Amnistía Internacional le pide a Estados Unidos no venderle armas a Colombia

Mediante una carta en la que se cita a los más de 50 fallecidos y miles de heridos, buscan instar al gobierno de Joe Biden a suspender el suministro de armamentos. Esto para que no sean utilizados en la represión de manifestaciones legítimas.

Amnistía Internacional ha publicado una misiva este jueves, en la que insta al gobierno de los Estados Unidos suspender la venta directa e indirecta de armas a Colombia. Esto debido a que las fuerzas de seguridad los usan para reprimir las protestas que se realizan desde abril en el país.

La carta fue escrita por el director de la oficina estadounidense del organismo, Philippe Nassif, y está dirigida al presidente Joe Biden y su secretario de Estado, Antony Blinken.

El texto argumenta, entre otras cosas, que “el papel de los Estados Unidos en alimentar los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es indignante”. Además, defendió que debe partir de la Casa Blanca la iniciativa de alejarse del gobierno de Iván Duque “hasta que este cumpla plenamente con el derecho y las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, y que los abusos de los uniformados sean investigados de manera independiente e imparcial”.

El documento detalla que los armamentos que deberían tener su venta prohibida, incluyendo escopetas, armas pequeñas y municiones, bombas de gas lacrimógeno, proyectiles antidisturbios, vehículos blindados y tecnologías de vigilancia de doble uso. También se solicitó que las instituciones militares estadunidenses suspendan cualquier tipo de capacitación o asistencia técnica y financiera a sus colegas colombianos.

Junto con la carta, Amnistía Internacional entregó cifras de un informe de Human Rights Watch sobre los 178 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas sobre todo por el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios, similar a las Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile), y que están bajo investigación de la Fiscalía.  

Los datos fueron recopilados en un trabajo de esta otra organización internacional en colaboración con el Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia).

Entre los casos citados en el informe están el registro de 52 personas fallecidas en las protestas, 18 víctimas de abusos sexuales y 33 personas con lesiones oculares graves (que incluyen la pérdida de visión en al menos uno de los ojos). Además, hay 548 personas desaparecidas, 1,8 mil personas heridas y 1,2 detenciones ilegales.