Con motivo de la conmemoración del tercer aniversario del estallido social, el medio de investigación LaBot publicó un artículo en donde dio cuenta de las principales razones por las que entre octubre de 2019 y julio de 2022 fueron dados de baja funcionarios de Carabineros.
En la información obtenida a través de Ley de Transparencia se detalla que los principales motivos de las 920 bajas del Personal de Nombramiento Institucional -que incluye a funcionarios con grados desde carabinero hasta suboficial mayor- en dicho período fueron el consumo de alcohol (265); la violencia intrafamiliar (VIF) o malos tratos y amenazas contra parejas y ex parejas (76); el consumo, porte o tráfico de drogas (66); robos, hurtos o receptación, y sustracción de especies en procedimientos policiales (56); y agresiones a personas detenidas (54).
Al respecto, LaBot hace hincapié en su artículo en que, a pesar de que a tres años del inicio del estallido social el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado más de 3 mil querellas por hechos relacionados a violaciones a los Derechos Humanos, solo 18 funcionarios de Carabineros han sido desvinculados por esa razón.
En ese sentido, el medio detalla que entre estas denuncias del INDH destacan 2.232 causas por apremios ilegítimos, 660 por violencia innecesaria y 551 por tortura.
Entre los casos que se mencionan de funcionarios que han sido dados de baja en causas judicializadas por violaciones a los Derechos Humanos aparecen tres cabos primero que participaron en la golpiza que dejó postrado a Mario Acuña en Buin, y tres carabineros y dos cabos segundo por agresiones a un joven en Puente Alto que quedaron grabadas en la cámara de una vivienda del sector.
Sin embargo, LaBot advierte que en la información proporcionada por Carabineros se omitieron bajas anunciadas públicamente por la institución, como la de dos funcionarios de la 14ª Comisaría de San Bernardo por el caso de la hoy senadora Fabiola Campillai, uno de ellos el ex capitán ya condenado por la Justicia, Patricio Maturana; y la del ex teniente coronel Claudio Crespo, dado de baja por descargar -sin informar- imágenes captadas por la cámara GoPro que portaba el día en que, según el Ministerio Público, disparó en contra del manifestante Gustavo Gatica, quien resultó con una ceguera total producto de ello.
Además de las 18 mencionadas, hay otras 10 bajas que están asociadas a hechos ocurridos en el estallido social, las que se desglosan en cinco por participación de funcionarios en robos o desórdenes públicos, y otras cinco por asistir a manifestaciones o ser críticos de la institución.
Por otra parte, se destaca en el artículo que la cifra de condenas judiciales por hechos relacionados a violaciones a Derechos Humanos alcanzan solo a 13, siendo justamente Carabineros la institución que las lidera, y que hay 448 causas que ya finalizaron sin culpables.
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