La ONG Hijos y Madres del Silencio acusó que de forma “arbitraria y poco transparente” Hernán Larraín los excluyó de un acuerdo con otra organización, la que -aseguran- ha sido cuestionada y ya les han sido entregados más de $181 millones.
Este lunes el Ministerio de Justicia anunció un Plan Piloto que, de acuerdo a lo que se señaló, permitiría generar una metodología que agilice y favorezca el encuentro de las familias víctimas de procesos de adopción irregular e ilegal en Chile.
Sin embargo, durante la ceremonia encabezada por el ministro de la cartera, Hernán Larraín, este fue interpelado por integrantes de la ONG Hijos y Madres del Silencio, agrupación de voluntarios que está dedicada a ayudar a las víctimas de secuestros de niños, y que ya reúne a más de 260 familias.
A través de un comunicado público, la agrupación explicó que rechazan el Plan Piloto impulsado por el Ministerio de Justicia, por la falta de garantías que a su juicio implica la asignación de fondos para comprar kits de ADN internacional. “No tienen los estándares necesarios para reemplazar el Banco de Huellas Genéticas de ADN nacional que hemos solicitado desde que se aprobaran las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas el año 2019″, apuntan al respecto.
En ese sentido, la ONG agrega que si bien los bancos de ADN internacionales “son muy valiosos para entidades como las nuestras, generan dificultades ya que reciben test de miles de personas de todo el mundo, pero no necesariamente ingresan sus nombres reales o permiten la búsqueda de familiares a través de estas cuentas”.
Se apunta igualmente que el aludido banco internacional de ADN “no es un ente estatal, es propiedad de empresas internacionales y no da garantías a las familias del tratamiento de sus datos, pues son test personales donde se supone que son evaluados por cada persona. Acá no se sabe quién va a manejar esos datos y garantizar su privacidad”.
Por otra parte, Hijos y Madres del Silencio denuncia que “la promesa de hacer una banca de huella genética nacional, de la misma forma que se hizo la banca de ADN para los detenidos desaparecidos, fue desechada por el Ministerio de Justicia al poco tiempo de realizar la primera toma de muestras de sangre, por tener POCAS MUESTRAS (sic)”. En ese sentido, la agrupación plantea que el camino era continuar con la toma de muestras en todo el país, “para robustecer la base de este banco y no terminar el trabajo que apenas había comenzado”.
DETENER EL CONTRATO CON NOS BUSCAMOS
La ONG con la que el Ministerio de Justicia realizará esta labor es Nos Buscamos. Una decisión que también ha generado reparos desde Hijos y Madres del Silencio debido a que, por una parte, acusan que ellos no fueron consultados a raíz de que no poseen personalidad jurídica. “Para hacer la labor que el Estado debería hacer no hemos necesitado ni personalidad jurídica, ni dinero, ni apoyo de ningún tipo. Solo con cariño y voluntad hemos acogido a miles de familias en Chile y el extranjero y ya hemos resuelto más de 260 casos, todos comprobadamente reales, publicados en nuestro Fanpage y sin cobro de ningún tipo”, espetan desde la agrupación que interpeló a Larraín.
“El ministro ha actuado en forma arbitraria y poco transparente al no haber considerado a nuestra agrupación, una de las más importantes en esta área (…) Esta actitud, de querer delegar en una ONG la responsabilidad del Estado, nos parece una decisión irresponsable y facilista”, agregan. Dicho esto, solicitan entonces que se detenga la firma del contrato entre Nos Buscamos y el Estado.
Por otra parte, denuncian que Nos Buscamos ya ha recibido $181.680.000 en fondos estatales, asignados durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y diversas subvenciones de municipios y la Subsecretaría de Hacienda. Junto con ello, aseguran que dicha ONG “tiene reclamos de organizaciones de chilenos adoptados en Suecia como Chileadoption” y de otras personas respecto a entregas de dinero, “en circunstancias que para estas búsquedas había financiamiento”.
De ahí que Hijos y Madres del Silencio esté exigiendo además al ministro Hernán Larraín “una investigación exhaustiva y una auditoría a esta ONG”. Paralelo a ello, han anunciado el ingreso de un requerimiento a Contraloría “para revisar de qué manera se ha gastado el dinero de todos y todas las chilenas”.
“Los recursos que pueda entregar el Gobierno deben ir a fortalecer el trabajo judicial que realiza el Ministro Jaime Balmaceda y a los jueces que llevan causas de Derechos Humanos. Asimismo, se debe pagar un software especial para facilitar el cruce de datos y aumentar la dotación de detectives que integran el equipo de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones”, apuntan en ese sentido desde Hijos y Madres del Silencio.
Por último, la ONG solicita en su declaración la “restitución y difusión del Banco de Huella Genética nacional; el otorgamiento de mayores recursos al Poder Judicial para el avance de las causas vinculadas a ésto y, lo más importante, la creación de la Comisión Nacional de Verdad, Justicia y Reparación que actúe en forma similar a la Comisión Rettig, para poder cuantificar y cualificar las víctimas de adopciones ilegales”.
