A dos años del informe, los sobrevivientes sindican esta misión como una “buena estrategia de marketing, un lavado de imagen o una operación de prensa”. Mientras que la gran cantidad de casos de abusos sexuales cometidos en hogares colaboradores del Sename, iglesias, seminarios y colegios siguen impunes.
La “Comisión Scicluna” fue una instancia que se constituyó tras la visita del Papa Francisco a Iquique, donde dijo, respecto a la presencia del obispo de Osorno Juan Barros, “El día que me traigan una prueba voy a hablar”. Barros fue acusado de encubrir al párroco de El Bosque, Fernando Karadima.
El Vaticano envió a Charles Scicluna y a Jordi Bertomeu a investigarlo. Al poco tiempo sumaban decenas de personas que se acercaron a conversar con él y la investigación se agrandó a denuncias de abuso en la iglesia. Ambos se sorprendieron con la falta de empatía de los sacerdotes chilenos y la estructura de encubrimiento que se armó para que muy pocos casos salieran del país.
El total fueron 64 los sobrevivientes que conversaron con Scicluna, generando un primer informe de aproximadamente 1.200 páginas. Se presentó en Roma y después se coordinó una segunda visita a Chile para cerrar la investigación.
“En el último tiempo hemos presenciado desilusión, revictimización, rabia y pena”, señala Jaime Concha respecto al informe, quien el 27 de febrero del 2018 fue hasta la sede de la nunciatura apostólica junto a otros seis sobrevivientes de abusos sexuales perpetrados por miembros de la congregación Marista, con la ilusión de que sus agresores serían condenados.
En dicha reunión Concha denunció a cinco miembros: Abel Pérez, Cristián Precht, José Monasterio, Miguel Ortega y Sergio Uribe. Jaime recuerda que “Scicluna anotó todos los datos”, les pidió perdón, se comprometió a acelerar los procesos y les dio los cánones para que ellos solicitaran a la iglesia una reparación económica. En su caso, dos de los denunciados se encuentran muertos, Precht y Pérez fueron expulsados, en tanto Uribe fue sancionado con un viaje a Francia.
Enéas Espinoza, vocero de la Red de Sobrevivientes, es más crítico y en conversación con este medio enfatiza que la comisión Scicluna “Fue una muy buena actividad de marketing y publicidad (…) pero a dos años tenemos que seguir mendigando información a Roma”.
Cabe señalar que, en el caso marista, de los 33 hermanos denunciados, tan solo uno ha sido expulsado de la iglesia.
Concha y Espinoza coinciden en que al interior de los hermanos Maristas existe una asociación ilícita, ya que habrían permitido que miembros de la congregación, y externos a esta, abusaran al interior de los colegios. “¿Qué explicación hay para que un sacerdote como Lapagne que depende del arzobispado, abuse a diestra y siniestra a niños en el instituto Alonso de Ercilla?”, dice Concha.
Una fuente cercana al episcopado chileno, quien pidió mantener en reserva su identidad, comenta que para los sobrevivientes los cambios han sido mínimos. “Desde esa perspectiva sí, han sido lentos, pero hay que ver que el Papa se encuentra limitado”, comenta.
No son un número más
Silvana Bórquez, una de las pocas mujeres que ha denunciado a la iglesia católica, considera que el bajo número de acusaciones se debe a la “cultura patriarcal existente”. Es de origen chillanejo y, al igual que su hermana, es denunciante del ex sacerdote Jorge Baeza, quien fue sindicado el 2008 como autor de abusos sexuales mientras era líder espiritual de la comunidad religiosa de la Parroquia San Juan de Dios de Chillán en los años 90.
A más de dos décadas de sucedidos los hechos, Silvana decidió no ir a la comisión porque su caso se encontraba prescrito y no confiaba en la institución. Cuando denunció los hechos sufrió persecuciones por parte del ex obispo de Chillán, Carlos Pelegrín.
“Yo vi a esta comisión como una que venía a hacer control de daños de lo que había hecho el Papa en su venida y no ha puesto luz al tema”, sentencia. Ella no estaba dispuesta a hablar en una comisión que viniera desde la iglesia a investigar a esta misma.
De las 64 personas que se acercaron a conversar con Charles Scicluna y Jordi Bertomeu en sus dos visitas a Chile, pese a la abolición del secreto vaticano, los sobrevivientes de abusos eclesiásticos y la fiscalía nacional no han tenido acceso al informe que tanto sorprendió al Papa Francisco en 2018.
Hasta el informe Scicluna en Chile existían 149 denuncias por abusos sexuales, desde 1904 cuando se realizó la primera denuncia contra Santiago Herreros Cerda, profesor del colegio San Jacinto de la congregación de las escuelas cristianas (La Salle) quien abusó de un menor de 8 años.
Revisa la línea de tiempo con los casos emblemáticos desde 2002 a la fecha
Según Juan Carlos Claret, experto en iglesia y laico de Osorno, en su investigación “La caja de pandora” ha logrado registrar 195 casos nuevos, entre 2018 y 2020. Totalizando en 116 años, desde el primer caso, 363 denuncias por abusos sexuales, de los cuales tan solo un 15% han sido condenados ya sea por la justicia canónica o civil.
Los 368 casos se desglosan en 182 sacerdotes o laicos diocesanos, y lideran las diócesis de Santiago con 36 casos y Rancagua con 20, en esta última la gran mayoría han sido sobreseídos. En tanto las congregaciones religiosas cuentan con 186 denuncias; siendo Maristas (33), Salesianos (31) y Jesuitas (18) los que tienen mayores miembros implicados.
La iglesia por su parte reconoce 222 víctimas; pese a que fiscalía índica que son 266, de los cuales 178 son niños o adolescentes.
A los 368 casos se suman 22 obispos y tres cardenales chilenos acusados de encubrimiento de abusos sexuales. Entre ellos se destacan los formados por Karadima Andrés Arteaga, Tomislav Kolijatic, Horacio Valenzuela y Juan Barros; el presidente de la Conferencia Episcopal, Santiago Silva; y los imputados Ezzati y Errázuriz. Totalizando 390 denuncias, ya sea por abuso o encubrimiento.
Scicluna se fue de Chile convencido que San Felipe, Valparaíso, Chillán y Puerto Montt eran las diócesis más afectadas por los abusos sexuales, además de Santiago. Alrededor de un 10% a 40% de su clero se encuentra denunciado ya sea por abuso sexuales, encubrimientos o tráfico de drogas.
Estas cuatro diócesis tienen la particularidad de que sus ex obispos son cercanos al cardenal Francisco Javier Errázuriz, imputado por encubrimiento del caso Karadima mientras era Arzobispo de Santiago. Además participaron de forma activa en la red de encubrimiento y protección de los delitos sexuales.
Tres de ellas también fueron lideradas por obispos denunciados por abusos sexuales como Gonzalo Duarte (Valparaíso), Cristián Contreras Molina (San Felipe) y Carlos Pelegrín (Chillán). Duarte fue sobreseído por la Corte de Apelaciones; Contreras fue declarado inocente por la justicia canónica y archivado en la civil; mientras Pelegrín es uno de los más polémicos, ya que todavía está siendo investigado.
Sergio Pérez de Arce, obispo de Chillán, sostiene que no hay información pública sobre esa denuncia. Pasado ya dos años no ha habido ninguna formalización de la investigación ni una imputación de delito.
“Pérez de Arce se vanagloria de cerrar procesos, pero eso no significa que a las víctimas se les haya reparado. Reparar para a mí es que hubiera un trato diferente con las personas que hoy denuncian, sobre todo en los lugares en los que ha habido delitos grandes”, declara Silvana Bórquez, quien en los años 90 fue abusada sexualmente por el sacerdote Jorge Baeza, el cual fue expulsado de la iglesia y vive con sus hijos.
“En el episcopado chileno hay un convencimiento que no hay que hacer las cosas como antes, pero es por la fuerza de los hechos y no por un convencimiento de corazón”, explica otra fuente dentro de la Conferencia Episcopal Chilena.
La impunidad
“La iglesia tiende a los abusos y a los crímenes porque la estructura es peligrosa (…) Esta estructura le da una libertad absoluta a los miembros para que puedan echar rienda suelta a todas sus perversiones y la institución no hace nada, por eso es tan es peligrosa”, explica el abogado Juan Carlos Claret,
Al mismo tiempo logran impunidad a nivel diplomático, ya que el Vaticano negocia con los estados concordato o acuerdos que, por ejemplo, pueden permitir que los miembros de la iglesia no se encuentren sometidos a las leyes de un país.
“La impunidad no está garantizada por la iglesia, sino que por los estados, la iglesia podrá hacer todo para encubrir ¿pero cómo se entiende que el Ministerio Público se desentienda de los casos?”, dice Claret.
En el caso chileno no existe concordato, sino que la relación del Estado con las iglesias se regula a través de la Ley de Culto, que reconoce a estas como instituciones de derecho público.
El punto de conflicto de esta ley se encuentra en el artículo 20 el cual reconoce todos los regímenes jurídicos de las instituciones religiosas, creados con anterioridad a la promulgación de la ley. Esta fue promulgada en 1999, por lo que el derecho canónico es reconocido por el estado cómo válido.
El derecho canónico es el órgano jurídico que rige a la iglesia católica desde 1914, en este no se reconoce la presunción de inocencia, el acceso a un juicio justo, la legítima defensa, entre otros aspectos legales.
Otro tema que deja una ventana abierta a la impunidad de los denunciados por abusos es la prescripción, ya que los delitos que se cometieron antes del 2007 prescriben cinco años después de cometidos. Tras una modificación a la ley, en los delitos cometidos desde 2007 la prescripción comienza a correr cuando la víctima cumple 18 años.
Se estima que más de un 70% de los casos se encuentran prescritos, lo cual imposibilita que los culpables sean incluidos en el registro nacional de pedófilos. Una vez expulsados de la iglesia puedan seguir haciendo clases de filosofía o religión. Cabe destacar, que la vicaría para la educación de las distintas diócesis da la autorización para ser profesor de religión.
Eneas Espinoza reflexiona sobre la complejidad de este tema. “Para nosotros la prescripción no existe porque Chile firmó la Convención Internacional del Niño en donde se señala que estos tipos de delitos son imprescriptibles porque son tortura”, enfatiza.
A dos años de la Comisión Scicluna, a pesar de la investigación judicial y de los antecedentes recabados en la investigación de este medio en conjunto con la Red de sobrevivientes, no existe total claridad respecto a cuántos son los religiosos y laicos acusados de abusos eclesiásticos en el país.
Por esta razón los sobrevivientes exigen una nueva comisión Valech que establezca “Verdad, justicia y reparación” en estos casos. Si es que lo llevará a cabo el Estado se debería indemnizar a las víctimas de la iglesia.
La idea fue presentada al presidente Sebastián Piñera, le entregaron la petición formal de la comisión, fueron recibidos por la subsecretaría de Derechos Humanos DD.HH y se sacaron una foto. Aparecieron en los diarios pero nunca más les contestaron.
“Nunca hemos visto un gesto del ministerio de educación hacia las víctimas siendo que la iglesia es uno de los principales sostenedores”, dice Eneas.
“Si el estado chileno no es confiable, no es garante, vamos a llegar a la comisión interamericana de derechos humanos, llegaremos a la corte de La Haya denunciado al estado chileno y al estado vaticano”, agrega Concha.
En el caso de que la red de sobrevivientes decidiera ir a la Corte Internacional de la Haya o a otra instancia similar, la demanda según Juan Carlos Claret es paradójicamente contra el estado chileno. “No sería contra el Vaticano, ya que el Estado chileno en su legislación viola por omisión los derechos humanos al no condenar a los clérigos”, concluye.
La tarea en cuanto a justicia y reparación en Chile está muy lejos de la solicitud del Papa enviada en una carta enviada al episcopado chileno el 18 de mayo, donde señala que “es urgente abordar y buscar reparar en el corto, mediano y largo plazo este escándalo para restablecer la justicia”.
