Ex carabinero miembro de guardia presidencial de Pinochet dirigirá seguridad de Convención Constitucional
Luis González es además socio en la empresa INCAR Seguridad, la que se adjudicó esa labor por un monto cercano a los 500 millones de pesos, casi lo mismo que se destinará al ítem de «participación ciudadana».
Luis González Pérez se llama el empresario que dirigirá el «Servicio de Vigilancia y Guardias de Seguridad» en la Convención Constitucional que está pronta a comenzar sus actividades, de acuerdo a lo que informó en un reportaje CIPER. Un nombre que probablemente genere rechazo en parte de quienes han sido electos para escribir la nueva carta magna, debido principalmente a un antecedentes: González es un sargento (r) de Carabineros que integró el Grupo de Guardia Presidencial en los últimos años del gobierno del dictador Augusto Pinochet, labor que continuó bajo el mandato de Patricio Aylwin y hasta el inicio del período de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
Serán un total de $488 millones en un período de 10 meses los que se embolsará INCAR Seguridad, la empresa que se adjudicó el pasado 2 de junio la licitación de esa labor en la Convención y de la que Luis González es socio. Todo esto, luego del proceso abierto para ello por la Secretaría Administrativa de la instancia constituyente, designada a su vez por la Secretaría General de la Presidencia. En este sentido, cabe destacar que lo asignado a la seguridad será prácticamente el mismo monto que se destinará al ítem de «participación ciudadana» ($500 millones).
CIPER consigna respecto a esta compañía de seguridad que en la Dirección del Trabajo constan 197 sanciones por incumplimientos laborales en solo 5 años, entre las que se cuentan no pago de remuneraciones, el no otorgamiento de descansos durante la jornada de trabajo, el no pago de asignaciones, la reducción del salario sin acuerdo entre las partes y el no otorgar el descanso de dos domingos al mes.

En la oferta que INCAR presentó para la licitación, se señala que se priorizará la contratación de ex funcionarios de Carabineros o de las Fuerzas Armadas que no hayan ejercido en esas instituciones en los últimos seis meses y que no hayan sido sancionados por causas que impliquen inhabilitación de funciones.
Consultado Francisco Encina, secretario ejecutivo de la Convención, respecto a si no se evaluaron los antecedentes históricos de los postulantes, este respondió a CIPER que este tipo de preguntas le parecían «capciosas» y que «nosotros asignamos los procesos respecto a lo que diga la normativa. Y los antecedentes de por qué se adjudica a una empresa no están establecidos en las actas de licitación».
En esa misma línea, sobre la posibilidad de que los convencionales electos quieran modificar o anular algunos de estos contratos, Encina señaló que «si ellos quieren revisar cada uno de los contratos, están en todo el derecho. Si la Convención tiene algo (que cambiar) lo conversaré con el presidente de la Convención, él en su rol de presidente y yo en mi rol de secretario ejecutivo».



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