Ex ‘Contralorito’ denuncia en Contraloría contratación de Cristián Labbé en Municipalidad de Colina

César Leiva solicitó al ente fiscalizador conocer específicamente a qué corresponden las asesorías que presta el ex DINA, además de la impugnación de su contratación desde 2019 en adelante.

César Leiva -conocido por su otrora labor como «Contralorito»- presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República para revisar la contratación a honorarios del ex DINA Cristián Labbé en la Municipalidad de Colina.

Cabe recordar que Labbé se desempeña desde el año 2016 en distintos cargos del municipio liderado por jefes comunales de la UDI, con una remuneración mensual promedio de $1.500.000, manteniéndose su contrato ahí a pesar de haber sido condenado a 3 años de cárcel en 2019 por torturas en contra del detenido Henry Cohen en 1973.

Fue ante estos hechos que Leiva -candidato a diputado independiente por el Distrito 8- solicitó un pronunciamiento a la Contraloría, pidiendo «conocer específicamente a qué se deben sus asesorías, cuál es su expertiz» y una «copia de los informes de honorarios desde el 2016 a la fecha».

Junto con ello, el ex «Contralorito» solicitó la impugnación de la contratación desde el 2019 en adelante, esto debido a que Labbé «se encuentra condenado por apremios ilegítimos en el contexto de crímenes de Lesa Humanidad por la Corte de Apelaciones de Temuco».

César profundizó en lo anterior agregando que «estamos hablando de crímenes de Lesa Humanidad en el contexto de la dictadura, por tanto, creemos que es mucho más grave aún que esta persona esté trabajando en un municipio donde pueden haber personas que fueron de una u otra forma víctimas de la dictadura y se vieron obligados a compartir un espacio laboral con una persona que ha sido ya condenada por violaciones a los Derechos Humanos».

En ese sentido, Leiva ha sostenido que Contraloría «ha sido clara en su jurisprudencia anteriormente, como en el caso de la Municipalidad de San Ramón, donde el órgano fiscalizador detectó la contratación a honorarios de 54 funcionarios con antecedentes penales, quienes fueron desvinculados de la institución».