron existencia de violaciones de derechos humanos con connotación sexual”.
Por ejemplo, en el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos entregado el 13 de diciembre de 2019, esto tras una visita realizada por una misión a Chile entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre, se señala que un gran número de las personas arrestadas y detenidas fueron víctimas de maltratos, mencionándose que entre estos están “incluidos los de violencia sexual”.
En ese sentido, se señala que para dicho informe “la ACNUDH ha recopilado información sobre 24 casos de violencia sexual contra mujeres (14), hombres (6), niñas adolescentes (3) y un adolescente en el contexto de las protestas”.
Y se añade:
“La violencia sexual reportada a la ACNUDH incluyó violación, amenazas de violación, tratamiento degradante (como ser forzado a desnudarse), comentarios homofóbicos o misóginos, golpes o actos que causan dolor en los genitales y manoseos. Algunos de este tipo de tratamiento puede constituir tortura o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.
En tanto, en Chile, en su informe publicado tras dos meses de protestas del estallido social, para el período comprendido entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) estableció lo siguiente:
“Al 30 de noviembre, el INDH había presentado 96 querellas por torturas o tratos crueles con violencia sexual. Las víctimas totales ascienden a 135, de las cuales 71 son mujeres (equivalente al 53%) y 64 son varones (correspondiente al 47%). Estos datos demuestran que la violencia sexual afectó en mayor medida a mujeres y niñas, pues del total de víctimas representadas por el INDH tres de cada diez mujeres denunciaron este tipo de delitos, en comparación a uno de cada diez hombres”.
Y se agrega:
“Del total de víctimas representadas en las querellas por hechos constitutivos de delitos con connotación sexual, 13 son niños o adolescentes y 14 son niñas o adolescentes”.
Por otra parte, un reportaje publicado en junio de 2021 por el prestigioso medio LaBot -que estuvo a cargo del capítulo chileno de la investigación internacional sobre los Pandora Papers– se establece que “al menos 476 personas han denunciado agresiones sexuales cometidas por agentes del Estado durante el estallido social: desnudamientos forzados, tocaciones y violaciones. Existen casos en todas las regiones del país”.
“Lo que más recuerdo es que me desnudaron. Me hicieron entrar a una sala con la puerta abierta, que estaba al frente de los calabozos. Ahí una carabinera me dijo que me sacara la ropa (…) Me dijo: ‘¡Ah! Ahora te interesa taparte, mira cómo andái vestida’. Por andar con un peto y un pantalón me dijo eso. Y dejó la puerta abierta con intención, para que yo me sintiera más humillada”, relata en el artículo una denunciante, Viviana, sobre lo que asegura le sucedió el 15 de noviembre de 2019 en Rancagua.
En otro artículo de LaBot titulado Las historias de los adolescentes agredidos durante el estallido social, se consigna otra denuncia sobre un hecho que habría tenido lugar el 5 de noviembre de 2019 en Maipú, realizada por Catalina -cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad-, de tan solo 15 años. “Después de un tiempo de pie, una carabinera le dice que para entrar al calabozo tiene que desnudarse y ser revisada. No quiere hacerlo, pero la policía le advierte que le va a sacar la ropa igual. Según el testimonio de Catalina, luego de quitarse la ropa en un baño sin puerta y a la vista de quien pasara por ahí, la meten al calabozo de mujeres. Está sola”, se reseña respecto a este caso en el reportaje.
“Es vergonzoso que se use como argumento el ‘no hay condenas'”
A través de un hilo en Twitter, Danitza Pérez -abogada, magíster en Derechos Humanos y directora ejecutiva de Abofem- sostuvo que es “vergonzoso que se use como argumento el ‘no hay condenas’ para decir que no existió violencia política sexual durante el 18-O”, enfatizando que “ese es precisamente el problema. Que la violencia contra las mujeres se invisibilice en todos los ámbitos”.
En ese sentido, Pérez añadió que a partir de su trabajo recogiendo testimonios, “sé que muchas de las víctimas no quisieron denunciar porque sabían que no iba a pasar NADA”.
“La ausencia de condenas es extremadamente preocupante y solo demuestra la impunidad y victimización para quienes se atrevieron a alzar la voz”, concluyó la directora de Abofem.
Es vergonzoso que se use como argumento el "no hay condenas" para decir que no existió violencia política sexual durante el 18-O. ESE ES PRECISAMENTE EL PROBLEMA. Que la violencia contra las mujeres se invisibilice en todos los ámbitos.
— Danitza Pérez C. (@Dakapeca) October 18, 2022
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