Informe de Contraloría establece precaria fiscalización del Estado a la industria salmonera

El ente fiscalizador constató ausencia de evaluaciones, de registros e inacción ante denuncias respecto a los centros de cultivos por parte de organismos como SERNAPESCA, SUBPESCA, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

La Contraloría General de República publicó el pasado 20 de abril su informe n° 335-2019 a través de cual se auditó las facultades de fiscalización y control del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) y de otros órganos del Estado, en relación a la operación de las actividades de la industria salmonera de nuestro país.

Junto con ello, se analizó la participación de los organismos competentes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2019.

Dentro de sus conclusiones respecto a SERNAPESCA, la Contraloría señala en su informe que se constató «la ausencia de un procedimiento de evaluación previo al inicio de actividades de acuicultura que asegure que el titular localice sus balsas jaulas dentro del área concesionada». Esto, añadió el ente fiscalizador, «no está en armonía con el principio preventivo que rige en materia ambiental, en cuanto a resguardar la calidad de las aguas y los recursos ambientales disponibles».

Por otra parte, se evidenció que el Servicio Nacional de Pesca «carecía de un registro unificado y de respaldos de las actividades de fiscalización realizadas en centros de cultivos de salmónidos durante 2019». En ese sentido, se apunta que dicha entidad informó que durante ese año «se modificaron los métodos de reporte, los instrumentos y formatos del Plan Nacional de Fiscalización, lo que requirió ajustar y capacitar a los funcionarios del servicio debido a que en algunos casos se constató el exceso de registros respecto a las fiscalizaciones realizadas».

En lo que se refiere a la SUBPESCA, Contraloría no pudo acreditar «la realización de una evaluación formal y completa, con objeto de modificar los decretos que declaran áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, AAA, que se localizan dentro del perímetro de un parque nacional». En esa misma línea, se advirtió específicamente que transcurrieron más de 5 años desde la emisión de un dictamen tras el cual la Subsecretaría debía enviar su informe técnico al Ministerio de Defensa para la desafectación de áreas apropiadas para el ejercicio de la acuicultura, en el caso del Parque Alberto de Agostini.

Sobre la Superintendencia del Medio Ambiente, el ente contralor constató que esta «no atendió de manera oportuna las denuncias del SERNAPESCA respecto de 10 centros de cultivos que se encontraban fuera de la concesión otorgada, de manera de generar las fiscalizaciones y, en su caso, los procedimientos sancionatorios correspondientes a su debido tiempo».

Y en cuanto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la Contraloría comprobó la «ausencia de criterios objetivos y uniformes para asegurar que los proyectos acuícolas localizados en o próximos a áreas protegidas se evalúen de conformidad con la normativa correspondiente». Asimismo, se evidenció una carencia «de un criterio uniforme respecto de los antecedentes requeridos sobre este punto en los ICSARA que fueron emitidos», esto último en referencia al llamado Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones.

Acá el informe completo de Contraloría.