Luego de una auditoría realizada por la contraloría, se descubrió que la intendencia de Antofagasta pagó a proveedores cuya razón social no era la requerida. Asimismo, no cobró multas por más de $30 millones de pesos por retraso y entrega de canastas en mal estado. Todo esto, en el marco de la entrega de cajas de alimentos como apoyo durante las cuarentenas por el Covid-19.
El pasado 16 de febrero la Contraloría liberó los resultados de una auditoría realizada a la Intendencia de Antofagasta en el marco de la compra de canastas de alimentos. El trabajo arrojó como resultado una serie de irregularidades en el proceso, ocurrido entre 4 de mayo y el 31 de julio.
Según indicó el actual intendente, Rodrigo Saavedra, a El Mercurio de Antofagasta, los antecedentes del caso ya fueron entregados al ente contralor. Además, “las indicaciones se van a abordar, hay sumarios que ya se habían iniciado y, si se deben ampliar, se va a hacer”, afirmó.
La responsabilidad de estos hechos recaen sobre el ex intendente nortino, Edgar Blanco. Quien administraba la entidad cuando se registraron los hechos. Entre ellos, el no cobro de multas, la contratación de tres empresas cuya razón social distaba de la requerida, además una débil fiscalización sobre la cantidad de insumos recibidos.
Elección de proveedores
Entre las conclusiones más relevantes a las que llegó la contraloría regional, se descubrió la elección de dos cuestionables proveedores de alimentos. Las que, además, fueron contratadas por “trato directo” y no por los canales del Mercado Público.
Se trata de las empresas EDS JCM Ingeniería y Need Solutions. Cuyo “objeto social, ni el giro declarado ante el Servicio de Impuestos Internos, guardaban relación con la finalidad del contrato suscrito”, describen las conclusiones del informe. A ello se suma que ningún acto administrativo explicó, en esas circunstancias, el motivo para generar un contrato con ambas.
Asimismo, se descubrió una diferencia entre los productos prometidos por ambas compañías y los que finalmente fueron entregados. Por lo mismo, el gobierno regional habría pagado más de lo debido. Misma razón por la que la contraloría pidió investigar al o la responsable de dicha situación.
Sin acreditación ni pago de multas
Por otro lado, el órgano fiscalizador “constató la falta de acreditación de la entrega de 10.997 canastas de ayuda social a los beneficiarios finales”. Es decir, no existe certeza sobre la llegada de canastas a miles de familias. Razón por la que se pidió implementar mayores sistemas de control.
Este escenario habría facilitado la entrega fuera de plazo y en malas condiciones de varias de las cajas de alimentos. Una situación que obliga, por ley, a multar a los responsables.
Sin embargo, y tal como evidenció la auditoría, “la intendencia no cursó multas por un monto total de $ 33.500.319“. Aquello, primero por la entrega fuera de plazo y, segundo, en mal estado. Entre las que debieron ser multadas, estás la ya mencionada EDS JCM, por casi $25 millones de pesos.
