El gobierno se ha resistido a firmar el acuerdo que ellos mismos promovieron y que asegura la defensa de los activistas medioambientales. La carta advierte que “es la última oportunidad que tiene este gobierno para demostrar el compromiso y liderazgo internacional por la crisis climática, justicia ambiental y el respeto de los derechos humanos”.
Más de 20 activistas medioambientales de distintas organizaciones están presionando al presidente Piñera por medio de una carta para que firme el acuerdo de Escazú que entrega mayores herramientas para proteger el medioambiente y a los activistas medioambientales.
“A modo de retratar esto, Chile es uno de los países con mayor cantidad de conflictos socioambientales del mundo, destacándose por acuñar conceptos como las zonas de sacrificio -en Quintero y Puchuncaví- donde la comunidad se enferma por exceso de emisiones contaminantes”, destaca la misiva.
Al respecto, Nataly Campusano, presidenta de la Fundación Territorios Colectivos, manifestó en un comunicado que “interpelamos al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera para que firme el Acuerdo de Escazú y deje de pensar en los intereses del gran empresariado, se mueva por el medio ambiente, por la democracia territorial y por la protección de quienes día a día resisten el extractivismo que se vive en Chile”.
El canciller Allamand señaló en una comisión del congreso que no es necesario aprobar el tratado, ante esto el líder de la campaña Escazú Ahora Chile, Sebastián Benfeld, señaló que, “esto constituye sin duda una falta de respeto para las comunidades, para los territorios que hoy en día no cuentan con las herramientas suficientes para hacer valer y respetar sus derechos”.
La carta criticó al canciller señalando que estas declaraciones son “contradictorias y sin sustento para un Gobierno que dice tratar los temas ambientales como prioridad, pero que al momento de “firmar” pactos o “liderar” acuerdos como la COP 25 han fracasado”.
A su vez, la activista ecofeminista por Petorca, Bárbara Astudillo, indicó que “en Chile no existe la democracia ecológica, no existe participación vinculante, nos hacemos gárgaras de una socialdemocracia cuando el territorio no puede decidir e incidir en políticas públicas, sobre todo sabiendo que al defender el medioambiente no hay protección, por eso es una irresponsabilidad por parte de las autoridades no colocar la firma en Escazú”.
