Corte ordena entregar información de reuniones de Piñera en 2019: Su gobierno aseguró que no tenían registros

El tribunal estableció que los antecedentes solicitados a través de la Ley de Transparencia son de “carácter público” y elaborados con presupuesto público, “debiendo figurar en soporte documental”.
Sebastián Beltrán Gaete / Agencia Uno

El pasado 22 de junio la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto en contra de la resolución del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó entregar la agenda de reuniones que el Presidente Sebastián Piñera realizó entre el 11 y el 17 de marzo de 2019, y que no hayan sido publicadas en la web de prensa de la Presidencia.

En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada descartó una ilegalidad en la resolución del CPLT que ordenó la entrega de la información solicitada por Ley de Transparencia.

Este caso se origina en una petición realizada por Transparencia a la Presidencia por Javier García García el 28 de diciembre de 2020, quien -como señaló al Consejo- pidió, además de las “reuniones realizadas a solicitud de lobbistas o gestiores de interés”, aquellas en las que “la participación de personas privadas, naturales o jurídicas se realiza a petición del órgano de gobierno”. Junto con ello, García solicitó las reuniones con otros órganos del Gobierno y del Estado, “las cuales no son publicadas en los registros públicos a los que se refiere la Ley 20.730”.

Piñera
Cristóbal Escobar / Agencia Uno

Javier García recibió como respuesta desde la Presidencia una denegación a la información requerida, bajo el siguiente argumento: “Las reuniones del Presidente de la República no son materia de registro en los soportes documentales del artículo 10 de la Ley de Transparencia, ni se elaboran con presupuesto público. Lo anterior, puesto que no existe norma constitucional o legal que mandate a la Presidencia de la República a llevar un registro con la totalidad de actividades en las que participa el Mandatario”.

El aludido artículo 10 de la Ley de Transparencia sostiene que “toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado”, mencionándose como soportes de esta “actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos”.

Frente a esto, García presentó el 25 de enero de 2021 un amparo en contra de la Presidencia y a favor de su derecho de acceso a la información, el que fue acogido por el Consejo para la Transparencia, ordenando esta entidad el 18 de mayo del mismo año que debían ser suministrados los antecedentes demandados.

En ese sentido, la Corte de Apelaciones argumentó en su resolución sobre este caso que “la información a entregar, conforme a las normas legales referidas, es de carácter público, elaborada con presupuesto público, debiendo figurar en soporte documental y no existiendo, reproche alguno que hacer al Consejo para la Transparencia al tomar los resguardos legales de todo datos personal, no cabe sino rechazar el presente reclamo de ilegalidad”.

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