Interponen querella por caso de posible detenido desaparecido durante el estallido social
La acción legal ya fue admitida por la Justicia, y busca que se investigue la desaparición de Geraldo Monares en Hualpén en noviembre de 2019, a quien un familiar asegura haberlo visto siendo subido esposado a un vehículo de Carabineros, luego de lo cual se perdió su rastro.
Geraldo Monares
Los abogados Sindy Salazar, Esteban Arévalo, Yerko Scheihing y Fernando Leal interpusieron una querella criminal por la desaparición de Geraldo Monares Peña (55), quien ha sido considerado el primer «detenido desaparecido» del estallido social luego de que en noviembre de 2019 fuera visto siendo arrestado por funcionarios de Carabineros en Hualpén, perdiéndose su rastro desde entonces.
La acción legal presentada ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano -y que este lunes fue admitida por dicho tribunal- está dirgida contra quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices y/o encubridores de los delitos de secuestro calificado e inhumación ilegal.
La querella detalla que Monares -quien padece una discapacidad psíquica- fue visto por última vez por la esposa de uno de sus sobrinos «siendo detenido por Carabineros, quienes lo llevaron esposado hasta un vehículo policial».
«El paradero del señor Monares permanece incierto. Solo conocemos que una vez detenido por funcionarios de Carabineros de Chile nunca más fue visto, por lo que su detención, las circunstancias en que esta se produjo, dónde y cómo fue trasladado, y su destino luego de realizada la detención, es un hecho del todo grave que debe ser investigado y aclarado», argumentan los abogados.
Un caso que adquirió ribetes aún más dramáticos posteriormente, luego de que el 30 de agosto de 2020 la madre del «desaparecido», Raquel Peña, falleció sin poder saber qué había ocurrido con su hijo.
Entre las diligencias que se solicitan en la querella aparecen que se solicite a declarar en calidad de imputado al ex Presidente Sebastián Piñera; a su ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel; al otrora general director de Carabineros, Mario Rozas; al actual jefe máximo de dicha insitución, Ricardo Yáñez; y al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco.
Esto último, debido a que en la acción legal se consigna una supuesta inacción del INDH ante este hecho, específicamente la decisión que habría tomado Micco de no presentar acciones penales con el objetivo de evitar que se comenzara a hablar de «detenidos desaparecidos» durante la revuelta popular de octubre.
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