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Docentes de Derecho alertan ‘peligrosidad’ de norma aprobada en comisión de CC: «Un retroceso a la fórmula usada por Constitución del 80»

A juicio de los profesores de las universidades de Chile y de Valparaíso, la cuestionada propuesta revisada en la Comisión de Principios Fundamentales «supone que la discusión sobre la legalidad o ilegalidad de las actuaciones privadas y públicas se encuentre siempre abierta».

Los profesores de Derecho de las universidades de Chile y de Valparaíso, Luis Cordero Vega, Flavio Quezada Rodríguez y Raúl Letelier Wartenberg, alertaron a través de una carta sobre lo que consideran una «incerteza jurídica» que se habría aprobado recientemente en la Comisión de Principios Constitucionales de la Convención Constitucional (CC).

Los académicos explican en la misiva publicada en La Tercera que la norma visada lo que hace es que «somete a la legalidad de actos jurídicos a un régimen de ‘nulidad de pleno derecho'». Una «radical fórmula», como la califican, que «supone que la discusión sobre la legalidad o ilegalidad de las actuaciones privadas y públicas se encuentre siempre abierta».

Al respecto, explican que de aprobarse finalmente la cuestionada norma, lo que ocurriría es que «todo acto que impone obligaciones de servicio público a particulares, toda autorización administrativa de proyectos de inversión, todo contrato o toda sentencia judicial estaría siempre y en todo momento sujeta a revisión para luego solo ‘reconocer’ -este es el lenguaje usado por la propuesta- una ilegalidad, que supuestamente se habría generado cuando el acto fue dictado».

Para dimensionar la «peligrosidad» de esta propuesta y la necesidad de que dicha expresión sea excluida del texto final -como enfatizó en su cuenta de Twitter el abogado Flavio Quezada, uno de los docentes mencionados y panelista invitado del matinal de La voz de los que sobran-, los académicos sostienen que «la fórmula elegida por la referida comisión es un retroceso incluso a la fórmula usada por la Constitución de 1980».

De ahí que los profesores de la Universidad de Chile y la Universidad de Valparaíso planteen que «una fórmula tan disruptiva como esta debe ser necesariamente revisada», añadiendo por otra parte que «esta completa incerteza jurídica ha ido evitándose sostenidamente por nuestra legislación a lo largo de mucho tiempo».

Por último, Cordero, Quezada y Letelier apuntan en su carta que la aprobación de la norma se traduce, además, en «una incomprensible descoordinación con la reciente aprobación por el Pleno de la Convención de Tribunales Administrativos que precisamente conocerán de estas acciones de nulidad con procedimientos, condiciones y plazos fijados (…)».

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