Comisión de CC rechaza norma de amnistía a presos de la revuelta y abre debate sobre mejor fórmula para otorgar libertad

Por 6 a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional (CC) rechazó esta jornada la norma transitoria que buscaba establecer una amnistía para los presos del estallido social.

La iniciativa N° 460 había sido presentada, entre otros, por el convencional Manuel Woldarsky, quien si bien a través de su cuenta en Twitter lamentó lo ocurrido, agregó que buscarán la forma de volver a reponer el tema en la discusión.

En ese sentido, Woldarsky se abrió en parte a lo expresado por su par Mauricio Daza, quien se abstuvo en la votación y argumentó luego que la solución para los presos de la revuelta no es una amnistía. Esto porque -como destacó- de aprobarse aplicaría desde la eventual aprobación de la nueva Constitución a fines de 2022.

A juicio de Daza, una solución pasaría por «el retiro de querellas por Ley de Seguridad del Estado contra imputados e indultos a condenados por parte del Presidente (Gabriel) Boric desde la próxima semana».

Esta es una de las explicaciones posibles; sin embargo, requiere creer en la institucionalidad que nos dejó fuera.
Esperemos que sea a través de lo señalado por Mauricio, o por vía #NuevaConstitución, pero que sea cuánto antes.
No bajaremos los brazos. https://t.co/QLPzNWCoiU

— Manuel Woldarsky González (él/he) (@manuconstituye) March 9, 2022

Por su parte, el convencional Daniel Stingo argumentó su voto en contra señalando que el tema de los presos políticos se debe resolver a través de la vía legislativa -por una ley- y no por medio de la nueva Constitución.

Al respecto, el abogado planteó que en el Congreso todavía se encuentra en tramitación un proyecto de ley de indulto/amnistía en favor de aquellos que han sido privados de libertad o condenados en el contexto de la revuelta.

Junto con ello, apuntó a que el período de la propuesta ingresada a la Comisión de Sistemas de Justicia abarcaba desde octubre de 2019 hasta la fecha en que la nueva Constitución sea aprobada, lo que implicaría amnistiar delitos que no se han cometido, yendo eso en contra de un principio del derecho.