Vía Comisión de Comunicaciones de Coordinación Internacional por PuelMapu
El pasado 4 de octubre la comunidad Lafken Winkul Mapu, en la localidad rural Villa Mascardi de Bariloche, ubicada a más de 1.600 kilómetros al sur de Buenos Aires en Argentina, fue violentamente allanada por el Comando Unificado de Seguridad de Villa Mascardi, una nueva agrupación especial de fuerzas policiales trasandinas que incluye a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Aeroportuaria.
La acción se ejecutó haciendo ingreso con armamento militar y tecnología de represión, incluyendo dos aviones Hércules. Según una crónica del 9 de octubre de diario argentino Página 12, la orden incluía la detención de todas las personas que se encontraran en los predios.
Como resultado del allanamiento, el mencionado comando tomó detenidas a siete mujeres y sus niños. Actualmente, cuatro de ellas se encuentran con arresto domiciliario en Bariloche: la Machi Betiana Colhuan Nahuel (21), Celeste Ardaiz Guenumil (30), Martha Jaramillo (35) y Romina Rosas (37), acusadas de delitos de usurpación en causas acumuladas hasta el pasado 25 de octubre. En tanto, dos de ellas, Florencia Melo (28) y Débora Vera, fueron liberadas con un sobreseimiento parcial ese martes 25. Ambas estuvieron detenidas durante tres semanas en la sede de la Policía Aeroportuaria de Bariloche y, antes, en la cárcel de mujeres Ezeiza, en la Provincia de Buenos Aires. En Bariloche, Melo y Vera realizaron una huelga de hambre de más de 20 días. Solo una de las siete mujeres detenidas, Andrea Despo Cañuqueo, fue liberada por sobreseimiento tempranamente, el 11 de octubre.
El resto de los miembros del lof, incluyendo niños, debieron dispersarse por el territorio enfrentando escasez de alimentos y falta de abrigo, como ha trascendido gracias a un audio enviado por un miembro de la comunidad, con fecha 24 de octubre. El audio hace un llamado a visibilizar y movilizarse por el regreso de la Machi Betiana a su rewe (sitio ceremonial y espacio sagrado). Entre las razones, se destaca el bienestar de la salud no tan solo de la Machi (como autoridad espiritual), sino también de sus pacientes (incluye a personas no mapuche) y las comunidades del Puelmapu. A la fecha, el rewe y todas las viviendas de la comunidad siguen bajo ocupación del Comando Unificado. En la madrugada del sábado 29 de octubre se realizaron nuevos allanamientos a casas de miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
La orden del allanamiento del 4 de octubre fue otorgada por la jueza federal de Bariloche, Silvina Domínguez, dando inicio a una serie de actos violentos que -de acuerdo a lo que se ha denunciado- transgreden tratados internacionales, como el Convenio Nº 169 de la Organización Internacionaldel Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2015), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1981) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), entre otros instrumentos de Derechos Humanos.
De las siete detenidas -de las cuales hoy hay cuatro de ellas privadas de libertad-, una estaba embarazada y dos son lactantes de cuatro y un mes, respectivamente, además de otros niños que estaban con las mujeres. Relatos de lo ocurrido sostienen que durante el allanamiento la policía usó escopetas con cartuchos anti tumulto y gases químicos en un lugar donde había niños y bebés. Seis niños lograron esconderse en el bosque y ser rescatados por sus familiares durante la noche, según narra una nota de Radio Autónoma Piuke.
Por otra parte, de acuerdo a lo detallado en un comunicado de las comunidades mapuche de Bariloche del 5 de octubre, los niños apresados fueron liberados por la policía a las 20:00 horas del día del allanamiento. Sin embargo, el documento advierte una vulneración de los derechos y de la salud física y psíquica de los niños durante el operativo policial y después de este, apuntándose que esto ocurrió “pese a que la jueza federal Domínguez conocía que se encontraban menores de edad en el territorio”.
Acusación de manipulación del rewe: vulneración de los derechos espirituales y culturales
Durante el allanamiento, las viviendas fueron registradas por la policía, confiscando elementos como celulares, cuadernos y ropa. En ese sentido, se ha denunciado que el rewe (figura ceremonial de madera esculpida) y el sitio ceremonial de la Machi Betiana Colhuan Nahuel, fueron manipulados por las fuerzas armadas, vulnerando los derechos espirituales y culturales del pueblo mapuche.
Andrea Despo Cañuqueo, quien fue liberada tempranamente, dio su testimonio el 12 de octubre en una manifestación pacífica en Bariloche. Entonces, dijo: “Es injusto todo lo que está pasando en el rewe, los winka [invasores], los milicos de todos los colores están ahí adentro, en las rukas [casas], en el sitio sagrado, en el rewe (…) no sabemos en qué estado está todo eso y nosotros nos preguntamos, ¿acaso nosotros vamos a la iglesia de cualquier religión a meternos a romper? ¿O el Estado va y hace esta destrucción y este atropello con otras religiones? No lo hace, pero parece que tiene este ensañamiento tan grande con nuestra gente, con nuestra espiritualidad, y que saben que eso es muy importante para nosotros”.
“El rewe es un espacio sagrado del cual depende la salud física, psíquica y espiritual, no solo de la Machi, sino de todos los mapuche, personas, familias y comunidades que habitamos Wallmapu, y de todo el Itxofillmogen (biodiversidad)”, se explica en una carta dirigida al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandie, y al Presidente de la Administración de Parques Nacionales, Francisco Granato, por parte de comunidades mapuche, organizaciones e individuos en solidaridad con el lof Lafken Winkul Mapu.
La misiva continúa diciendo lo siguiente: “Hasta allí [al rewe] llegan personas de diferentes procedencias que atienden dolencias físicas, psíquicas, espirituales y comunitarias, recurriendo al sistema tradicional de salud mapuche. En este momento, y ante la grave situación de avasallamiento, violencia y discriminación hacia nuestro pueblo sufrida ante el allanamiento de ese espacio ceremonial sagrado, todas esas personas, las comunidades mapuche vinculadas al sitio y nuestra autoridad tradicional, la Machi Betiana, estamos atravesando por una situación gravísima de violentamiento a nuestras pautas culturales, pero también se está afectando el sistema de salud de nuestro pueblo y de los pacientes de la Machi”.
El lof Lafken Winkul Mapu inició su proceso de recuperación de tierras ancestrales, vale decir, de las relaciones de vida mapuche físicas y espirituales en este territorio, el 10 de noviembre del año 2017. La recuperación se realiza como consecuencia del reconocimiento de la Machi Betiana por diversas comunidades mapuche de la zona. Una autoridad espiritual de tal envergadura debe contar con su rewe para ejercer su rol y fortalecer la vida física y espiritual mapuche en el territorio.
Pocos días después de iniciada la recuperación, el 23 de noviembre, la comunidad fue violentamente desalojada por orden del juez Guillermo Villanueva de Bariloche. Al igual que hoy, mujeres y menores de edad fueron detenidos. Dos días después, el 25 de noviembre, el grupo Albatros, fuerza especial de policía de la Prefectura Naval de Argentina, abrió fuego en los territorios recuperados, asesinando a Rafael Nahuel (22), ejecución por la que aún se busca justicia.
“Violaciones evidentes a los Derechos Humanos”
Además de la vulneración a los derechos de los niños y de la vulneración del rewe, espacio sagrado mapuche, organizaciones de Derechos Humanos de Argentina rápidamente acusaron el maltrato y transgresión a los Derechos Humanos de las mujeres detenidas. En primer lugar, se sostiene que las mujeres fueron apresadas sin informarles qué delitos se les imputan. Además, hubo una serie de irregularidades en el traslado de las cuatro mujeres que no estaban en estado de lactancia hasta el complejo carcelario V de Ezeiza.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), presentaron un habeas corpus ante la justicia federal de Lomas de Zamora, según consigna una crónica de Página 12. En esta se lee: “En su presentación ante el juez federal Federico Villena, las organizaciones decían que el traslado ordenado por la jueza Domínguez era ilegal, que la magistrada no justificó por qué no decidió otras alternativas –por ejemplo, dejarlas en la PSA [Policía de Seguridad Aeroportuaria], ponerles un dispositivo electrónico o dejar que transiten el proceso en libertad– y, además, impidió que ejercieran su derecho a la defensa al impedirles tener contacto con sus abogados defensores”.
El traslado de las mujeres de Bariloche a Buenos Aires se hizo en un avión de la Policía Federal Argentina, lo que también constituye una irregularidad. Las mujeres hicieron el viaje esposadas, sin saber a dónde las llevaban e incomunicadas. Estuvieron largas horas detenidas en una sede de la Policía Federal, luego fueron trasladadas a la unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal y, dos días después de su detención, llegaron el jueves en la noche al complejo V de Ezeiza.
Andrea Despo Cañuqueo, la única mujer prontamente liberada, acusó maltrato psicológico, detalló que fueron filmadas mientras dormían y mientras se duchaban. Que en un mismo día tuvieron que desvestirse cuatro veces para registrarlas. “Jugaron con nosotras a su antojo, pero nosotras estamos de pie”, dijo Andrea en su testimonio recogido por Radio Piuke. Otro grave aspecto del proceso, lo constituye que una de las mujeres, Romina Rosas, estaba embarazada de 40 semanas cuando fue detenida y tuvo a su bebé durante su arresto domiciliario.
Las irregularidades del proceso llevaron a la cabeza del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a renunciar a su cargo, noticia que se difundió el 8 de octubre, cuatro días después del allanamiento. En su carta de renuncia escribió: “El encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia, constituyen violaciones evidentes a los Derechos Humanos”.
La jueza Silvina Domínguez ordenó el allanamiento con secreto de sumario, por lo que las mujeres detenidas supieron de qué se les acusaba 21 días después de haber sido tomadas presas.
Comando anti-mapuche: continuidad de una ‘política genocida’ del Estado
La orden de la jueza Domínguez fue dada el mismo día en que se oficializó la creación del Comando Unificado de Seguridad de Villa Mascardi. Este comando, convocado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y con firma del Presidente Alberto Fernández (resolución 637/2022 del Boletín Oficial), está compuesto por la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El Comando Unificado tiene como objetivo la “gestión y coordinación interfuerzas de actividades preventivas del delito en la localidad de Villa Mascardi”, y prestar “colaboración en las diligencias que pudieran llegar a disponerse judicialmente, a efectos del aseguramiento de las personas y los bienes de la localidad”.
La resolución que crea el comando, expone como antecedentes a considerar “el incendio de un puesto móvil de vigilancia de la Gendarmería Nacional Argentina” por parte, según dice el documento, de miembros del lof Lafken Winkul Mapu. La resolución también hace mención a que el lof se encontraría “ilegalmente asentado” en propiedad privada y que estos “asentamientos se corresponderían con usurpaciones por medios violentos”. La orden de la jueza Domínguez, por tanto, da luz verde al recién creado Comando Unificado, bajo secreto de sumario, para ejercer una desmedida violencia estatal contra el lof mapuche.
En un comunicado enviado por un miembro del lof Lafken Winkul Mapu, con fecha 24 de octubre, se acusa una campaña de criminalización hacia la comunidad por parte de Diego Frutos, “quien es financiado por grandes terratenientes y apoyado por el poder económico, político y judicial”, según consigna la declaración. En esta se afirma que estos poderes “han generado mentiras y montajes para instalar un mensaje racista hacia nuestro pueblo y nuestra comunidad, a través de los medios hegemónicos de comunicación”. Diego Frutos es el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi y, según la resolución del Comando Unificado, uno de los propietarios de los predios recuperados por el lof Lafken Winkul Mapu.
En ese sentido, estas acciones estatales representarían una continuidad de las políticas genocidas del Estado argentino contra el pueblo mapuche. Este nuevo desalojo ha levantado recuerdos traumáticos de la llamada Conquista del Desierto, la invasión militar del Estado argentino de 1878-1885, especialmente los traslados forzados de personas mapuche desde sus territorios en la Patagonia hacia la capital sin tener conocimiento de adónde se les llevaba.
