Abogados de Derechos Humanos denunciaron “arbitrarias” decisiones judiciales en favor de criminales de lesa humanidad. Acá el brutal asesinato cometido por uno de ellos, Carlos Blanco Plummer.
En los últimos días un grupo de abogados de Derechos Humanos denunció a través de un documento público que el gobierno de Sebastián Piñera concedió durante el año 2020 beneficios penales a condenados por crímenes de lesa humanidad, ya sea a través de reducciones de condena otorgadas por el Ministerio de Justicia; mediante indultos presidenciales firmados por el mandatario; o a través del ministro de Justicia, Hernán Larraín, por orden de la primera autoridad del país.
Los juristas Nelson Caucoto, Francisco Ugás, Pablo Fuenzalida, Francisco Bustos, Andrea Gattini y Carolina Vega, obtuvieron la información mediante Ley de Transparencia, denunciando con su difusión que “el Ministerio de Justicia, a través de su titular, Hernán Larraín Fernández, ha comenzado silenciosamente a reducir condenas a violadores de Derechos Humanos amparándose en la Ley Nº 19.586, contraviniendo de esa forma de manera expresa el Estatuto de Roma y otras normas de Derecho Internacional que prohíben reducir condenas y generar impunidad”.
En ese sentido, los abogados agregan que cuando señalan que estos beneficios se han aplicado “silenciosamente”, esto tiene que ver con que “respecto de ninguna de estas causas se notificó a los familiares de las víctimas sobrevivientes, ni tampoco consta que se hayan ponderado estándares internacionales de Derechos Humanos, como la obligación de imponer sanciones efectivas, generando reiteradas situaciones de impunidad, sin control judicial alguno”.
Tras exponer esto, los litigantes en casos de Derechos Humanos entregan el listado de 10 represores beneficiados, entre ellos el del oficial del Ejército Carlos Blanco Plummer, favorecido en diciembre de 2020 con una reducción de la condena de 5 años y un día que pesaba sobre él por asesinar a un “compañero de armas”.
Acá la brutal historia protagonizada por el interno de Punta Peuco y quien además es familiar del reconocido abogado pinochetista y ex columnista de El Mercurio, Hermógenes Pérez de Arce.
“LE PUSO SU ARMA EN LA BOCA Y DISPARÓ”
El 9 de octubre de 2015 el Juzgado de Letras de Lautaro condenó a 5 años y un día de presidio al teniente coronel (r) del Ejército, Carlos Enrique Blanco Plummer, por el asesinato de Gumercindo Gutiérrez Contreras, siendo calificado el crimen como “homicidio simple (…) en su calidad de lesa humanidad”.
La investigación de la Justicia estableció que Gumercindo Gutiérrez fue llamado a cumplir con el Servicio Militar obligatorio en octubre de 1980 en el Regimiento de Infantería N° 20 La Concepción de Lautaro, siendo encuadrado en la Compañía Andina. Una actividad que -se apunta- “realizó sin contratiempos hasta el 20 de marzo de 1981, día en que fue designado para cumplir un turno de guardia en el puesto N° 2 del Regimiento”.
En la misma unidad militar llamada Compañía Andina prestaba servicios Carlos Blanco Plummer, entonces oficial recién egresado de la Escuela Militar con el grado de alférez (luego ascendería a teniente coronel). “Este oficial comenzó a amedrentar a los soldados conscriptos durante las instrucciones y las rondas que pasaba en los turnos de guardia, colocando su pistola en la sien, en la boca o en el cuello de aquellos, y en algunas ocasiones les lanzaba su corvo a modo de ejercicio”, se lee en los fallos judiciales.
Durante la mañana de ese 20 de marzo de 1981, y mientras Blanco Plummer cumplía su rol de oficial de servicio, pasó ante el puesto N° 2 donde se encontraba la víctima de este caso, y llevó a cabo lo siguiente: “Se detuvo y sacó su arma de servicio frente a unos soldados conscriptos que estaban efectuando labores de limpieza en el patio y le puso el arma en el cuello a uno de ellos. Posteriormente se dirigió hacia la garita donde estaba Gumercindo Gutiérrez Contreras. Subió las escaleras que conducían hasta ese puesto de vigilancia y, en el lugar, puso su arma de servicio en la boca del conscripto, disparándole, lo que provocó una herida de tal magnitud que le causó la muerte casi en forma instantánea”.
UN “SUICIDIO”
¿Qué dijo el abogado de Blanco Plummer?: “Que en realidad lo que hizo su defendido fue hacer una inspección en cuanto los soldados no podían tener armas cargadas y para lo cual le pidió al soldado (Gutiérrez) que mostrara el arma y la preparara (…) Fue en ese momento que al darse vuelta sintió un disparo y pudo ver que de la boca del soldado manaba sangre, pidiendo auxilio de inmediato. Insiste en que dice que el soldado se habría pegado un tiro con su revólver”.
Junto con ello, el oficial vinculó el supuesto accionar de la víctima a “malos tratos recibidos en el Servicio Militar por el soldado y a su complicada relación sentimental con su profesora jefe en el liceo donde estudiaba”, razón por la que Gumercindo habría decidido tomar el arma de Blanco y dispararla en su propia boca. Por esta razón, agregó el militar, se configuraba entonces un suicidio y no un homicidio simple en calidad de lesa humanidad, que era por lo que estaba siendo acusado el a esa altura teniente coronel.
De hecho, esa fue la versión que -según declaró ante la Justicia Berta Contreras, madre de Gumercindo- le fue entregada ese mismo día por el capellán del regimiento La Concepción, Pablo Isler Venegas, quien le señaló que “su hijo había sufrido un accidente y estaba herido”, para posteriormente informarle que había muerto.
Estos mismos falsos relatos han sido igualmente difundidos por el reconocido abogado y ex columnista de El Mercurio, Hermógenes Pérez de Arce, quien en abril de 2020 publicó en su blog una columna titulada Todos somos Punta Peuco, donde junto con dar cuenta de que Blanco es su sobrino en segundo grado, sostiene que Gutiérrez “le pidió” el revólver al oficial e “imprevistamente se suicidó”.
Carlos Blanco Plummer impugnó ante la Corte de Apelaciones de Temuco la resolución del Juzgado de Letras de Lautaro que lo condenó a 5 años y un día de cárcel. Sin embargo, esta fue confirmada el 15 de enero de 2016 por el tribunal de alzada. La defensa del oficial del Ejército acudió entonces a la Corte Suprema a través de un recurso de casación, instancia que el 2 de agosto de ese mismo año reafirmó finalmente la sentencia contra el ex militar.
A continuación puedes revisar de forma íntegra el aludido documento de los abogados de Derechos Humanos.
