Fuerte repudio al Gobierno por expulsar a venezolanos sin un debido proceso y separando a padres de hijos

El Servicio Jesuita a Migrante y la Defensoría de la Niñez estuvieron entre quienes advirtieron una ilegalidad e indolencia tras nuevo envío de migrantes hacia sus naciones por parte del Ejecutivo.

Un total de 56 ciudadanos venezolanos fueron expulsados este domingo por el gobierno de Sebastián Piñera, lo que nuevamente se concretó a través de un mediático traslado de los migrantes hacia un avión de la Fuerza Aérea, escoltados por funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y vestidos con overoles blancos.

La salida obligatoria de los extranjeros desde Chile fue duramente cuestionada por la ciudadanía y por dos organismos vinculados a la defensa de los derechos de los migrantes y de los niños, como son el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y la Defensoría de la Niñez.

Lo anterior, debido a que existirían irregularidades en términos del justo proceso legal al que debiera ser sometido cualquier persona a la hora de ser expulsada, y por el hecho de que esta acción ejecutada por la administración Piñera significa una separación de padres con sus hijos.

En ese sentido, el Servicio Jesuita a Migrantes denunció que este proceso se está realizando sin permitirle a los expulsados «acceder a la justicia». Esto porque, de acuerdo a lo que declaró Valentina Latorre, directora social del organismo, el SJM presentó recursos en contra de las expulsiones, pero la acción del Gobierno se lleva a cabo en jornadas donde las Cortes no sesionan. «Habría que preguntarse por qué las expulsiones son en fin de semana, cuando no se puede garantizar el debido proceso a estas personas», apuntó Latorre.

En esa misma línea, Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, manifestó su «repudio al comportamiento del Ministerio del Interior, que una vez más realiza procedimientos de expulsiones en fin de semana, con notificaciones en madrugadas, sabiendo que las Cortes de Apelaciones no tienen funcionamiento para poder resolver con inmediatez los recursos de amparo».

Junto con ello, Muñoz advirtió que este proceso involucra que niños sean separados de sus familias, lo que a su juicio «manifiesta de manera evidente el incumplimiento de parte del Ministerio del Interior de aquellos principios básicos que protegen a niños, niñas y adolescentes».