Corte Suprema determinó traslado de juez de garantía de Rancagua denunciado y sancionado por acoso sexual
El organismo jurisdiccional trasladó a Luis Barría Alarcón desde el Juzgado de Garantía de Rancagua a la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, luego de haber sido suspendido de funciones por el plazo de tres meses con goce de medio sueldo debido a que estaba siendo indagado por denuncias de reiterado acoso sexual.
Ayer, la Corte Suprema dispuso el traslado del magistrado del Juzgado de Garantía de Rancagua, Luis Barría, al cargo de relator de la Corte de Apelaciones de la misma ciudad.
La resolución del máximo tribunal señala que se convocó especialmente al Tribunal Pleno para determinar el cargo al cual será trasladado Barría, «en atención a la solicitud de la Corte de Apelaciones de Rancagua y a las razones tenidas en cuenta en el AD 177-2021”.
“De acuerdo, además, con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 80 de la Constitución Política de la República, se dispone el traslado de don Luis Barría Alarcón, juez del Juzgado de Garantía de Rancagua, al cargo de relator de la Corte de Apelaciones de esa ciudad”.
La medida del traslado la consideraban las sanciones que propuso la fiscalía de la Corte de Apelaciones de Talca. Esta instancia estudió las denuncias que se presentaron en contra de Barría Alarcón. Fue la segunda instancia de la investigación. La primera la realizó la fiscalía de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
En su decisión dada a conocer este jueves 1, la Corte Suprema sostuvo que “considerando la situación funcionaria del señor Barría Alarcón y las necesidades de la jurisdicción en la cual se desempeña, se estima conveniente su paso al cargo de relator de la Corte de Apelaciones de Rancagua, en la vacante quedada por promoción de don Cristian Fernández González, actualmente sin proveer”.
Las denuncias de acoso
En febrero pasado, la Corte de Apelaciones de Rancagua acordó sancionar a Luis Barría con la medida de suspensión de funciones por el plazo de tres meses con goce de medio sueldo, tras ser indagado por denuncias de acoso sexual, luego de que cuatro funcionarias del Poder Judicial lo denunciaran por acosarlas sexualmente en reiteradas ocaciones.
En esta instancia, la fiscal Natalia Rencoret dio por acreditada la veracidad de las denuncias contra Barría por acoso sexual reiterado, pero se resolvió sobreseer una de las denuncias en su contra ya que el hecho que habría ocurrido hace más de 14 años, por lo que se encuentra prescrito.
En la resolución, el tribunal de alzada propuso a la Corte Suprema que como medida destinada a dar protección a las víctimas, trasladase al magistrado denunciado. «Se supone que el traslado constituye una medida destinada a proteger a las denunciantes».
Ya en esta primera instancia, la Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial (Anejud), rechazó categóricamente esta resolución, «toda vez que, no otorga una sanción ejemplar al “acosador”, pues lo mantiene en el Poder Judicial, y tampoco otorga medidas de protección a las víctimas del acoso sexual reiterado que cometió el magistrado Barría».
«Afirmamos que el Poder Judicial no debe ser condescendiente en sus sanciones, al contrario, debe buscar la prevención, el acompañamiento y la reparación de las víctimas, más aún tratándose de un poder del Estado que por su naturaleza debiera actuar en justicia y defensa de los y las mas vulnerables. Nos parece lamentable además, que esta resolución se conozca en un contexto de crisis donde ha sido la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), la que ha develado cifras alarmantes “más de 800 millones de mujeres han sufrido alguna forma de violencia o acoso, desde agresiones físicas o verbales, a hostigamiento e intimidación”, destacando que el mundo del trabajo, tanto el sector público como privado, no está exento a este fragelo».
