Martes, Febrero 20, 2024

Corte aseguró que no se puede privar a Carabineros de usar escopetas antidisturbios por “algunos lamentables desenlaces”

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La Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó al mismo tiempo 14 recursos de protección presentados contra Carabineros por el uso de armamentos en manifestaciones. Esta situación podría marcar un precedente respecto a la utilización de fuerza desmedida en labores de control de orden público y el disparo de escopetas de balines contra civiles.

La información fue publicada por La Tercera. Todas las presentaciones fueron vistas en conjunto pues el tribunal consideró que “trataban hechos semejantes” y por “economía procesal”.

El primer caso fue presentado por los abogados William García (constitucionalista), Francisco Bustos (de derechos humanos) y Ramón Sepúlveda (penalista) representando a más de 100 estudiantes por una situación vivida el 11 de noviembre pasado. El documento se presentó en contra del general director de Carabineros, Mario Rozas, pidiendo que se “declare la ilegalidad y/o arbitrariedad del acto atribuible a funcionarios de Carabineros de Chile, consistente en disparar balines y/o perdigones en forma arbitraria a sus protocolos, causando lesiones gravísimas” y que “se declaren amenazados el derecho a la integridad física y psíquica de las personas, a la libertad de reunión y a la libertad de expresión”.

Otro recurso fue presentado en contra de Rozas por Emilia Schneider, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y Belén Larrondo, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, junto a más de de 34 estudiantes, además de siete rectores universitarios, entre ellos, de la U. de Chile, Usach, UDP, UAH, UC de Valparaíso y UAI. La solicitud fue que “se ordene a Carabineros que se abstenga por completo de usar escopetas antidisturbios y sus municiones (perdigón de goma, super-sock, u otros tipos que se estén utilizando) en el contexto de las manifestaciones pacíficas”.

Sin embargo, la sala integrada por los ministros Juan Manuel Muñoz Pardo, Fernando Carreño Ortega y el fiscal judicial Jorge Norambuena Carrillo (voto disidente), resolvió que la acción no “explica cómo se ha amenazado, perturbado o conculcado las garantías constitucionales denunciadas (…), no se explica de qué forma los presuntos actores detentan el carácter de afectados por los hechos que denuncian (…) Más bien, el recurso reviste la naturaleza jurídica de una verdadera acción popular, intentada por personas que no justifican ningún derecho cierto”.

 “Las manifestaciones ocurridas en el país fueron de una violencia y entidad inusitada, que no fue posible de prever por parte de las autoridades administrativas y policiales, ya que los antiguos protocolos no estaban diseñados para enfrentar la violencia de los desmanes, la destrucción a la propiedad pública y privada, los saqueos y en general, un actuar antijurídico desmedido (…) No obstante el lamentable desenlace que determinados sujetos sufrieron con el actuar policial cuestionado, estos hechos no tienen la virtud de sustraer el uso de la fuerza legítima en los agentes que la sociedad, el constituyente y el estado de derecho han acordado radicar. En este punto, no puede perderse de vista que el ‘Poder’, en tanto atributo del Estado, es una fuerza al servicio de una idea”, agregaron los magistrados.

El lamentable desenlace en actos violentos por parte de algunos ciudadanos no puede ser una justificación para impedir el uso del armamento propio de los organismos policiales, menos cuando dichos cuerpos policiales han reglado y ajustado sus protocolos de acuerdo a los estándares internacionales de las policías, respetando las garantías fundamentales de todo sujeto de derecho, situación que incluso se endureció más, con el dictado de la Orden General N°2780, de 14 de julio de 2020, que actualizó el protocolo del uso de la escopeta antidisturbios”, concluyeron.

En total la Corte de Apelaciones conoció 14 recursos de protección, en favor de personas de la sociedad civil en resguardo de su derecho a la integridad. Todos los recursos coincidían en la necesidad de proteger a los ciudadanos del uso de armas que han provocado centenares de mutilaciones.

El único voto disidente en la corte fue Jorge Norambuena, quién dijo que hay “indicios de la existencia de actos –arbitrarios e ilegales-, que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil”. Pero no tuvo respaldo de sus pares en la sala.

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