De acuerdo a los resultados de una encuesta requerida por la Defensoría Penal Pública, arroja que los estratos sociales más altos conocen más sus derechos humanos en el proceso penal. Para el Defensor nacional (s), Marco Montero, esto “evidencia nuevamente que la educación está muy vinculada al nivel socioeconómico”, afirmó en entrevista a Biobío.
Este viernes radio Biobío dio a conocer en exclusiva algunos resultados del sondeo de opinión “Imagen y posicionamiento de la Defensoría Penal Pública”. La encuesta, delegada en su realización a la empresa Cadem, reveló una desigualdad socioeconómica en el conocimiento de los derechos propios cuando se atraviesa un proceso penal.
Los resultados demostraron que en los segmentos socioeconómicos C1 y C2 entre un 40 y 35 por ciento consideró conocer sus derechos parcialmente o mucho. Mientras tanto, en los segmentos C3, D y E esto mismo no alcanzó el 29 por ciento. También es importante destacar que existe en general un desconocimiento de estos derechos. De hecho, la cifra total señala que un 68 por ciento del total de encuestados conoce poco o nada sus derechos penales.
La publicación de estos datos viene a resaltar la desigualdad en un nuevo aspecto de la sociedad chilena. Algo que dejó en evidencia tanto el estallido social de octubre de 2019 como la crisis sanitaria. Algunos ejemplos han sido la falta de acceso a recursos digitales para la educación telemática, falta de acceso al agua y, en este caso, falta de educación penal.
Según declaró el Defensor nacional subrogante, Marco Montero, al mismo medio, “la base de esto tiene que ver con formación, educación y difusión”. En ese sentido, los resultados segregados en nivel socioeconómico dejan “en evidencia nuevamente que la educación está muy vinculada al nivel socioeconómico”. Algo “determinante para acceder a información mucho más completa y acabada sobre los derechos y garantías que te asisten en el proceso penal”, expresó.
