Camioneros se radicalizan y anuncian más cortes de carretera en pandemia

Después de la fiesta de la madrugada del viernes en pleno corte de ruta, la CNTC ligada al grupo Angelini rechazó las “migajas del gobierno” y aseguraron que van a realizar más cortes de carreteras.


Como “migajas del Gobierno” calificaron los camioneros de la CNTC sobre la propuesta que les presentó el gobierno para destrabar el paro. Por ello, anunciaron que desde ahora impedirán el paso de cualquier carga que no sea vital.

El gremio que está cortando las carreteras es la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), ligada al Grupo Angelini quien tienen conflictos con el pueblo mapuche por la Forestal Arauco, tal como lo reveló un reportaje de La Voz De Los Que Sobran.

Además, el Werkén Rodrigo Curipán reveló en La Voz De Los Que Sobran el conflicto de interés del intendente de La Araucanía Víctor Manoli, quien tiene una gran cantidad de camiones que prestan servicios a las forestales y a servicios de vialidad.

La CNTC argumentó que la propuesta del gobierno estuvo “llena de clichés y generalidades”, que no identifica responsables, no establece periocidad de reuniones ni tampoco la fuerza vinculante de estas.

La contraofensiva

El gobierno está en contra del paro, de hecho, el presidente Sebastián Piñera dijo la jornada de ayer que “no vamos a permitir la toma de las carreteras o la interrupción del suministro de alimentos, medicamentos, ambulancias, personal médico u otros bienes”.

“Eso sería atentar contra todos los chilenos y desde ese punto de vista quiero plantear, con mucha claridad, que el camino de solución a estos problemas no son las tomas, no es la violencia. Es el diálogo”, argumentó.

Además el fiscal nacional Jorge Abbott ofició a ocho fiscalías regionales para que investigaran el paro camionero en el marco de la ley antibarricadas “Hemos remitido los antecedentes (…) a ocho regiones del país con el objetivo de que se abran las investigaciones”, señaló Abbott.

La ley anti barricadas se promulgó debido al estallido social y sus sanciones van desde multas a 15 años de cárcel efectiva.

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