Por 31 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, el Senado aprobó el acuerdo de Escazú, con lo cual culmina el trámite legislativo para el relevante acuerdo socioambiental que busca mayor acceso a la información, participación ciudadana, acceso a justicia ambiental y, sobre todo, lo que lo hace único a nivel mundial: la protección de organizaciones y personas que defienden las causas ambientales.
Orietta Llauca, abogada mapuche, embajadora del acuerdo representando a comunidades mapuche de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, señaló que “hoy es un buen día, buen comienzo, se ha ratificado Escazú, un piso jurídico importante que no existe hoy, que permite defender a la Ñuke Mapu”.
Respecto a los pasos a seguir, Llauca sostuvo que “es urgente exigir la implementación junto al pueblo, aplicando consulta indígena”, asunto que conversó directamente con la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas. En ese sentido, la defensora ambiental hizo hincapié en la importancia de una modificación al Código Penal para la protección de quienes reciben ataques por defender la naturaleza.
Juan Carlos Viveros, coordinador de Defendamos Chiloé y también embajador del tratado en representación de causas socioambientales del sur patagónico como la contaminación acuícola de ecosistemas marinos y la destrucción de bosque nativo, pomponales y turberas, entre otras, señaló que “culmina aquí esta parte del proceso, pero esto es apenas el comienzo, puesto que es la etapa de implementación de este tipo de acciones lo que más importa a las organizaciones, puesto que es donde en otros acuerdos o convenios internacionales, se recortan los alcances”.
El activista advirtió, además, que “desde la región de Los Lagos a Magallanes está naciendo una nueva zona de sacrificio, esta vez no por un conflicto unilateral, como suele ser en el centro-norte de Chile, sino que aquí es múltiple, más complejo, dado que son múltiples causas y en sectores diferentes de territorios y maritorios, por lo que la implementación consciente y efectiva del tratado es clave”.
Bárbara Astudillo, investigadora en Fundación Territorios, embajadora del acuerdo y parte de colectivos activistas en la provincia de Petorca, manifestó que “la implementación del tratado será crucial, junto a la democracia de acceso a los territorios de Chile para hacer efectivo el tratado, donde las herramientas sustantivas para la defensa en justicia ambiental son imperiosas frente al colapso ecológico que tiene en riesgo a gran parte del país”.
La activista del territorio de mayor conflicto socioambiental por el agua del país agregó que junto a la correcta implementación del acuerdo, vienen las etapas de “asegurar la participación, la incidencia en la planificación, en el ordenamiento territorial, como un balance hídrico que permita un concejo de cuencas donde las comunidades puedan gestionar y decidir sobre el derecho prioritario al agua”.
El proceso continúa ahora mediante la oficialización a Naciones Unidas por parte del Ejecutivo, y luego de 90 días de oficializado, Chile pasará a ser formalmente parte del Acuerdo de Escazú.
