“Ha sido utilizado por gobiernos para criminalizar a enemigos políticos”, señalan desde la organización.
Diversas agrupaciones han presentado solicitudes de audiencias a la comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional (CC). Una de ellas es la Agrupación Verdad y Justicia, enfocada en la protección de los Derechos Humanos de personas pertenecientes a los grupos de especial protección, con particular énfasis en las personas privadas de libertad y la criminalización penal de aquellas.
La relevancia de la solicitud de audiencia presentada el pasado 10 de agosto -la cual fue declarada admisible- es que pretende poner en el tapete dos temas que han dado que hablar durante el último tiempo: terrorismo y personas privadas de libertad, ambos tratados ampliamente en la Constitución que nos rige hasta hoy y que da las directrices para la creación de leyes específicas al respecto.
“La intervención más que enfocarse en la Ley Antiterrorista, se va a referir al terrorismo en su conjunto, porque la actual Constitución ilegítima, originada en dictadura en 1980, contiene varias menciones relativas al terrorismo, entre ellas que el Estado de Chile condena el terrorismo, que no se podrá indultar particularmente a las personas terroristas o que para acceder a la libertad los condenados por terrorismo deben cumplir ciertos requisitos, y debe haber unanimidad en quienes dicten su libertad, cosas que ponen muy cuesta arriba la libertad de aquellas personas”, declara uno de los abogados pertenecientes a la agrupación.
Respecto a esto, el mismo legista añade que no existe consenso en el ámbito jurídico, debido a que “el terrorismo no es un fenómeno jurídico, no es un concepto jurídico, es decir, es pura invención política”. En ese sentido, añade que “ha sido utilizado por diversos Estados y gobiernos para criminalizar a sus enemigos políticos, algo que en el derecho se llama ‘derecho penal del enemigo’, buscar excluir a otras personas, quitarles garantías procesales y básicamente marginarlas la sociedad”.
De esto último se puede desprender que la materialización de aquello es la Ley Antiterrorista, normativa por la que se encuentran procesadas personas mapuches, presos anarquistas, subversivos y de larga condena. El objetivo de la participación de la Agrupación Verdad y Justicia en la comisión de Derechos Humanos de la Convención, según menciona el abogado, sería discutir argumentos de por qué no debería estar el concepto de terrorismo en la nueva Constitución.
En cuanto a las personas privadas de libertad y el trato que se les da dentro de los penales, la petición apunta a dos ámbitos: uno es el de asegurar las posibilidades de resocialización y reinserción social de las personas privadas de libertad; y el otro es en función de la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, particularmente en referencia a establecer la prohibición de las secciones de máxima seguridad.
Ambos puntos que propuso tratar la Agrupación Verdad y Justicia –la cual funciona desde el año 2019- podría favorecer a grupos de personas privadas de libertad que han sido ampliamente castigadas durante los últimos años, como es el caso de los presos mapuche y aquellos que se encontraban cumpliendo condena en la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago, y que fueron trasladados arbitrariamente a Rancagua, lo que obligó a sus familiares a trasladarse hasta allá para las visitas y encomiendas. Junto con ello se considera igualmente a los prisioneros de larga condena, como es el caso de Mauricio Hernández Norambuena, quien también fue enviado a la capital de la sexta región.
